El negocio de las funerarias se agita en León con la construcción de un nuevo tanatorio por el grupo Santalucía
El grupo funerario Albia, una filial de la aseguradora Santalucía, está construyendo un nuevo tanatorio en las inmediaciones del Hospital de León, en unas antiguas instalaciones médicas ubicadas en terrenos de Navatejera que ya están en obras, según ha podido conocer este periódico. Las obras en marcha, a través de otra empresa promotora, consisten en adaptar el viejo edificio que acogió Resonancia Magnética León-Policlínica Santa Ana cerca de la exclínica Altollano, en un tanatorio con todas las condiciones propias de un espacio así.
De esta manera, Albia entra de pleno en el negocio funerario de León, en el que ya tiene presencia desde hace varios años pero sin unas instalaciones de tanatorios propias, ya que hasta ahora las salas de velatorio las alquilaba a los otros operadores como la mancomunidad pública Serfunle, conformada por los ayuntamientos de León, San Andrés y Villaquilambre. Este será el cuarto tanatorio abierto en estos municipios ya que Serfunle cuenta con dos, en León ciudad y en Navatejera, además del existente en el municipio de San Andrés operado por la empresa privada Los Jardines, que también cuenta con un velatorio en Navatejera.
La entrada de Albia con un tanatorio propio apunta a importantes cambios en el negocio de los muertos debido al elevado peso que tienen los seguros de decesos en el mercado provincial. Según datos de la patronal de los seguros Unespa, en el año 2024 en la provincia de León 259.390 personas contaban con un seguro de deceso, el 57,9% de los habitantes de la provincia, la decimotercera provincia del país con un número más alto.
Y es que además Santalucía, propietaria de Albia, tiene la mayor cuota de mercado de España, por encima del 30%, y lo previsible es que desvíe a las instalaciones de su filial parte de sus asegurados, minorando por tanto el negocio de las otras compañías que operan. Actualmente Albia se ve obligada a alquilar instalaciones en los otros tanatorios para los velatorios, con lo que al tener uno propio suponedrá un mayor margen económico en la operativa de un entierro. ILEÓN se ha puesto en contacto con Albia sin haber recibido respuesta hasta el momento de publicar esta información.
El principal afectado de esta situación será con toda probabilidad Serfunle, el operador público de los tres ayuntamientos ya que la mayor parte de su negocio viene del sector asegurador y, en concreto, de la compañía Santalucía, según señalan fuentes al tanto del funcionamiento del sector. Entre aseguradora y empresa pública funeraria se han producido ya 'roces' según explican desde el sector, enmarcadas en la habitual competencia de cualquier negocio.
Así las cosas Serfunle afronta de forma directa nueva competencia a sus servicios, tras las polémicas que han protagonizado en los últimos años. Entre ellas favorecer a las empresas de seguros cobrandoles menos por sus servicios que a los ciudadanos particulares, lo que le valió una multa de Competencia de más de 60.000 euros, aunque la acabaron ganando en los tribunales.
Serfunle está en una nueva etapa tras las sentencias judiciales que anularon la entrada de un socio privado en el año 2003, que fue el grupo Mémora (hoy en manos de la aseguradora catalana Occident). Aquella privatización, por 50 años, de la mancomunidad de servicios se hizo creando una empresa mixta Serfunle SA (51% de Serfunle y 49% de Mémora) en la que la gestión recaía en la compañía privada.
En el año 2022 el Tribunal Supremo ratificó una sentencia previa de los juzgados de León que consideró que la adjudicación a Mémora fue ilegal, ya que durante se añadió en las condiciones un canon que cobraba la empresa privada no contemplado en los pliegos de la privatización y que le supuso ingresos indebidos de hasta 14 millones de euros. Un canon que se aprobó gracias a los informes del entonces gerente de la sociedad (ya fallecido) y el secretario de la mancomunidad, el asesor económico de León Carlos Hurtado, que sigue ocupando el mismo puesto hoy en día. La Justicia consideró que aquello suponía que “se han violentado los principios que deben regir la contratación administrativa al adjudicarse un contrato en condiciones distintas de las previstas en los pliegos”.
La resolución final ha sido la liquidación de la sociedad Serfunle SA pasando la gestión a manos públicas a través de la figura de la propia mancomunidad. Desde el año pasado se aborda la liquidación total del contrato con Mémora, quien debe abonar las cantidades indebidamente cobradas fuera del contrato y a su vez Serfunle abonar las aportaciones realizadas por Mémora al patrimonio social y su aportación inicial.
