León y Ponferrada buscan cuadrar el círculo de crear sus Zonas de Bajas Emisiones sin nuevas restricciones de tráfico

Los Ayuntamientos de León y Ponferrada se encuentran en proceso de diseño final de sus Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), una obligación de la Ley de Cambio Climático aprobada en el año 2021 por el Gobierno de España y que deberían haber entrado en vigor a finales de 2023. El objetivo es cumplir con los límites de contaminación establecidos por la Unión Europea, para municipios de más de 50.000 habitantes y que, por definición, incluye las restricciones de tráfico que los Consistorios de ambos municipios leoneses esquivan.

Tanto León como Ponferrada han reiterado en varias ocasiones que sus proyectos de ZBE no incluyen restricciones al tráfico porque consideran que los niveles de contaminación son inferiores a los límites establecidos por la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud (OMS). A pesar de ello, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha respondido a este periódico que la aplicación de las ZBE “deben aplicar restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero”.

“El Ayuntamiento de León continúa desarrollando la implantación de zonas de bajas emisiones en la ciudad, pero no contempla realizar ningún tipo de restricción en la circulación, como se ha anunciado en varias ocasiones, y las medidas que se están ya desarrollando están encaminadas a reducir la contaminación en toda la ciudad, no en una determinada zona”, han transmitido fuentes del equipo de Gobierno leonés a este periódico.

La implantación de estas ZBE se hace mediante las subvenciones en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (MITMA), financiado por la Unión Europea. De hecho, el pasado 3 de enero se publicó una Orden Ministerial en el BOE que implantaba una modificación respecto al cumplimiento de la convocatoria de subvenciones del programa de ayudas a municipios para la implantación de ZBE del año 2022 y que cuenta con una provisión de 1.500 millones de euros.

Esta Orden Ministerial obliga los municipios beneficiarios de esta subvención a presentar un informe al MITMA durante el año 2024 en el que justifiquen haberse beneficiado de estos fondos, adjuntando la delimitación, restricciones previstas (junto a su calendario de aplicación) y superficie de las ZBE. No hacerlo conlleva una serie de sanciones. Además, añaden que el incumplimiento no justificado del plazo de ejecución de los proyectos puede dar lugar a la retirada de la subvención.

De hecho, el Gobierno de España aprobará en febrero el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible por la que se penalizará a las ciudades que no cumplan con este tipo de medidas.

Ni el Ayuntamiento de León ni el de Ponferrada han aprobado todavía una normativa que regule las ZBE en cada uno de los dos municipios, aunque ambos aseguran estar desarrollándola. En León se hizo público un contorno de calles, no aprobado oficialmente, del centro de la ciudad que incluirá la futura ZBE, varias de ellas ahora en dase de peatonalización. Según el Real Decreto 1052/2022 del 27 de diciembre de 2023, se prevé la aplicación de estas zonas desde el año 2023, con un plazo máximo de 18 meses desde su aprobación. De nuevo, en este Real Decreto se insiste en que las medidas “incluirán prohibiciones o restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos”.

La justificación de prescindir de restricciones de tráfico

Tanto León como Ponferrada defienden que sus ZBE no incluyen restricciones de tráfico porque los niveles de contaminación no llegan a los máximos establecidos por la UE ni la OMS. A pesar de todo, ambos ayuntamientos han contestado a ILEÓN que los estudios de contaminación de aire en los que deberían haber basado esta decisión no están disponibles.

Aunque se desconocen los datos del Consistorio, se sabe que durante 20 días de 2021 Ecologistas en Acción midió, de forma independiente, la contaminación desde cuatro puntos de la ciudad de León que incluyen Pinilla y Padre Isla. Los resultados aportaron más de 40 micogramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno (NO2), de hecho en Pinilla se llegó a los 44 microgramos. La Unión Europea ha establecido un límite anual de emisiones de NO2 de 40 microgramos por metro cúbico, mientras que en una hora el máximo es de 200 microgramos.

