Victorino Alonso pidió 15 días antes de la tragedia de la mina de Cerredo anular el permiso de investigación por ser un “engaño”

La sociedad Promining (Proyectos Mineros e Ingeniería SA) vinculada al condenado empresario minero Victorino Alonso, que cumple condena de prisión por sus desmanes ambientales en la provincia de León, denunció el pasado 12 de marzo ante el Ministerio de Transición Ecológica y el Gobierno de Asturias los planes del grupo empresarial responsable de la mina de Cerredo de su pretensión de reabrir la mina donde se ha producido el accidente mortal que ha costado cinco vidas, y otra más en el concejo de Ibias.

Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, Promining consideraba que “la orden de cierre que pesa sobre esas concesiones mineras, es igualmente irrevocable”. Victorino Alonso fue el promotor de la mina de Cerredo en el año 2007 con sus sociedades Coto Minero Cantábrico y Unión Minera del Norte, que perdieron la concesión en su proceso de quiebra en el año 2014.

Promining realizó un escrito similar de oposición a la reapertura de otra mina solicitada por el mismo grupo empresarial, de origen leonés, en la localidad de Sosas de Laciana, en la provincia de León. Se trata de una vieja mina también que explotaba Coto Minero Cantábrico y que Victorino Alonso consideraba que no se podía reabrir sin devolver las ayudas europeas. La Junta de Castilla y León ya ha anunciado que será “escrupulosa” con la autorización de esta reapertura minera.

El magnate minero criticó en su escrito que “No existe en el yacimiento de Cerredo ningún carbón de altas prestaciones. El yacimiento está más que reconocido por los muchos años de explotación y la calidad de sus carbones también. En el año 2008 se realizó por parte del IRMC un análisis exhaustivo de todos los yacimientos que estaban en explotación, entre ellos el de Cerredo. Las capas de carbón no son coquizables (en los términos que la UE define estos carbones como mineral estratégico) y mucho menos se pueden 'grafitar' ”.

Para ellos lo que la empresa Blue Solving vendió como proyecto de innovación “Se trata de un burdo engaño tendente a justificar la reapertura de la mina”. Además acusaba a Blue Solving de que “tampoco se está realizando un proceso distinto de tratamiento de carbón al que se vino haciendo toda la vida, solamente es una coartada para reabrir un lavadero que está vinculado a una orden irrevocable de cierre”.

Promining denunciaba que el “permiso de investigación” con que contaba Blue Solving no avalaba ninguna extracción minera, ya que necesitaría la concesión minera y que, aún así, “estaría sujeta bien a una obligación de cierre irrevocable o alternativamente a la devolución de las Ayudas Percibidas tanto para el cierre y restauración de la mina, como para la explotación que en los últimos años llevó a cabo en este yacimiento la Compañía Minera Asturleonesa, S.A. (CMAL)”. Por el cierre de esta unidad productiva las ayudas habrían ascendido a 6.988.931,00 euros solamente para ese año, por lo que tuvo que presentar el aludido Plan de Cierre sobre las concesiones que ahora pretende “investigar” Blue Solving, S.L.

Además de la denuncia hace dos semanas Promining ha remitido esta semana tras el accidente, informa EFE, un escrito similar a la Fiscalía de Asturias señalando que lejos de hacerse labores de investigación se sacaba carbón para calefacciones y usos industriales.

La mina de Cerredo fue transmitida en el año 2014 a la sociedad Compañía Minera Asturleonesa, del empresario ya fallecido Rodolfo Cachero, que la puso en los planes de cierre aunque éstos no se llevaron a cabo ante la quiebra de la compañía en el 2018 y el fin de la actividad masiva del carbón en España.

La denuncia de Promining sobre la actividad autorizada en Cerredo se suma a las realizadas por un vecino también ante el Gobierno de Asturias y que adelantó La Nueva España, que señaló que se estaba produciendo actividad minera sin licencia. Según el mismo periódico, esta denuncia fue trasladada, vía mail, a la entonces Dirección de Energía, Minería y Reactivación, al frente de la cual estaba entonces la actual consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico del Principado, Belarmina Díaz.

Entramado empresarial

La empresa responsable de la mina de Cerredo en el momento del accidente mortal es Blue Solving, SL, administrada por Adrián Rodríguez Rodríguez. Ésta recibió la concesión el año pasado al ser vendida por la empresa Combustibles Asturiana y Leonesa SL, administrada por su progenitora. En esta sociedad ha figurado como apoderado el padre de Adrián Rodríguez, el empresario Jesús Manuel Rodríguez Morán, que también administra Carbones de la Vega, que explota la mina Miura en el concejo de Ibias.

Estos empresarios pertenecen a una saga empresarial leonesa vinculada a la distribución de carbones y gasóleos y Jesús Manuel Rodríguez tiene pendiente desde hace 16 años un juicio por un presunto caso de narcotráfico en el que se localizaron casi 400 kilos de cocaína en el puerto de El Musel de Gijón en una importación de carbón vegetal a través de una de sus sociedades.

Blue Solving disponía de dos licencias en Cerredo, una de investigación para comprobar, en una determinada zona de la mina, la presencia de algún tipo de mineral o de material de cara a su extracción en un futuro, y otra para retirar chatarra y material del nivel tres de la mina, el lugar en el que se produjo la explosión, pero no cuenta con autorización para la extracción de carbón. Ambas caducaban este 11 de abril.

El Gobierno de Asturias niega “irregularidades”

La consejera de Industria, Berlamina Díaz, ha negado este jueves que Blue Solving, la empresa que explotaba la mina de Cerredo en la que el pasado lunes se produjo una explosión que se cobró la vida de cinco personas, tuviera ninguna actividad “anormal” detectada. La consejera asturiana remarcó que esa mina fue inspeccionada hasta en ocho ocasiones en los dos últimos años, la última, el pasado mes de septiembre, y ni nunca se detectó nada raro ninguna actividad anormal ni tampoco extracción de mineral.

El Gobierno de Asturias ha acordado la constitución de una comisión de investigación especial sobre el accidente de Cerredo, que empezará sus trabajos a finales de abril, y ha señalado que “pondrá todos los medios para aclarar las circunstancias del accidente, a través de una investigación profunda y seria”.

La consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio ha anunciado que comparecerá a petición propia en la Junta General del Principado de Asturias para explicar todo lo sucedido alrededor del accidente mortal de Cerredo, que también le había exigido la oposición. El juzgado de instrucción de Cangas de Narcea se ha hecho cargo de la investigación judicial.

Este viernes la consejera ha explicado que la Dirección General de Energía, Minería y Reactivacion dio el “curso administrativo normal” a la denuncia de Promining sobre actividades irregulares en la mina de Cerredo, que ha incidido en que el Principado está centrado en la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente que elunes costó la vida a cinco trabajadores.

Tras el encuentro mantenido con los sindicatos este viernes, la consejera ha indicado que durante el mes de marzo se recibieron en la Dirección General dos “escritos de empresas privadas contra empresas privadas” en los que se indicaban “cuestiones muy variadas” y entre los que figuraba la denuncia por supuestas actividades irregulares en la mina de Cerredo.

“Son unos escritos presentados por empresas privadas contra otras empresas privadas. Les repito, mi prioridad ahora mismo, nuestra prioridad ahora mismo, es aclarar las circunstancias del accidente, la investigación, eso es lo prioritario”, ha subrayado Díaz.