Las administraciones no cumplen en Transparencia con los formatos para discapacitados en Castilla y León

Si ya el grado de cumplimiento de la legislación de Transparencia es un tema complejo y difícil de cumplir por lo que el Comisionado de Transparencia de Castilla y León recibió casi quinientas quejas durante 2021, la cuestión de que las administraciones públicas cumplan con la Publicidad Activa para que puedan acceder a ella los discapacitados es un gran probema de los portales de Transparencia según el último informe de situación presentado por Tomás Quintana.

El también Procurador del Común –en Castilla y León la misma figura que un defensor del pueblo– asume las funciones de árbitro y controlador de la Transparencia y en la Memoria Anual 2021 destaca que las reclamaciones recibidas en esta materia de Acceso a la Información Pública aumentaron hasta las 495, 166 más (un aumento del 50,45%) que en 2020.

“Esta cifra supone el mayor número de reclamaciones recibidas desde la creación de la Comisión y un incremento notable respecto a las recibidas el año 2020”, explica el documento. “Es destacable que más de una cuarta parte de estas reclamaciones fueron presentadas por representantes locales. En cuanto al resto de reclamaciones presentadas por otras personas físicas y jurídicas, casi el 70 % de ellas se formularon ante la ausencia de respuesta a la solicitud presentada”, continúa.

Un aumento de solicitudes de amparo que se ha venido acompañado con que en 2021 fue el ejercicio en que más resoluciones se han adoptado por la Comisión: 260, nueve más que en 2020. “De estas, 148 han sido estimatorias y 51 han tenido como contenido la declaración de la desaparición del objeto de la reclamación, al ser concedida la información cuya denegación había sidoimpugnada. En todos estos casos, el resultado final es (o, al menos, debería serlo) que el ciudadano acaba obteniendo la información pública que ha solicitado y a cuyo acceso tiene derecho. En cuanto al resto de resoluciones, 33 fueron de inadmisión, 8 tuvieron un sentido desestimatorio y 20 declararon el archivo de la reclamación por otras causas”, explican.

Formatos no accesibles

Una de las labores de la Comisión de Transparencia de Castilla y León es controlar no sólo las reclamaciones de los ciudadanos ante la falta de respuesta o negativa de las administraciones y entes públicos a darles acceso a cualquier documento público que hayan efectuado de resultas de su gestión, sino también el controlar el grado del cumplimiento de lo que se llama Publicidad Activa; es decir, los documentos que tienen que tener subidos obligatoriamente a un Portal de Transparencia específico. En 2021 recibió 12 escritos de denuncia “en principio, de incumplimientos de obligaciones de publicidad activa” según la memoria, que serían “8 menos que el año anterior”.

Y en este caso –en cómo presentan la documentación obligatoria en estos portales dedicados a la Transparencia–, es donde encuentra uno de los mayores problemas que, ya pasados varios años desde que se aplica esta legislación (las memorias anuales se llevan publicando desde 2016), continúa sin solución: la falta de formatos que garanticen la acccesibilidad plena de esta información para los discapacitados. A lo que se suma el excesivo uso de ficheros PDF formateados de tal forma que sus datos no se puedan reutilizar por los ciudadanos, una de las utilidades básicas de la Transparencia porque esa documentación es pública.

“En el caso de las diputaciones provinciales y de los ayuntamientos de mayor tamaño, las deficiencias más generalizadas continúan siendo las relativas a la ausencia general de empleo de formatos reutilizables para publicar la información (especialmente, el formato PDF) y al acceso a la información pública para las personas con discapacidad”, apunta la Memoria del la Comisión de Transparencia de Castilla y León“, critica.

El Comisionado de Transparencia se nutre de una encuesta que envía a la Junta, las diputaciones, ayuntamientos y otras entidades públicas para conseguir ¡nformación de cómo se aplica la legislación de Buen Gobierno.

