“León es un pozo negro: los lobos que se matan aquí son un disparate, ponen en jaque a toda su población en España”

Posturas encontradas. Prácticamente irreconciliables. La visión que del lobo ibérico, de su protección o de mantenerlo a raya, tienen conservacionistas y una aparente mayoría de ganaderos, difiere casi por completo en León, una provincia en la que sólo en los últimos ocho años se han matado por disparos de cazadores autorizados por la Junta de Castilla y León la friolera de 186 ejemplares, de los 356 autorizados oficialmente y sobre un censo oficial de 433 ejemplares, tal y como ayer desveló ILEÓN, entre otros muchos datos reveladores de la situación en la provincia.

Para Ignacio Martínez, presidente de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel), la que ha conseguido entre otras cosas la reciente protección de la especie ante la caza que ha decretado el Gobierno para toda España, así como numerosas sentencias contra la Junta por su gestión del lobo, el número de ejemplares muertos es “un disparate”: “Sobre unas 300 manadas que hay en toda España, los lobos que se matan en León ponen en jaque su población en España y convierten la provincia en el pozo negro de la gestión del lobo”.

Por su parte, José Antonio Turrado, el leonés que es secretario general del sindicato agrario Asaja en Castilla y León y líder provincial, admite que “quizá la caza no solucione el problema” pero sí defiende que “hay que controlar que los censos no crezcan y para ello la caza, por funcionarios y por cazadores, es lo más efectivo” porque defiende, en nombre al menos de sus ganaderos, “que está bien que el lobo no desaparezca pero tampoco que crezca indefinidamente”.

“Mercenarios” haciendo los censos

Un crecimiento poblacional que supone otra confrontación de ambas partes. Para Ascel, hay datos que demuestran que “en 26 años apenas cambió la población” de estos cánidos, por lo que los censos oficiales -el último, de 2012- “son parciales y están condenados”. ¿Razones?: Porque “son grupos que se mueven mucho, a caballo ya no entre provincias sino entre comunidades”.

Y también porque cree que los estudios los dirigen “mercenarios” que “trabajan como Buruaga y otros por encargo de la Junta y tienden a agradar a los 'encargadores” de Castilla y León. Por eso, denuncia que “hay mentiras sobre el lobo que la Junta paga”. Todo ello hace que, a juicio de Martínez, “solo cabe hacer un censo único de toda la población, con metodología seria y gente sin intereses”.

Daños que no se reclaman y no constan, dice Asaja

Turrado admite que esos censos deben ser realizados por “gente que no sea ni juez ni parte”, preferentemente funcionarios, y por lo tanto denigra que se encarguen las organizaciones ecologistas. Pero para Asaja “hay más lobos que había y eso lo ve todo el mundo”, a pesar de que, como demuestran los datos oficiales de la Junta, se reducen los ataques y las cabezas de ganado afectadas en León.

Algo que el líder sindical atribuye a que “a mayoría de los daños no se declaran” porque los ganaderos de extensivo “saben que no son daños indemnizables” fuera de una reserva regional de caza o cuando no hay seguro, los cuales “no llegan en general al 30% y en vacuno al 60%”. Y también admite que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente suele tumbar muchas peticiones porque “es verdad que demostrar” que un ejemplar de vaca, caballo u oveja “tiene su complicación” y también depende “de lo que diga el guarda”.

Ascel: “Desde que se pagan ayudas no se muere una vaca de manera natural”

Aquí, en la política de indemnizaciones, Ascel también ataca duro. “Es curioso que desde que se pagan ayudas apenas se muere una vaca (de extensivo) de manera natural... En muchos casos no son lobos sino perros asilvestrados y otros depredadores, pero se les achacan” todas las muertes, denuncia Martínez.

Cree incluso que la muerte de un animal “puede generar hasta tres pagos: uno de las ayudas de la PAC, que incluyen el respeto a la biodiversidad al que obliga la Unión Europea, y el lobo es biodiversidad; otro la indemnización del daño -que realizan las autonomías- y un tercero de los seguros, que en algunos casos incluso tienen financiación pública”. Por eso, sin pelos en la lengua, Martínez, cree que con este sistema “financiamos el fraude”, como se ha detectado en casos que se han investigado y juzgado en Asturias.

