Sentencia definitiva pero tardía contra la aprobación del PP de matar 339 lobos en tres años en Castilla y León
La Junta de Castilla y León aprobó en el año 2019 un Plan del Lobo en esta Comunidad que autorizaba a matar un total de 339 lobos ibéricos en cinco provincias al norte del río Duero. Se trata de un plan que ha resultado ser ilegal, tal y como se ha decidido en las más altas instancias judiciales. A pesar de ello, en virtud de aquel plan, entonces fueron abatidos a tiros 124 ejemplares sin que ahora aquello tenga la más mínima consecuencia para la administración que preside el Partido Popular (PP).
La ilegalidad del llamado Plan de Aprovechamientos Comarcales del Lobo en los Terrenos Cinegéticos situados al Norte del Río Duero en Castilla y León para el trienio de 2019 a 2022 ya fue determinada por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León en la Sala de lo Contencioso el pasado octubre de 2024. Pero como ya había justificado en el Parlamento autonómico el consejero de Medio Ambiente, el exjuez leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones ante la polémica, “no hay pronunciamiento de la Justicia hasta que no hay un pronunciamiento firme”.
Pues bien, esa firmeza definitiva acaba de ser confirmada al decidir la Junta no recurrir el fallo ante el Supremo, tal y como se ha publicado este 31 de marzo en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), una decisión firmada por el propio Quiñones el 24 de marzo.
De este modo, la Justicia corrobra otra victoria de la Asociación para la Conservación y el Estudio del Lobo Ibérico (Ascel), que fue la que litigó contra la Junta en su planes de exterminio de cientos de ejemplares de la especie, la cual fue declarada “especie cinegética y cazable” al norte del río Duero desde 1996 hasta septiembre de 2021, año en la que se incluyó, atendiendo a criterios europeos, en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lesrpe). El PP acaba de sacar pecho de haber conseguido primero en el Senado y luego en el Congreso, con apoyo de otros partidos como Junts, Vox o PNV, volver a desproteger al lobo sacándolo de ese listado y permitir de nuevo que se pueda cazar.
Este mismo 'plan de caza' del lobo en las provincias de Valladolid, Palencia, Burgos, Zamora y León fue objeto también el pasado año de otra sentencia contra la Junta de Castilla y León y el estado español, igualmente promovida por Ascel, por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en julio de 2024 (disponible aquí).
El “pozo negro” de León como ejemplo
Se sumaba a una larga lista de sentencias contrarias que a causa de la gestión del lobo, a través de su caza, ha acumulado el Gobierno de Castilla y León en la última década. En este tiempo, sólo en los últimos ocho años, en provincias como León la Junta llegó a autorizar que se pudieran abatir 359 lobos, de los cuales finalmente murieron por disparos autorizados un total de 189. Y eso teniendo en cuenta que el censo en vigor entonces cifraba en 433 los ejemplares totales de la especie en la provincia leonesa.
Recientemente, Suárez-Quiñones, uno de los adalides para que se pueda volver a cazar esta especie previa desprotección nacional, defendía que aquellas cifras de mortandad cinegética obedecía a “un plan de aprovechamiento y de conservación” de esta especie. Por contra, Ascel sigue defendiendo desde hace años que “los lobos que se matan en León ponen en jaque su población en España y convierten la provincia en el pozo negro de la gestión del lobo”.
Y es que esa gestión basada en la caza por cientos de los lobos de las cinco provincias de Castilla y León no es la primera vez que ha recibido el varapalo de la Justicia. Idéntico final tuvo el plan de aprovechamiento anterior, de 2016, que acabó siendo rechazado por el TSJ autonómico y en aquel caso incluso por el Tribunal Supremo, ya que la Junta estiró el proceso hasta la última instancia a pesar de perderlo de manera sistemática. Eso sí, la estrategia es la misma: estirar el procedimiento para que cuando se producen las sentencias ya sea a toro pasado, los ejemplares hayan sido abatidos y la victoria en los tribunales de Ascel no sirva en realidad para casi nada.
Ascel: “Nadie dimite, ni se sonrojan”
Un portavoz de la asociación conservacionista lamenta que al triunfar esta maniobra dilatoria, “la Justicia no devolverá la vida a 124 lobos matados en 2019-2020 y 2020-2021”, hasta la protección total de la especie en España. Y lamentan amargamente que “en la Consejería de Suarez-Quiñones y de Arranz (José Ángel Arranz, director general de Medio Natural), nadie dimite, ni se sonrojan siquiera por su bochorno de gestión pasada con lobos, a pesar de varapalos europeos judiciales y regionales”.
A pesar de ello, Ascel se indigna al comprobar que desde la administración y buena parte de los partidos políticos como PP o Vox “siguen erre que erre queriendo matar lobos como negacionistas científicos al más puro estilo trumpista, a pesar de que su medicina a base de matar sistemáticamente lobos durante décadas no ha mejorado la percepción social, ni ha reducido la caza ilegal, ni ha supuesto una mejora de las poblaciones de lobo (un ridículo 0,8% anual de crecimiento en 10 años) ni ha reducido el volumen de la incidencia del lobo sobre el sector primario”. En resumen, lamentan que “que con estos gestores vamos al abismo por su incompetencia supina, su negacionismo científico y por un sectarismo que apesta, porque degradan nuestro patrimonio natural”.
Suárez-Quiñones en Castilla y León, como el resto de autonomías 'loberas', Galicia, Asturias, Cantabria o Euskadi, ya han anunciado que en cuanto se desproteja a la especie con su salida del Lesrpe, recuperarán con celeridad el mismo tipo de gestión de supuesto control de la especie que se mantenía hasta 2021: autorizando que se maten a disparos y por cientos.
