La privatización del alquiler de bicis de León cuesta un millón de euros con Alsa y se han retrasado un año las eléctricas

Las bicicletas eléctricas de préstamo para la ciudad de León anunciadas el año 2023, e incluso contratadas ese mismo año, han comenzado tímidamente a estar disponibles y circular por la ciudad, aunque sólo están disponibles de momento la mitad de las contratadas.

Acumulan un amplio retraso desde que se formalizó uno de los tres contratos que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de León mantiene con la empresa de transportes Alsa para el suministro, mantenimiento y gestión de este sistema que tiene por nombre 'León te presta la bici', un servicio municipal que fue privatizado desde el año 2021, tras 16 años siendo público.

En gran parte debido al éxito e incremento de usuarios de las nuevas bicicletas, a pesar de pasar a cobrarse, en 2023 se anunció que al contrato inicial de 400.000 euros con la unión temporal de empresas (UTE) de Alsa con la alemana NextBike, se vería ampliamente ampliado y todo ello gracias a cuantiosos fondos europeos.

Una de las mejoras, como principal novedad, sería disponer de bicicletas eléctricas. Este segundo concurso, por 470.720 eros más, aunque fue presentado por Autobuses Urbanos de León SA (Aulesa, sociedad de Alsa que mantiene la concesión de los buses de la ciudad) también recayó en una UTE, esta vez de Alsa con la firma Tier Movility, también alemana. Fue la única que licitó y apenas rebajó el precio inicial.

El contrato establecía el suministro de como mínimo 80 bicis eléctricas en hasta 10 estaciones, la mitad en zonas del norte de la ciudad porque lo sufragaban los fondos europeos de Edusi, y la otra mitad ubicados en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de la capital, por la financiación europea de Next Generation. Fue firmado el 5 de enero de 2024, hace más de un año, y establecía con todo detalle que el plazo para su entrega y puesta en marcha era de cinco meses. O lo que es lo mismo, debería funcionar desde junio de 2024. Han tenido que pasar otros ocho meses para que este martes 25 de febrero se hayan comenzado a abrir las primeras estaciones y colocar las primeras bicicletas.

Explicaciones públicas: “Lento y complicado”

Alsa explica sobre el retraso y los plazos que el alta en condiciones de este tipo de instalaciones causa “problemas” porque “en España es un proceso complejo en cuanto a la gestión administrativa, legalización de la instalación y cumplimiento de los requerimientos técnicos”. Por su parte, fuentes oficiales del Ayuntamiento detallan un poco más, y suman a los requerimientos técnicos que “la burocracia” de dar energía a las estaciones supone que “poner en servicio el sistema es lento y complicado”.

Una vez decididas las ubicaciones, explican que “hay que conocer por dónde pasan las líneas de baja tensión (BT) en la ubicación elegida para cada estación, con el fin de poder tomar desde una de ellas la acometida eléctrica en cada punto y este trámite con la empresa distribuidora lleva tiempo”. Luego viene la instalación de la estación, “con el armario, protecciones, solera (si hace falta), etc., y a continuación se pide el boletín y se legaliza”m algo que “en general, lleva entre 15 días y un mes”. Seguidamente, la distribuidora de la energía tiene que instalar el contador en los armarios ya legalizados y hacer obra civil y meter cableado en caso necesario.

A día de hoy, el Consistorio asegura que hay ya cinco estaciones listas, “tres a la espera de contador y dos a la espera de conocer por dónde pasa la línea de baja tensión” todavía. Algunas de ellas, como por ejemplo las más céntricas de Ordoño II o San Marcelo, así como la avenida de Reyes Leoneses en Eras de Renueva estuvieron “pronto” pero no se han puesto en funcionamiento porque “no tiene sentido” con sólo tres puntos de recogida, entrega y carga. Dos semanas es el nuevo plazo oficial que se estima para culminar todo el proceso, aunque hace meses que se informó de tanta prontitud y tampoco se ha producido.

A los dos contratos anteriores, se sumó un tercer contrato más, este de 192.406 euros, también sufragados desde los Next Generation europeos, y que también sólo tuvo una oferta: la de la UTE de la misma compañía alemana Tier Movility y Alsa a través de la sociedad Aulesa. Este contrato, que se formalizó en noviembre de 2023, ampliaba las bicicletas y estaciones tradicionales de impulso mecánico respecto a las que había. Los dos últimos contratos tienen cuatro años de vigencia, es decir, hasta el año 2028.

De este modo, sumando los tres contratos diferentes para el préstamo de bicicletas, el total del importe que el Ayuntamiento destina supera con mucho el millón de euros, en concreto 1.084.000 euros. Y es que incluso el contrato original de privatización fue incrementado en más de un 5% a finales de 2023 con el argumento de que se había “incrementado el coste de la gestión y mantenimiento del servicio por el aumento exponencial de la demanda del servicio de préstamo de bicicletas, haciendo insuficiente el importe inicial destinado”, al 50% pagado nuevamente por Europa.

Esta situación se suma a las tarifas que el Consistorio leonés ha aprobado y que las empresas aplicarán para poder usar las nuevas bicicletas 'a motor', un mínimo de un euro por el uso durante quince minutos y un máximo de 30 euros al día, y eso no sólo para los usuarios esporádicos y foráneos sino incluso para los que ya estén pagando el abono anual de 45 euros, que se quedan en 12 euros si se está empadronado. Unas tarifas que no han gustado nada al colectivo 'León en bici', porque no incentivan el uso de una movilidad sostenible, al erradicar la opción actual con bicis a pedales en los que el uso es gratis en los primeros 30 minutos. En las eléctricas se pagará siempre, aunque se tenga abono.

'No' -de momento- a la ayuda del Gobierno

Y ni para una modalidad ni para otra, los usuarios de las bicis de préstamo en León podrán ver, de momento, rebajado su coste. Porque el Ayuntamiento leonés no se ha planteado, al menos por ahora, acogerse a las ayudas del Gobierno que entraron en vigor el 1 de enero de este año. Una subvención que sería de la mitad del precio, ya que el Gobierno aportaría el 30% del coste del uso de las bicis y las arcas municipales el restante 20%.

Los aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez permite optar a todas las entidades locales que presten servicios públicos de préstamo de bicicletas, remarcando que se permitirán viajes ilimitados durante un tiempo determinado. El descuento se aplicaría para a los abonos emitidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, es decir, todo este año.

El equipo de Gobierno leonés responde que, con casi dos meses transcurridos, acogerse a estos descuentos para los usuarios todavía no se ha valorado porque “los técnicos municipales están estudiando las futuras bonificaciones que se pueden implementar”.

Recuerdan en su descargo que “desde la puesta en marcha de nuestro sistema hasta la fecha, el Ayuntamiento de León asume la bonificación para las personas empadronadas del 70%; esto quiere decir que el abono anual cuesta 40 euros y los empadronados pagan 12 euros, asumiendo el Ayuntamiento un coste/abonado de 28 euros”. Pero con las nuevas ayudas estatales se podrían reducir a la mitad y, mejor aún, también abaratar las tarifas de las inminentes bicis eléctricas, que serán mucho más caras: Un mínimo de un euro, por quince minutos, y un máximo de 30 euros al día, y el pago del euro para todos los usuarios incuso aunque estén abonados.