La Junta prevé retomar la caza del lobo en León, Zamora, Palencia, Burgos y Valladolid con batidas “excepcionales”
Al contrario que otras autonomías, como Cantabria, que ha tardado apenas unas horas en aprobar la caza de 41 ejemplares, el Gobierno de Castilla y León ve posible realizar ya controles del lobo en las cinco provincias al norte del río Duero pero que en todo caso serían “excepcionales”.
Esta sería en las provincias de León, Zamora, Palencia, Burgos y Valladolid la única decisión a corto plazo que podría adoptar la Consejería de Medio Ambiente tras la publicación oficial de la Ley 1/2025 de Desperdicio Alimentario, en la que el PP 'coló' el precepto por el que este animal se excluye del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lesrpe), lo cual resultó aprobado entre otros con los votos de Junts o PNV en el Congreso.
En cualquier caso, según han indicado fuentes de la Consejería a Ical, mientras no se revise por parte del Gobierno de España el informe sexenal de seguimiento de la Directiva hábitat, que se realizará en julio de este año 2025, “los controles tendrán que ser excepcionales y limitados”. Para esas batidas para disparar a los lobos la Junta compromete que se contará tanto con el personal de la propia Junta -agentes medioambientales, celadores de medio ambiente y técnicos- como con los cazadores locales para “facilitar la ejecución de las decisiones de reducción de daños”. Pero recuerdan que previamente “la toma de decisiones generales ordinarias sobre el control exigirá la emisión del informe del estado de conservación de la especie que el Gobierno de España ha de remitir en los próximos meses a Bruselas”, indicaron.
Entramado de leyes
Lo que sí consigue la publicación de la normativa en el BOE es, según las mismas fuentes, aplicar, sin las limitaciones actuales, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que establece en su artículo 61 que las prohibiciones establecidas en la misma podrán quedar sin efecto, previa autorización administrativa si no hubiere otra solución satisfactoria, y sin que ello suponga perjudicar el mantenimiento en un estado de conservación favorable de las poblaciones de que se trate, en su área de distribución natural, para prevenir perjuicios importantes a los cultivos, el ganado, los bosques, la pesca y la calidad de las aguas.
Estas limitaciones, que a partir de la entrada en vigor de mencionada Ley 1/2025 desaparecerán al norte del río Duero, se encuentran en la Orden TED/980/2021, de 20 de septiembre, por la que se modificó el Anexo del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, que contiene en su disposición adicional primera unos requisitos, que de facto han impedido desde la publicación de dicha Orden la realización de controles poblacionales de la especie.
El Gobierno de España remitió en el último informe sexenal en el año 2019, “sin considerar” -dice la Junta- la información de las comunidades autónomas, una información a la Comisión en la que le trasladaba que el estado de conservación de la especie era desfavorable en toda la población española.
Advertidos por la Junta de Castilla y León y otros gobiernos autonómicos el Ministerio y la Comisión de los “errores” de ese informe de 2019, y a la vista del censo nacional que tiene que elaborarse en 2025 a partir de los censos de las comunidades autónomas, “no parece posible otra decisión que la rectificación de esta situación en el nuevo informe sexenal, con lo que el lobo se tendría que considerar en un estado de conservación favorable”, comentaron las mismas fuentes del Ejecutivo autonómico.
Desde Castilla y León se remitió en tiempo y forma el 17 de enero de 2025 tanto la información detallada del nuevo censo de manadas realizado como la evaluación del estado de conservación de la especie en la Comunidad, que “evidentemente resulta ser claramente favorable”.
Control por las autonomías
Además, la ley 1/2025 de Desperdicio Alimentario también incluye una disposición para que este informe sexenal tenga que remitirse previa aprobación de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, órgano en el que se integran el gobierno de España y las Comunidades Autónomas, lo que “garantizará que la información remitida por el ministerio a la Comisión sobre el seguimiento sexenal de la Directiva hábitat, se ajuste, esta vez, a la realidad”.
Desde la Junta de Castilla y León, atendiendo al nuevo censo y a la evolución de los ataques al ganado, se planificarán las actuaciones necesarias que justifican para reducir los daños sobre la ganadería. También aseguran que “se trabajará en incentivar las medidas preventivas sobre la especie, en la compensación justa y rápida a los ganaderos y también en el control de los ejemplares que, a pesar de las medidas preventivas tomadas, sigan causando daños, o bien, en aquellas explotaciones donde no sean viables las medidas preventivas conocidas”, destacaron desde el Gobierno autonómico a Ical.
Las mismas fuentes incidieron en que la Junta de Castilla y León “no busca que el lobo sea una especie cinegética convencional, sino que se puedan establecer controles sobre la misma que ayuden a reducir los daños y por tanto a recuperar el equilibrio entre conservación del lobo y de la ganadería”. Cabe recordar que, sólo en el caso de la provincia de León, los últimos ocho años de caza autorizada por la Junta se concedió permiso para cazar a 359 ejemplares, estimándose el número total de lobos en 433. Es decir, un 82% de todos los lobos que se calculaban en la geografía leonesa. Finalmente fueron abatidos 186. Recientemente, el consejero de Medio Ambiente en todo este tiempo, Juan Carlos Suárez-Quiñones, insistía en que esto era “un Plan de Aprovechamiento y de Conservación de esta especie”.
También esta semana se ha conocido que el anterior Plan de Aprovechamiento y Conservación, de los años 2019 a 2022, ha sido declarado ilegal por sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León tras autorizarse acabar con 339 lobos en sólo tres años en las cinco provincias al norte del Duero. No fue el único: el Plan anterior, de 2016-2019, también tuvo idéntico varapalo judicial del TSJ pero en este caso incluso del Tribunal Supremo, al que la Junta recurrió en vano. En ambos casos fueron iniciativas judiciales de la Asociación para la Conservación y el Estudio del Lobo Ibérico (Ascel).
