La Junta defiende la legalidad de permitir la caza y el ganado en zonas quemadas pero sigue ocultando los informes

La Junta permitirá cazar jabalí, ciervo, corzo, rebeco, gamo, muflón y cabra montés en zonas incendiadas.

Redacción ILEÓN

La Junta de Castilla y León, a través de su portavoz, Carlos Fernández Carriedo, sigue defendiendo la legalidad de la decisión de permitir cazar en zonas afectadas por los incendios forestales del pasado verano, así como los aprovechamientos ganaderos, justificándolo en unos informes técnicos que dicen que avalan esta medida pero que sigue negando a la opinión pública por cuarta semana.

Y es que se cumple un mes sin permitir el acceso a esos informes en los que se ha basado, según remarca Carriedo, la excepción prevista en la Ley de Montes autonómica, la cual estipula cinco años sin aprovechamientos cinegéticos o ganaderos en montes quemados, a pesar de lo cual se permitirá hacerlos en sólo siete meses, como desveló hace un mes ILEÓN, generándose una gran polémica y duras críticas al Ejecutivo del Partido Popular (PP).

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, preguntado por los recursos interpuestos por diversos colectivos ecologistas y partidos políticos por esta decisión de permitir la caza, Carriedo ha asegurado que la Junta “actúa siempre conforme a la ley en todos sus procedimientos”, aunque ha expresado su respeto hacia quien considere que puede recurrir esta medida.

En este sentido, ha argumentado que la normativa autonómica, a la vez que establece esa prohibición de cazar en un plazo de cinco años en zonas afectadas por incendios forestales, añade que se podrá exceptuar en aquellos casos en los que sea compatible la caza con la regeneración de la flora de la zona, para lo que precisa la norma que son necesarios informes técnicos que así lo confirmen.

Tras semanas de preguntas y requerimientos de esta documentación, lo que ha sido reiterado hoy por la prensa, el portavoz se ha limitado a decir que esos informes son “los que han dado lugar a esta decisión”, pero ha eludido entregarlos o referirse expresamente a su contenido, remarca Efe.

Y respecto a la circunstancias de que, a la vez que se permite la caza para limitar el número de animales salvajes, minimizando así efectos de las especies cinegéticas sobre el crecimiento de la flora, también se permita el pasto por parte del ganado, Carriedo ha considerado que se trata de circunstancias diferentes y que la ganadería tiene otros condicionantes y nos causan el mismo daño.

En la resolución publicada por la Junta estableció que el verano pasado se registraron incendios que suman una superficie forestal afectada de unas 135.000 hectáreas en la provincia de León, por lo que quedó suspendida la caza en esas zonas, pero ya se levantó esa limitación para determinadas especies en 82 cotos que habían sido afectados por las llamas en más de un 10% de su superficie.

Además, detalla la Consejería ha ido adaptando estas limitaciones a la caza por considerar que podrían resultar “incompatible” con la protección de la cubierta forestal, o por la declaración de emergencia cinegética que la Junta decretó para prevenir la peste porcina africana, con lo que permitió la caza de jabalí y sus hibridaciones, entre otras medidas.

En concreto, la resolución establece que a partir del 1 de abril podrán cazarse en todas las zonas afectadas por los incendios las especies de jabalí, ciervo, corzo, rebeco, gamo, muflón y cabra montés; mientras que en el caso de la caza menor, la media veda comenzará el 15 de agosto, por lo que únicamente habrá pasado un año desde los incendios y no los cinco años previstos en la normativa.

Contra esta pretensión, las organizaciones ecologistas leonesas Bierzo Aire Limpio, Ecologistas en Acción de León y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica han presentado recurso ante la Consejería de Juan Carlos Suárez-Quiñones, pero también anuncian que estudian acudir a los tribunales contra la Junta por permitir la caza en montes quemados, lo que califican como “electoralista” y que prioriza intereses de algunos sectores “frente a la recuperación ambiental”. Y aseguran que se puede estar cometiendo una posible prevaricación ambiental.

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