La desconocida odisea de mineros asturianos en defensa de la República en León: faltan las armas convenidas
En la entrega anterior dejábamos a los mineros asturianos recién llegados a León y ocupando la ciudad, mientras que los que se les habían adelantado en su partida desfilaban por Madrid.
Pasados los años, recordará Antonio Gamoneda que siendo niño habitaba con su familia en León en el número 4 de la carretera de Zamora: “Nunca había visto tantos camiones juntos. Permanecieron mucho tiempo detenidos bajo mis balcones, cubriendo la calzada desde más allá de las barreras del paso a nivel de las vías hasta el cruce con la carretera de Trobajo. En la mayor parte solo iban milicianos optimistas que cantaban desconcertadamente y bromeaban a gritos de un camión a otro. Serían dos mil o tres mil mineros, algunos con las terribles tramas azules que el grisú había labrado en sus mejillas”.
“Uno de ellos, dando una señal de alegría, disparó al aire, verticalmente, con una pistola que volvió a colocar bajo el cinturón. Un camión tenía una carga cubierta con lonas y, sentado sobre ella, con las piernas colgando fuera de la caja, un muchacho, muy joven, liaba y encendía un cigarrillo. Otro miliciano, hombre ya mayor, se precipitó sobre el chiquillo y lo arrojó al suelo tirándole de las piernas, pateándolo luego con furia al tiempo que lo insultaba con ásperas voces. El muchacho logró levantarse y se alejó con la cabeza gacha. Después alguien dijo que aquel camión estaba cargado de dinamita”.
No tardaría el pequeño Antonio en ver pasar bajo aquellos mismos balcones riadas de prisioneros maniatados y conducidos por calles tristes y amedrentadas para ser engullidos por el moridero del campo de concentración de San Marcos.
Enfervorecidos y ordenados
Los mineros actuaron en León disciplinadamente. Instalaron su cuartel general en el Hotel Oliden -actual Alfonso V-, vivaquearon a lo largo del Paseo de la Condesa hasta las proximidades de San Marcos, se diseminaron y circularon armados por las calles -“se veía un fusil Máuser por cada cinco desarmados”- henchidos de fervor obrero y llamando a defender de los facciosos al Frente Popular, y no crearon en ningún momento problemas de orden público.
Si acaso, apunta algún autor que “a las once de la mañana ya se ven algunos con vino tomado en demasía, y por la tarde otros daban muestras de beber copiosamente”, después de haber comido en aquel convento que era centro de la remonta militar. Tal vez consumirían allí los alimentos que el vecino leonés Luciano Santos Díaz (de 31 años, vendedor ambulante, casado y padre de dos hijos) requisó en el almacén de Coloniales de 'Los Salmantinos', que asaltó, según declara a finales de septiembre cuando lo multan con 150 pesetas por ello y lo apresan en el mismo San Marcos.
Afirma en 1938 desde México el escritor Alfonso Camín en su obra 'España a hierro y fuego' que “los mineros se despliegan por la capital leonesa sin cometer el más mínimo atentado. Pagan hasta los cigarrillos. Hay un estanco cuyo dueño o dueña ya está abiertamente con los ‘negros’ (los facciosos). No quiere venderles tabaco. Los ‘negros’ -si el estanquillo fuera ‘rojo’- hubieran degollado a la dueña e incautado todas las existencias. Los mineros, no. Los mineros asturianos, bien recontado el tabaco, lo pagan todo a su precio y le dejan sobre el mostrador su cascada de duros de plata gruesa. Eso sí: le obligaron a venderles toda la mercancía. ¡Ingenua venganza que seguramente hizo reír a la dueña oronda o al propietario canoso, regularmente guardias civiles retirados que pronto cogerán un arma para fusilar mineros!”.
'Paseos' y sospechas infundadas
Después, el 8 de agosto noticiaría 'El Diario de León' el hallazgo dos días antes por soldados del Regimiento de Infantería Burgos 31 de cuatro cadáveres en las inmediaciones del Monte de San Isidro sin documentos de identificación. “Uno de ellos -mutilado, con la cabeza y los brazos separados del tronco- debía de llevar abandonado 15 días y portaba una medalla religiosa con la inscripción ‘E. R. 14-VI-1923’ en su reverso”. Y se añade en 'La Mañana' (el otro rotativo leonés de los dos en activo, después de que los golpistas clausuraran 'La Democracia') que “se sospecha que sea algún muchacho llevado allí por los asturianos el domingo que estuvieron por aquí”. Sospecharlo carecería de todo fundamento, pues parece que no causaron los mineros el 19 de julio muerte alguna.
