El alcalde del PP en La Bañeza multado por no bajarse el sueldo que aumentó un 31% con Vox censura el ataque político
El alcalde del Partido Popular (PP) de La Bañeza, el sexto municipio más poblado de la provincia de León, Javier Carrera, ha censura hoy públicamente estar recibiendo críticas de carácter político por parte de la oposición a raíz de la decisión de un juez de imponerle al regidor, a título particular, una multa de 300 euros al mes por no cumplir la sentencia que le obliga a bajar los sueldos que aumentaron de media un 31% tras pactar con Vox, un incremento que el magistrado considera de “estricto interés particular”.
Es más, el alcalde popular “lamenta” en un comunicado que la oposición, y en particular el PSOE, que “trasladen a la opinión pública una imagen distorsionada de los hechos y trasladar al ámbito político un asunto”, defiende, “de naturaleza estrictamente judicial”. Son varias las sentencias, del Contencioso-Administrativo, pero también del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, que le han obligado a dar marcha atrás en el subidón de los salarios de todos los concejales del actual equipo de Gobierno, tras pactar el PP con Vox para garantizar una mayoría y retener el bastón de mando.
Carrera viene a defender no sólo su actuación hasta ahora sino incluso ese polémico aumento de sueldo suyo, de cerca de 7.000 euros brutos más al año, y del resto de los concejales gobernantes, afirmando que su “actuación ha sido transparente, responsable y orientada al interés general de la ciudad”.
En la nota, el regidor niega un “incumplimiento de la legalidad”, ya que “siempre se ha actuado con respeto a las decisiones judiciales”, adoptando “todas las medidas”, es decir, volviendo a ponerse los salarios públicos previos al acuerdo del Pleno tras pactar la inclusión de Vox en el equipo de Gobierno. Algo, sin embargo, de lo que el juez de lo Contencioso-Administrativo número 2 de León no tiene constancia formal.
Es por eso que le impone una multa personal, de su bolsillo, de 300 euros al mes y la amenaza de abrir una vía de responsabilidad penal por un presunto delito de desobediencia contra Carrera, así como contra el secretario y el interventor municipales que no hacen cumplir las decisiones que emanan de su sentencia. Pero Carrera lo niega y asegura que “el 4 de noviembre se dictó un decreto en el que se atiende lo establecido provisionalmente por el Juzgado”, añadiendo que la oposición lo sabe desde el 24 de noviembre. Es decir, que “el procedimiento”, defienden, “se ha seguido en tiempo y forma”.
Remarca el comunicado lo de que la decisión de volver a rebajarse los sueldos es “de carácter provisional”, confiando “firmemente en que la autoridad judicial adoptará las resoluciones” que les permita mantenerse esos cobros por dedicaciones exclusivas, pagados con el dinero público del Ayuntamiento, de 46.464 euros brutos anuales para el alcalde y 38.322 euros también al año para los concejales con salario, como es el caso de las dos concejalas de Vox, Laura Gallego Gaspar y Yolanda García López. En total, la oposición cifra en cerca de un millón de euros el dinero que se podrían embolsar los ediles de PP y Vox durante todo el mandato.