Respecto a los ayuntamientos de municipios pequeños indica. “De los cuestionarios recibidos, el enviado por el Ayuntamiento de Valverde de la Virgen se encuentra deficientemente cumplimento, salvo el ayuntamiento de Sariegos, el resto o reconocen que la información no es accesible para personas con discapacidad o no cumplimentan este apartado”. Por contra “La Bañeza manifiesta, como el año anterior, que la información se encuentra accesible para las personas con discapacidad”.

Otro problema que destaca es que en los ayuntamientos de menos de 7.500 habitantes “se continúa observando una frecuente omisión total o parcial de la publicación de las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales, circunstancia llamativa si consideramos que nos encontramos ante una obligación específicamente dirigida a las entidades locales y singularmente relevante a los efectos de la rendición de cuentas de aquellos”.

Cumplimiento de la Transparencia en León

El informe de la memoria indica varias cuestiones respecto a las administraciones de la provincia que han contestado diligentemente a los formularios enviados por la institución garante de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno de 2013 y de la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León de 2015.

Respecto al manejo de la Transparencia en la administración provincial de León, el Comisionado apunta que “si bien los documentos expuestos se encuentran en formato PDF cuyo texto se puede seleccionar y copiar manualmente, no están estructurados para su reutilización de forma automática en los términos exigidos por el RD 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica”.

“En el mismo sentido se señala que se ha valorado la columna 'personas con discapacidad' de cada apartado, ya que la documentación expuesta, al no estar estructurada de forma que pueda ser legible automáticamente, no cumple en su totalidad los estándares de accesibilidad”, apunta el informe.

“No se publica información acerca de las retribuciones de altos cargos y otros máximos responsables, ni la relativa a la relación de bienes inmuebles de su titularidad. Se valora la claridad y el fácil acceso a la información que sí se encuentra publicada y se señala su adecuada actualización; sin embargo, se reconoce también que la información no se encuentra en formatos reutilizables (los formatos a los que se hace referencia son PDF y HTML) y se señala que es accesible para personas con discapacidad”.

“Por su parte, el Ayuntamiento de León nos indica que tiene publicada toda la información exigida por la LTAIBG de forma directa en su página web, salvo la relativa a la contratación, los convenios y las subvenciones, cuyo acceso tiene lugar a través de otro portal; la claridad se puntúa con 3 o 4 puntos para todos los contenidos, lo cual deja un margen de mejora, y en cuanto a la accesibilidad se señala para toda la información que solo son necesarios dos clics para acceder a ella; la mayor parte de la información se indica que está actualizada a 31/12/2021, y a pesar de que se señala que está disponible en formatos reutilizables, lo cierto es que la práctica totalidad de ella se encuentra en formato PDF; finalmente, no se ha cumplimentado el apartado relativo al acceso a la información por las personas con discapacidad”.

“Un acercamiento a la página institucional del Ayuntamiento revela que, si bien dispone de un acceso directo desde la página de inicio, no se encuentra en un sitio destacado y la facilidad de su localización podría ser objeto de mejora”, concluye.

“El Ayuntamiento de Ponferrada señala en el cuestionario de autoevaluación que publica todos los contenidos exigidos por la LTAIBG, de forma bastante clara, si bien puntúa únicamente con 2 puntos sobre 5 la claridad de la publicación de las funciones, y con 3 puntos la de los contratos en general y la publicación de las declaraciones de bienes y actividades de los cargos locales;[...] la mayor parte de la información se encuentra actualizada en 2022 y no es reutilizable, con las excepciones de los contratos menores y las subvenciones concedidas; finalmente, se indica que la información no se encuentra accesible para personas con discapacidad”.

Eso sí, “en un informe complementario, este Ayuntamiento nos ha puesto de manifiesto, en relación con la publicidad activa, que se ha avanzado tanto en la publicación de nuevos contenidos como en la mejora de la reutilización posterior de estos”.