Aquellos cuatro infelices, y los restos de otros tres recogidos en el Alto del Portillo -otro lugar de ejecuciones-, todos fallecidos por arma de fuego, se enterraban el viernes 7 de agosto en el cementerio de León, y se trataba sin duda de quienes Francisco Roa de la Vega registraba el día anterior en su diario: “Se encuentran varios cadáveres de enemigos del movimiento. Es muerto el médico de Palanquinos…”. Y asentaba el mismo día: “Continúan encontrándose cadáveres…”.
Era uno de ellos el de Nazario González Varela, maestro de Villamañán, al parecer paseado el 5 de agosto junto a Eloy Rodríguez Merino (seguramente el E.R. de la medalla) y otro de sus vecinos y un médico –el de Palanquinos, José María Calleja García– en el Alto del Portillo, aunque erróneamente se consigne como procedente de San Isidro en el registro de inhumados en el camposanto leonés. Pero cabe también que la anotación sea acertada, pues el mismo día 5 y en el mismo Alto del Portillo asesinan a Maximino Gómez González-Arintero, maestro de Valencia de Don Juan, y es posible que los familiares del primero confundan a un docente con el otro.
Pan, chorizo, huevos y sardinas para los mineros
Los asturianos hicieron gestiones en la carretera de Trobajo, acompañados por Nicostrato Vela Esteban (de 48 años, casado, veterinario, socialista y miembro de la delegación leonesa de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética, padre del pintor José Vela Zanetti), para que se les facilitase comida, y el gobernador civil firmó vales para proporcionarles pan. Lo hizo después de acordarlo con el alcalde y con el gobernador militar general Carlos Bosch, y de que este le encargue que hable con los patronos panaderos a fin de que, excusados sus empleados de la huelga general convocada, se provea de sustento a la hambrienta columna.
Encomendó también el general al responsable provincial solicitar la colaboración del Ayuntamiento para alimentar a los mineros acampados, cooperación que no se dio, declarará el alcalde Miguel Castaño Quiñones, a quien Bosch se lo pidió por teléfono. Tampoco la Cruz Roja les dio apoyo. Se sopesó abastecerlos además de bebidas alcohólicas “para evitar conflictos y convencerlos mejor de que se fueran”, pues se pretende que estén tranquilos y dejen cuanto antes la ciudad. Sin embargo, por el contrario, parece que el gobernador civil dispuso que se cerrasen las tabernas.
Acusarán después a Nicostrato Vela de ser otro de quienes asaltaron entonces la fábrica de embutidos y almacén de coloniales y ultramarinos de 'Los Salmantinos' Manuel Pablos y Hermanos (oriundos de Béjar), a la que habría llevado en su propio automóvil Ford a un grupo de asturianos “que se incautan de 350 latas de chorizos y 27 cajas de conservas con 100 latas cada una”. “Para pedir embutidos y conservas de sardina y otras para los expedicionarios en aquella fábrica -Santa Teresa. La Unión Salmantina- mediante un vale firmado por el gobernador civil, acompañaba al alférez de Asalto de la plantilla leonesa Manuel Lledó Capdepón el nombrado delegado gubernativo Onofre Gerardo García” (declara este en el Sumario 62/36).
Culpan también, en la Causa 120/36, a Manuel Foronda Garrote, responsable de la Federación Local de Sociedades Obreras, de haber firmado otro recibo “por 360 docenas de huevos” para los mineros, lo que contribuyó sin duda a que fuera “paseado” con cinco varones más a mediados de noviembre en las cercanías de Mansilla de las Mulas.
Imputan además a Víctor García Herrero (casado, de 31 años), tesorero del ugetista Sindicato de Banca, contador de la Federación Local de Sociedades Obreras, y empleado del Banco Herrero, de haberse unido a la columna motorizada de mineros, “a la que proveyó de vales de gasolina con los cuales repostaron los facciosos [así los conceptúan, con no poca desfachatez, los militares sublevados] sus vehículos en los surtidores de la capital”.
