El Procurador del Común exige a León corregir irregularidades a la hora de implantar las Zonas de Bajas Emisiones
![Calle Gil y Carrasco, una de las peatonalizadas por el Ayuntamiento en el centro de León.](https://static.eldiario.es/clip/b407ee58-a036-4e95-8c86-e40df3c5acd9_16-9-discover-aspect-ratio_default_1107684.jpg)
El Procurador del Común, el defensor del pueblo de Castilla y León, ha emitido una dura resolución contra el Ayuntamiento de León por lo que considera algunas irregularidades en la obligatoria implantación de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la capital leonesa. La decisión de esta institución es que pone en entredicho la legalidad de las restricciones al tráfico implantadas en varias calles de la ciudad, como Gil y Carrasco, San Agustín, Alfonso V y Ramiro Valbuena, que han sido peatonalizadas, u otras como el tramo final de Padre Isla, semipeatonalizada.
A juicio del Procurador, estas medidas, adoptadas por el alcalde de la ciudad, José Antonio Diez, son más una implementación encubierta y carente de respaldo normativo de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE), lo que ha derivado, entiende la entidad, en una vulneración de las exigencias legales que exige el Ministerio, que León no cumple pero que en otros puntos como Ponferrada sí se les reclama.
En su pronunciamiento, el Procurador insta al Ayuntamiento a levantar las restricciones de tráfico en todas esas calles hasta que se apruebe una ordenanza reguladora que proporcione la cobertura legal necesaria. Asimismo, exige que la futura normativa cumpla con los valores límite de contaminantes establecidos en el Real Decreto 102/2011 y que las restricciones sean justificadas en términos de “idoneidad, necesidad y proporcionalidad”. Además, subraya la importancia de garantizar procesos de audiencia pública, participación ciudadana y análisis del impacto económico, priorizando la protección de las personas vulnerables y las pequeñas empresas que puedan verse afectadas.
“Por la puerta de atrás”
David Fernández, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular (PP), que impulsó la queja ante el Procurador del Común, ha dado a conocer hoy esta dura resolución y denunciado lo que consideran una gestión ilegal y opaca por parte del alcalde. Según Fernández, este implementó una ZBE “por la puerta de atrás” y “saltándose la Ley”, que ve como un claro engaño a los ciudadanos.
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Recordó que antes de las elecciones el regidor afirmó que las medidas en estas calles se limitarían a un calmado de tráfico con circulación reducida a 10 kilómetros por hora y estacionamientos permitidos. Sin embargo, tras los comicios, adoptó restricciones mucho más severas, en concreto peatonalizaciones completas en casi todas estas calles, demostrando, según el PP, sus verdaderas intenciones.
El Grupo Popular también criticó la improvisación en la ejecución de las obras, que sumadas has costado ya más de 4 millones de euros, y cuya planificación no incluyó elementos como zonas verdes o sombras si el objetivo era peatonalizar las calles. Además, destacaron la falta de transparencia y diálogo en la toma de decisiones, ya que no se consultó a los vecinos ni se sometió el proyecto a debate en órganos colegiados municipales, añade.
El impacto negativo de estas medidas, según el PP, ha sido notable, generando embotellamientos en las calles del entorno de las peatonalizadas, aumento de los tiempos de circulación y dificultades extremas para encontrar estacionamiento en el centro de la ciudad. Fernández añadió que, desde el principio, tuvieron dudas sobre la legalidad de gastar millones de euros en proyectos y señalización para una ZBE sin contar con una ordenanza que lo respaldara.
Fernández, acompañado por varios concejales populares, denuncia además que el equipo de gobierno intentó engañar al Procurador del Común al afirmar que las calles en cuestión no formaban parte de una ZBE, pese a que los contratos municipales describían explícitamente ese objetivo. A esto se suma la adquisición de equipamiento y señalización, valorada en 1,9 millones de euros, que ya se ha comenzado a instalar sin que exista un marco normativo que lo regule, censuran.
Amenaza de posibles medidas
El Procurador del Común, además de señalar la ilegalidad de las actuaciones del alcalde, recordó que cualquier ordenanza de ZBE debe cumplir con principios fundamentales como la participación ciudadana, la transparencia en la toma de decisiones y una sólida justificación ambiental de las restricciones. También insistió en la necesidad de evaluar el impacto económico de las medidas, prestando especial atención a las personas más vulnerables y a las pequeñas empresas.
David Fernández concluyó que el PP no está en contra de las peatonalizaciones, pero sí de las “chapuzas legales” y los “engaños” que han caracterizado la gestión del alcalde. Según Fernández, decisiones de esta magnitud no pueden tomarse sin planificación ni consulta, y mucho menos imponerse a través de decretos de Alcaldía. Por todo ello, avisó de que si el alcalde no rectifica y corrige estas irregularidades, el PP tomará todas las medidas necesarias para proteger los derechos de los ciudadanos y garantizar que la futura ordenanza cumpla con la legalidad y los intereses generales de León.