“A la sección del portal de transparencia [de la Universidad de León] se accede desde la página de inicio y tiene una sistemática que, al igual que ocurre con la Universidad de Burgos, no se ajusta estrictamente a las leyes de transparencia aplicables y parece responder a la propia estructura y funcionamiento de la Universidad. Podemos señalar que la autoevaluaciónrealizada para esta Memoria responde a la realidad de lo publicado en su portal de transparencia, donde predomina el formato PDF. No hay información accesible para personas con discapacidad”, especifica de esta institución educativa la Memoria 2021.

La situación en Castilla y León

En 2021, de las 495 demandas de amparo al Comisionado de Transparencia destaca este mismo “que más de una cuarta parte de estas reclamaciones fueron presentadas por representantes locales. En cuanto al resto de reclamaciones presentadas por otras personas físicas –de las cuales sólo el 31% fueron mujeres– y jurídicas, casi el 70 % de ellas se formularon ante la ausencia de respuesta a la solicitud presentada inicialmente.

Respecto a las solicitudes de acceso de información recibidas en las Consejerías de la Junta de Castilla y León, el año pasado se incrementó hasta las 659, por las 535 presentadas en 2020. Las cuatro que más recibieron fueron la de Sanidad (179), la de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior (89), la Consejería de la Presidencia (74) y la de Educación (71).

Entre la Administración institucional, fundaciones públicas y consorcios autonómicos solo tuvieron peticiones de información en 2021 el Instituto para la Competitividad Empresarial (5), el Ente Regional de la Energía (1), la Fundación Siglo (2) y la Fundación Santa Bárbara (1). Una de las circunstancias más notorias es que entre estas entidades que no muestra el menor signo de Transparencia en su web, el Comisionado destaca al Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Castilla y León; una ironía cuando se supone que vela por recoger el conocimiento en estas instituciones educativas.

En las cuatro universidades públicas de la Comunidad se recibieron 83 solicitudes de información, más del doble de las presentadas en 2020. Pero concentradas en las universidades de Salamanca y de Valladolid con 39 y 33 peticiones de información respectivamente, ante las de León y Burgos con 6 y 5 solicitudes en cada una.

En las nueve diputaciones provinciales, en 2021 se recibieron 104 solicitudes (12 más que en 2020). Encabezadas por la Diputación de León, donde se recibieron 32, y la Diputación de Salamanca que tramitó 29. Por contra, la de Burgos no tuvo petición alguna.

En relación los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes se observó un crecimiento general en cuanto al número de solicitudes de información presentadas, con cuatro por encima de 30 o más peticiones de información: Burgos (47); Ponferrada (45); León (38) y Valladolid (30). No obstante, cuatro de estos ayuntamientos continúanseñalando que han recibido menos de 10 solicitudes: Segovia (3); Ávila (8); Zamora (7);y Laguna de Duero (7).

“Respecto al resto de ayuntamientos, de menor tamaño, que han remitido suscuestionarios, es significativo destacar que, a diferencia de lo ocurrido en 2020, cuando sólo uno de ellos había recibido más de 10 solicitudes de información pública, cinco ayuntamientos afirman haber superado esa cifra en 2021: Alba de Tormes (34); Villaquilambre (25); Ciudad Rodrigo (19); La Bañeza (16) y Valverde de la Virgen (15)”, relata el informe de la Memoria 2021.

Respecto a la estimación inicial de la solicitud por parte de estas administraciones en 2021, el 70,9 % “ha dado lugar al acceso a la información pedida en cada caso”, según el Comisionado de Transparencia. “Se trata de un porcentaje alto de estimaciones que, sin embargo, es inferior en algo másde dos puntos porcentuales al que se hizo constar en nuestra Memoria anterior para 2020 (73,27 % de estimaciones entonces). En cualquier caso, se han estimado 7 de cada10 solicitudes de información presentadas que fueron computadas como tales”, termina el documento en este apartado.