Aquellas requisas, encomendadas por el mandatario provincial a una comisión del Frente Popular, lejos de constituir el asalto y la extorsión con que después serán calificadas, se realizaron, como otras en otros lugares, con recibos detallados y garantías de su abono posterior. De igual modo, por cierto, a la confiscación que harán los golpistas el 31 de julio en el mismo almacén y de otros productos para la Comisión de Avituallamientos que abastece a sus tropas y milicias, una de tantas luego y sin tanto formalismo en ocasiones. Incautaciones similares de vehículos y otros bienes se ordenaron también, y con la misma legitimidad, en octubre de 1934 por el Gobierno derechista de entonces para hacer frente a la insurrección de izquierdas.
Pasaron los asturianos por la Casa del Pueblo, y allí, en medio del extraordinario movimiento producido, los atendieron y les buscaron víveres los miembros de las Juventudes Socialista y Comunista, volviendo a repartirles viandas por la tarde, según declaraba después, ya preso, Policarpo Muñoz Díaz, de 30 años, casado, capataz agrícola y conserje de la sede socialista.
Los aprovisionaron además los diputados provinciales Juan Custodio León y Juan Pedrosa con varios sacos de pan tomados del Hospicio. Otros comestibles y 50,5 kilogramos más de pan obtenían los expedicionarios que los incautaban de algunos establecimientos de Las Ventas de Nava, en los que se presentaron con una camioneta portando un vale y acompañados por algunos guardias de Asalto, el mismo Luciano Santos y otros izquierdistas.
El recuerdo de la dinamita del “Octubre rojo”
La presencia de los mineros tranquilizó a las fuerzas populares leonesas e impidió la prevista proclamación del estado de guerra. Eran demasiados para la reducida guarnición militar de la ciudad, y la memoria de su bravura en octubre de 1934 estaba aún muy presente. Desborda las calles de León el impresionante espectáculo de los asturianos, audaces y desafiantes con sus mosquetones, su dinamita y sus camisas rojas. Se apoderan del Bar Central, emblemático reducto de la izquierda local en el bajo del Casino -hoy sucursal bancaria en la Plaza de Santo Domingo- y lo convierten en su centro de operaciones.
A las tres de la tarde suyas son las plazas de la Libertad y de San Marcelo, esta atravesada de sus autobuses cual trincheras y ambas ocupadas por su despliegue, que se extiende por las calles circundantes hasta la Plaza de Abastos, en la que asientan vigías. Estacionan camiones al lado de la Diputación, y guardias de Asalto patrullan por las calles de Cervantes y Conde Luna, acordonando otras acompañados por mineros, que suben calle Ancha arriba hacia la Catedral. Se dirá que algunas camionetas cargadas de dinamita se vieron también en la Casa del Pueblo.
Los guardias civiles, el grueso de los de Asalto, y los militares siguen acantonados en sus cercanos cuarteles. Unos, los veteranos beneméritos, “tranquilos, como siempre”, en el de la travesía de Don Cayo. En el del Cid otros. E inquietos, pero disciplinados, continúan en el cuartel de San Isidoro los jóvenes guardias civiles, tensos todos ellos y con los centinelas redoblados por si fueran asaltados. El día luce espléndido, aunque el vecindario se halla alarmado y retraído, sobre todo los comerciantes y burgueses, frente a los que contrastan los eufóricos obreros.
Se niega el armamento prometido en Oviedo por “el compañero coronel”
No es menor la tensión en el Gobierno Civil, al que acudieron los líderes de la expedición repetidas veces exigiendo las armas convenidas cuanto antes, a la vez que lo hacían sindicalistas y asalariados leoneses que también reclaman ser armados. Acusarán en abril de 1937, y lo apresan por ello, al concejal Joaquín Puente Ruiz –comerciante de tejidos– de haber pedido al gobernador en la tarde de aquel domingo 19 de julio que entregara armas a los asturianos, además de “por haber actuado con camaradería con ellos e invitar a algunos en varios cafés”.
Habían formado los trabajadores de León dos comités, uno de Enlace y otro Sindical, y se entrevistan por la mañana del domingo con el gobernador civil, Emilio Francés, al que demandan que se les arme con las reservas de la Guardia Civil y las del Cuerpo de Seguridad y Asalto. Emilio Fernández Fernández, teniente de este último Cuerpo, hablaría con aquellos comités, mientras el gobernador se niega a armarlos y los amenaza con echar contra ellos a la fuerza pública si persisten en tales pretensiones.
En la sede gubernamental -sita en una calleja entre la avenida Padre Isla y la Gran Vía de San Marcos, en la primera planta, encima del almacén de hierros de Zarauza- las centrales sindicales y los partidos del Frente Popular se constituyeron en Junta Permanente de Salvación Pública, a semejanza de los Comités de Defensa de la República creados entonces en tantos lugares.