Por otro lado, la Junta de Castilla y León tiene su red de Control de Calidad del Aire, con dos estaciones colocadas en la ciudad en Pinilla y el Coto Escolar (una ubicación criticada por Ecologistas en Acción), en la que el NO2 anual en 2022 fue de 20 microgramos cúbicos y 16 en el año 2023. La estaciones de Ponferrada de la red de la Junta no tienen datos históricos.

A pesar de todo, el Ministerio une la obligatoriedad de creación de una ZBE para municipios de más de 50.000 habitantes con la restricción del tráfico en el área que la conforme, y tan solo en casos puntuales (y en municipios de menos de 50.000 habitantes) se pueden establecer ZBE temporales dependiendo del nivel de contaminación.

¿Qué se sabe de las ZBE de León y Ponferrada?

En el caso de León se desconoce el perímetro oficial de la ZBE, que se está desarrollando por una inversión total de más de 7 millones de euros en diferentes proyectos que incluye en Ayuntamiento como el de las obras de clamado de tráfico (por un presupuesto total de más de 4 millones de euros en cuatro lotes) que afecta a las calles Alfonso V, Gil y Carrasco, San Agustín, Padre Isla, Ramiro Valbuena, Felipe Sánchez y José María Fernández. Solo las tres primeras serán peatonales, las demás calles que se supone que forman parte de la ZBE no tienen restricciones de tráfico.

El Ayuntamiento de León incluye como medidas dentro del plan de ZBE el nuevo servicio privatizado de alquiler de bicicletas, el carril bici que conecta León con el Parque tecnológico (que, si finalmente se realiza a finales de 2024, habrá tardado cuatro años en ser una realidad), “intervenciones en pasos de peatones”, y los 'intercambiadores modales' de Eras de Renueva y la avenida Asturias.

A esto se añade la instalación de cámaras de control de accesos y señalización por una inversión de casi dos millones de euros con recargo a fondos europeos que comenzó en mayo de 2023 y que tiene el objetivo de “conocer las características de la ciudad en estas zonas de la ciudad para continuar implementando mejoras”, según explica el Ayuntamiento, a pesar de que en el contrato se especifica que “el objetivo principal de las cámaras es la captación de matrículas, de forma que sea posible identificar y sancionar a aquellos vehículos que no cumplen con los requisitos de acceso a la ZBE”.

Sumando los más de 200.000 euros (de los que 148.800 los aportan los fondos europeos de la subvención de 2022 durante los años 2022, 2023 y 2024) de un contrato de implementación de ZBE en el municipio de León que se implementará una vez la zona haya 'sido definida por el propio Ayuntamiento'.

El Ayuntamiento de León añade que la intención es crear dos zonas de bajas emisiones, una del centro de la ciudad y otra que afecta al 28% de la superficie de la misma en la que vive el 75% de su población, aunque no especifica cuáles serán esas zonas: “La idea es evitar quitar las emisiones contaminantes de una zona trasladándolas a otra, siendo la intención de todas estas medidas hacer una reducción de la contaminación generalizada conjugando medidas de calmado y reducción del tráfico”, explican.

En el caso de Ponferrada sí se conoce el área al que van a afectar, aunque todavía no existe una normativa. A pesar de ello, hace unos días el alcalde Marco Morala afirmaba que se hará pública en febrero, sin entrar en detalles públicamente sobre la nueva regulación. El coste de la implantación de medidas para crear la ZBE en la ciudad berciana asciende a 3,5 millones de euros, estando 2,5 financiados por la Unión Europea.

A pesar de que recientemente el Ayuntamiento de Ponferrada ha confirmado a este medio que la ZBE no tendrá restricciones al tráfico, en su propia página web, elaborada por el anterior gobierno del PSOE, incluyen un contenido explicativo en el que sí que se especifica qué tipo de vehículos podrán acceder a la ZBE. O al menos esa era la intención anterior.