La Junta convoca a los sindicatos de León antes de que Mañueco tenga que responder por la falta de diálogo en las Cortes
La Junta de Castilla y León ha convocado para el próximo 14 de abril a los sindicatos UGT, CCOO, USO y CGT de León a una reunión en la Delegación Territorial de la capital leonesa tras la masiva manifestación del pasado 16 de febrero en la que miles de personas salieron a la calle exigiendo medidas a la situación socioeconómica de la provincia y con una fuerte reivindicación autonomista.
La reunión, según ha adelantado Diario de León y ha confirmado ILEÓN, se ha convocado el pasado viernes, casi un mes después de la protesta, y antes de que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, tenga que contestar en el pleno de las Cortes autonómicas por qué todavía no se habían reunido con los sindicatos.
UPL registró la semana pasada una pregunta al jefe del Ejecutivo autonómico que deberá responder este martes en el pleno ordinario. “¿Cómo valora la Junta el Diálogo con los sindicatos?”, reza la cuestión con la que Luis Mariano Santos interrogará a Mañueco en el debate que se producirá el 8 de abril.
A la reunión asistirán, según señalan los sindicatos que ha transmitido la Junta, el consejero de Medio Ambiente, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones; el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo; y el Delegado Territorial, Eduardo Diego.
Desde la manifestación del pasado 16 de febrero la respuesta institucional ha sido bastante escasa. Los sindicatos solo se han reunido con el Subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, y con la Diputación de León, encabezada por su presidente Gerardo Álvarez Courel. No se han transmitido acuerdos prácticos más allá de la transmisión de trabajar en sintonía para sacar la provincia adelante.
La falta de respuesta contrasta con la que hubo en el año 2020 tras las multitudinarias protestas, también un 16 de febrero, en León, Ponferrada y Villablino. Entonces se montaron reuniones al amparo del Diálogo Social, algo reinterpretado para limitar asistentes, cuyo resultado fue la llamada Mesa por León, un total fiasco que buscaba ser un revulsivo inversor y que se quedó en un encargo de un plan estratégico para la provincia que costó 160.000 euros y que costó que saliera de un cajón, aunque tampoco parece que nadie más haya mirado para el documento desde entonces.