Algo que cuenta con la presión ejercida por “los sindicatos agrarios, que presionan a muchos ganaderos, les alientan a sacar partido de una situación imposible de cero daños y que también supone una presión a los guardas forestales” generando, según lo ve su asociación, un “ambiente viciado”. Ambiente que provoca fricciones graves si en la ecuación entra la presión de los cazadores y que impiden incluso simples reuniones informativas en algunos pueblos, como ha pasado recientemente en este caso de Zamora.

“Desaparecería la ganadería extensiva toda la Montaña”, dice Turrado

Del otro lado, Asaja se defiende y ve una realidad muy distinta en la que sin controles de población de lobos “sería imposible la ganadería extensiva, que desaparecería de toda la Montaña leonesa”, sobre todo en “el vacuno y el equipo sin protección”, que es la mayoría. Y admite que algunas veces los propios ganaderos incluso se perjudican unos a otros, porque “los de ovino, por ejemplo, dicen que todo está bien, que basta con la protección de mastines, pero eso en otros casos no es así”.

Martínez, en nombre de Ascel, defiende un cambio de mentalidad que deje atrás el binomio 'lobo contra ganado'. Argumenta para ello que “el lobo es un bien común, y es obligatorio protegerlo, como el agua, como el aire; y la ganadería es una propiedad privada”. Punto.

Cree fácil demostrar “el papel ecológico del lobo, porque no son conejos u hormigas, no puede haber superpoblación, hay cientos de kilómetros en los que no hay otros ejemplares”, al contrario que Turrado, que mantiene que “se ven lobos donde nunca había ya”, como al sur de la provincia leonesa.

El símil del maltratador: “Quiero mucho al lobo... por eso lo mato”

Pero el presidente de Ascel va más allá y ve “irracional llevar el debate al número de ejemplares” y a reducirlos a través de disparos, ni de cazadores ni siquiera de agentes forestales. Porque “el lobo es de todos” y “en Europa ven un estado de conservación desfavorable, la protección es española y sólo la gestión, sólo eso, es autonómica”. Por eso defiende que no puede actuar ni la Junta ni el Principado de Asturias ni Galicia o Cantabria como actúan los maltratadores de mujeres: “Quiero mucho al lobo... por eso lo mato”.

Le rebate Asaja León que si bien es cierto que el lobo puede ser bueno para cierto equilibrio poblacional porque “también es depredador sobre otras especies” que también causan daños al campo, pongamos por caso los jabalíes, hay que “preguntarse si vale más dinero una vaca o que el jabalí te pise un maizal”.

Respecto a esa hipotética lucha de especies, y al igual que el sindicato agrario ve que unos ganaderos a veces “perjudican” a otros con sus posturas en este debate, Ascel también afea el papel que a veces juegan otras organizaciones conservacionistas. Y por ejemplo, la señala a “la Fundación Oso Pardo y Guillermo Palomero -su presidente- que tendrán que rendir cuentas por viciar este debate con falsedades” y que “pretendiendo defender al oso justifican la muerte del lobo”. Recordando Martínez que “nosotros no vivimos de las subvenciones y hay otros que sí”.

Dos partes 'enfrentadas' en la Audiencia Nacional

Al final, Ascel y Asaja se 'enfrentarán' como símbolos de dos facciones del debate que tiene a la especie del lobo ibérico en medio de mil argumentos. Los primeros, defendiendo la inclusión de la especie en el listado protegido del Gobierno, que la asociación impulsó y defiende ahora ante la Audiencia Nacional, exigiendo incluso más protección aún de la actual que va más allá de prohibir su caza en toda España.

Y los segundos, sumándose al recurso ante la Audiencia que también han presentado todas las autonomías 'loberas'. Aunque José Antonio Turrado realmente admite no confiar tanto en recuperar la caza para controlar la población lobera en los tribunales sino “con un futuro cambio político” que lleve a gobernar a la derecha, firme defensora de esa caza. “Tengo más esperanzas”, concluye.