Allí debatieron a lo largo de la jornada, entre agrias y a veces casi violentas discusiones, sobre si era o no necesario o conveniente que el gobernador civil autorizara que se arme al pueblo. También telefoneaban allí de nuevo aquel día diversos alcaldes solicitando instrucciones, y alguno se personaría para ello. Así lo hizo por ejemplo el de Santa María del Páramo entre las cuatro y las seis de la tarde.
Entre tensiones y recelos, más trámites que armas
El gobernador civil remitía las órdenes del coronel Antonio Aranda de armar a los expedicionarios asturianos, confirmadas por Madrid, al gobernador y comandante militar general Carlos Bosch. Este, que se había declarado ya el día anterior a disposición del responsable provincial y a su servicio, en respuesta da a su vez a sus subordinados las instrucciones para que se reúna a tal fin el armamento.
Se ejecuta lo ordenado por el general Bosch en medio de no poco recelo de guardias civiles y militares, a algunos de cuyos disgustados oficiales ha de insistirles aquel en que se cumpla lo dispuesto “y se mantenga el orden, pues no es momento de violencias, y más con la ciudad repleta de mineros”. Les exige además el general que se refuerce la seguridad en el Cuartel del Cid y se tomen posiciones defensivas, mientras los soldados van escogiendo fusiles viejos y cartuchos de segunda calidad para acatar las órdenes.
En el Gobierno Civil los mineros con sus prisas por seguir viaje hacía Madrid arrecian en su pretensión de ser armados. Pregunta su titular al general Bosch por sus gestiones para ello, y le responde este que les tiene preparados fusiles, miles de cartuchos, y hasta ametralladoras, pero que no se los entregará sin órdenes firmadas. Ante ello, decide Emilio Francés esperar a que llegue a la capital el general inspector Gómez-Caminero, que viene desde Astorga proveniente de Orense y Lugo, para que él personalmente le ordene la entrega de las armas.
Benemérito y leal
Aquel mismo día 19 de julio se presentó en León, en el expreso de La Coruña de las 7 de la mañana y procedente de Madrid, el Jefe de la Comandancia leonesa de la Guardia Civil, teniente coronel Santiago Alonso Muñoz, reintegrado a su puesto tras haber interrumpido el permiso de 20 días que disfrutaba desde hacía una semana en la localidad de Yepes (Toledo). Tendría este ocasión de asistir luego a la reunión que mantuvieron en el Gobierno Civil con los responsables de los expedicionarios asturianos los generales Gómez-Caminero, Carlos Bosch, y las demás autoridades militares y civiles de la ciudad, incluido el presidente de la Diputación, Ramiro Armesto, llegado de El Bierzo poco antes -según se dice en la sentencia del consejo de guerra que el 17 de marzo de 1937 condena al teniente coronel a ser fusilado tres días más tarde en el campo de tiro de Puente Castro.
En el Gobierno Civil, sobre la una del mediodía, escuchando como ambos generales, Gómez-Caminero y Carlos Bosch, se ofrecían al Gobierno, brindó a su vez su lealtad el pintor Modesto Sánchez 'Cadenas', como oficial de Complemento que era, al general Bosch, quien le dijo que por el momento no lo necesitaba. Así lo declara el artista desde la prisión provincial el 8 de agosto.
Desde el 6 de junio mandaba Santiago Alonso Muñoz la Benemérita en la provincia. Se le había impuesto en la Comandancia de Sevilla, que ocupaba desde febrero, la sanción de arresto de 14 días en su pabellón cuartelero y traslado forzoso a León por conducta indecorosa. Así se consideró que, siendo casado y con cinco hijos que residían en Madrid con su esposa, mantuviera una relación amorosa estable con su novia, Pepita Blanco, con la que pasaba algunas noches fuera del cuartel sevillano de San Felipe. A ella legará sus pertenencias cuando sea ajusticiado, según la hoja de servicios del leal benemérito, anexada al Sumario 20/36 en el que lo encausan por rebelión militar.
Próxima entrega: domingo 30 de marzo.
José Cabañas González es autor del libro Cuando se rompió el mundo. El asalto a la República en la provincia de León. Con una Primera Parte: El Golpe de julio de 2022, y la Segunda Parte: La Guerra, de junio de 2023, ambas publicadas en Ediciones del Lobo Sapiens. Esta es su página web
