El proyecto de reabrir una mina de carbón en Laciana topa con Victorino Alonso y las ayudas al cierre de la minería
El proyecto de una empresa asturiana de reabrir minería de carbón en la comarca de Laciana, solicitado a comienzos de este 2025 a la Junta de Castilla y León, ha chocado de lleno con los planes que llevaron al cierre del sector en el año 2018 al no continuar ninguna empresa en funcionamiento para no devolver las ayudas recibidas hasta entonces.
Una empresa vinculada al magnate minero Victorino Alonso, Proyectos Mineros e Ingeniería SA (Promining), ha presentado un escrito ante la Dirección General de Minas de la Junta de Castilla y León y el Instituto de Transición Justa del Ministerio para la Transición Ecológica cuestionando que se pueda conceder autorización de explotación a la empresa Cristal Mining de la concesión Petronila Nº 8.274, en Sosas de Laciana.
En la denuncia, a la que ha tenido acceso ILEÓN, se argumenta y documenta que la concesión que se pretende reabrir se incluyó por parte de Coto Minero Cantábrico (CMC), titular de la concesión en aquel momento, en el 2013, en su “plan de cierre de unidades de producción no competitivas”, remitido por la empresa al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, hoy Instituto para la Transición Justa. E incluso asegura que en el año 2001 ya se aprobó su cierre pero que nunca se ejecutó.
La denuncia se esta estudiando y evaluando en las dos administraciones con competencias a las que ha sido remitida, antes de tomar decisiones sobre la misma. Es considerada una denuncia administrativa, a la que se “dará respuesta” una vez finalizada la comprobación de los asuntos “que se incluyen en la misma”, así lo confirman desde la Dirección General de Minas de la Junta de Castilla y León.
La denuncia adjunta los documentos de Coto Minero Cantábrico remitidos en su momento, con el fin de “ser incluidas como beneficiarias” de las ayudas al cierre de unidades de producción subterránea, “en el marco de la Decisión del Consejo Europeo 2010/778/UE”, fechado el escrito el 3 de junio de 2013.
En esos documentos se detallan las unidades de producción previstas al cierre y los costes estimados de los gastos de cierre y restauración. Desglosándose en dos grupos, uno para el periodo 2013-2014, en el que se incluye el sector Sosas de referencia. Y el segundo para el periodo 2015-2018, en el que se incluían el resto de las explotaciones subterráneas ubicadas en la provincia de León.
Los costes estimado para ambos periodos ascendía a 14.393.800 euros, de los que 6.421.800 euros corresponden al periodo 2013-2014 en el que está incluido Sosas, con unos costes propios de 643.960 euros. No se especifica en la denuncia si la empresa Coto Minero Cantábrico percibió esas subvenciones destinadas a cubrir los costes de los cierres en Lumajo, Sosas, María-Bolsada y Transversal. Coto Minero Cantábrico, una de las mayores empresas mineras del país en manos de Victorino Alonso, quebró en el año 2013 interrumpiendo su actividad minera. De su apresurado cierre no se tradujo en obras de restauración en ninguna de las explotaciones afectadas.
Pero la empresa Promining pide ahora, sin embargo, que sea la empresa asturiana que en la actualidad es propietaria de la concesión, Cristal Mining, la que asuma los trabajos y los costes de restauración y cierre de la concesión de Sosas.
Disputa entre empresas
Promining es una sociedad vinculada al llamado Grupo Alonso, el conglomerado de empresas vinculadas a Victorino Alonso, que reconoce en su escrito que el plan de cierre y restauración de la mina ahora en disputa para su reapertura no se ejecutó, pese a haber sido incluso aprobado en el año 2001.
La sociedad de Alonso se lanza a una disputa con la sociedad asturiana que tiene la concesión, con la finalidad de entorpecer o dinamitar el proyecto que quiere reabrir la mina para nueve años extrayendo carbón para usos industriales. Promining incluso alude a una subvención de la que la Unión Europea podría exigir el “reintegro multimillonario de ayudas (9.204.629,00 euros)”, pero sin especificar a que corresponden, o si fueron las que recibió Coto Minero Cantábrico para los cierres no ejecutados.
La explotación minera que la empresa Cristal Mining Coal proyecta en la denominada concesión 'Tercera Petronila' se ubica en montes de Sosas de Laciana sobre una altitud entre cotas 1490-1630, reabriendo tres galerías que la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) explotó entre los años 1997 y diciembre de 2001.
Esta concesión, desde su otorgamiento inicial en 1929 a Luis Elorduy e Inza, ha pasado por diversos propietarios que se la han ido vendiendo o cediendo. En 1933 se hizo con ella la MSP mediante compra al concesionario inicial y en 2009 pasó a engrosar la unidad de explotación de Coto Minero Cantábrico (CMC). En el proceso de liquidación de CMC, en febrero de 2017, junto con otras concesiones es adquirida por la empresa Aprovechamientos Mineros Españoles (del grupo Lamelas Viloria). Y en mayo del mismo año se vende la concesión a Antonio Oliveira, quien un mes mas tarde se convierte en administrador único de Cristal Mining Coal (CMCo), en el momento de constitución de la empresa el 7 de junio y con domicilio en la ciudad de León, a la que transfiere la concesión.
Promining alude además a un asunto que no aclara como que señala que en junio de 2023, “la empresa solicitó su cierre al objeto de cumplir con la Decisión 2010/7877UE de 10 de diciembre del Consejo y precisamente en contestación a un requerimiento de 27 de mayo de 2023 del IRMC, con registro de salida 20130527-00017”, refriéndose a la explotación de Sosas. La propietaria de la concesión en esa fecha ya era Cristal Mining y no va a pedir el cierre de una explotación cuyos restos pretende utilizar. Y si “la empresa” se refiere a Coto Minero Cantábrico no está claro que pudiera hacerlo cuando ya no forma parte de su patrimonio desde el año 2017.
Promining es una controvertida sociedad vinculada a Alonso domiciliada en Navarra y administrada por uno de sus hombres de confianza al frente de otras empresas de su entorno. Es la que ha protagonizado una de las grandes últimas polémicas en El Bierzo, como fue promover un parque solar en terrenos de la Gran Corta de Fabero, que compró a la quebrada Unión Minera del Norte (Uminsa) en 2016.
Uminsa fue, a su vez, la otra gran empresa de Victorino Alonso que quebró con la caída del sector minero. Promining se quedó parte de los activos, entre ellos esos terrenos que dos juntas vecinales y cientos de particulares reclamaron como propios al finalizar la actividad minera. Finalmente, la sociedad Promining tuvo que reconocer que se quedó hasta 200 hectáreas de terreno que podría tener que devolver si sus propietarios lo reclaman, al margen de mantener junto a otra sociedad vinculada a Alonso la construcción del parque solar en los terrenos de la mayor explotación minera a cielo abierto de León, en la que el Gobierno ha gastado 38 millones de euros ya que las empresas de Victorino Alonso lo dejaron sin restaurar.
