León contrata a una consultora para estirar hasta final de 2026 el millonario contrato privatizado de los autobuses con Alsa
El actual contrato del servicio privatizado de autobuses urbanos de León capital en manos de la empresa Alsa, firmado en 2006 y que el actual alcalde, el socialista José Antonio Díez, bautizó como el “peor contrato de España” cuando estaba en la oposición, expiró en el año 2021. Pero permanecerá vigente como poco hasta finales de 2026, más de cinco años después, gestionado por la sociedad Alesa, alcanzando así tres décadas de funcionamiento.
Y eso a pesar de que hace años que lleva planteándose por parte de algunos grupos municipales, como Unión del Pueblo Leonés (UPL), que es 'llave' en el Pleno municipal por la minoría con que gobierna el PSOE, que se aproveche ahora o nunca s remunicipalizar el servicio de buses, a dejarlo en manos públicas bajo gestión directa del Ayuntamiento, ante el mal funcionamiento y el alto coste anual que supone a las arcas municipales el actual contrato.
Finales de 2026 es el nuevo plazo que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de León ha otorgado, después de una primera prórroga concedida a Alesa en 2021 amparándose en la pandemia, en la que además asumía todas las pérdidas económicas de Alesa por la distorsión que causó al servicio de transportes local el impacto de la Covid, y ahora con otra maniobra con forma de auditoría que acaba de ser contratada.
Ocurrió en la Junta de Gobierno municipal de la semana pasada, en la que el equipo de Gobierno presidido por el alcalde Diez decidió un contrato por valor de 162.624 euros a la empresa consultora de movilidad gallega Iplan Movilidad SL.
El objeto oficial de este contrato es la prestación de “asistencia técnica para definir el modelo técnico, jurídico y financiero del futuro Servicio de Transporte Público Urbano” de la capital leonesa y su plazo formal es de 22 meses, casi dos años, a contar desde que se firme el acta de inicio del contrato.
Diez se decanta por una nueva concesión privada
La maniobra ha sido acordada por el Consistorio y también por la Junta de Castilla y León. Ambas administraciones habían firmado a principios de este año un convenio que permitía alargar, como ahora se hace, el calendario hasta decidir qué tipo de gestión regirá las actuales trece líneas de autobuses de León, los rojos, y también cómo se gestionarán también las actuales 37 rutas de transporte metropolitano de las poblaciones del alfoz como San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre o La Virgen con la capital -los buses azules-, que la Consejería de Movilidad de la Junta también tiene contratadas con Alsa.
En aquella firma del convenio, que de los 60.000 euros anunciados ha crecido ahora a 162.624 euros de adjudicación, el alcalde Diez ya dejaba clara su inclinación inicial para el futuro de las líneas, los autobuses y los trabajadores de los buses de la ciudad, y no era municipalizar el servicio de transporte público sino “más posible seguir la línea de la concesión”. Sin embargo, aseguró que precisamente los informes de consultoría propondrán lo que consideren la mejor opción final “con sensatez, prudencia y coherencia” y bajo criterios técnicos.
UPL: “Malo de solemnidad”
Esta postura inicial del alcalde, proclive en principio a no devolver a la esfera de la gestión pública los buses de León, indigna sin embargo al grupo municipal de Unión del Pueblo Leonés (UPL). Su portavoz, Eduardo López Sendino, lleva años clamando por la remunicipalización que quite los autobuses de las manos de Alsa, o de cualquier otra empresa, y de hecho ha amenazado de manera pública directa al equipo de Gobierno socialista en minoría con “consecuencias” que podrían complicarle el mandato. Eso si Diez no consigue los votos del Partido Popular en el Ayuntamiento, que en sus manifestaciones públicas se ha inclinado hasta ahora como Diez por un servicio plenamente privado. UPL ha insistido muchas veces que el actual contrato con Alsa es un claro “perjuicio para los leoneses” porque es “malo de solemnidad”, recordando que así lo veía el propio Diez cuando quien gobernaban eran los populares.
Entre los desastres del actual contrato, que será estirado ahora dos años más, el grupo leonesista recuerda que permite a la compañía priorizar los autobuses grandes, aunque vayan “con dos pasajeros”, porque Alesa cobra por kilómetro y casi el doble más que si fueran microbuses. Y lo que factura se eleva a más de 400.000 euros cada mes. También recuerda las “quejas constantes en tiempos y en frecuencias” de los usuarios, porque no se ha retocado el tiempo de sus recorridos ni los circuitos a pesar de que León haya pasado a ser 'Ciudad 30' para todos los vehículos.
Más de 5 millones públicos de pago cada año
Marquesinas sin luz por las noches; pantallas informativas con las horas de llegadas que no aciertan o maniobras inútiles y hasta peligrosas de algunos autobuses a la recién reformada estación de autobuses de la ciudad son otros detalles que UPL afea. Y López Sendino asegura que “a la empresa le importan un rábano”, porque el Ayuntamiento sigue pagando religiosamente.
La factura anual se cifra en 7,5 millones de euros para Alsa (Alesa), suban los viajeros que suban a los autobuses. De ahí se resta lo que la empresa ingrese por la venta de billetes pero se cifra en apenas 1,8 millones este concepto, de manera que las arcas públicas de León deben afrontar más de 5 millones de euros cada año a la compañía, que serían más si el Gobierno no estuviera poniendo ahora una subvención de algo más de medio millón.
Menos Santo Domingo, más intercambiadores
El informe de consultoría que ahora se elaborará y servirá de 'hoja de ruta' para el futuro de los buses urbano de León habrá de contemplar la amplia reordenación prevista en la ciudad cuando la Plaza de Santo Domingo y su entorno inmediato, Gran Vía y Padre Isla, dejen de ser como hasta ahora el centro neurálgico tanto de los autobuses rojos como los azules con los pueblos de alrededor. “Santo Domingo sí tendrá paradas pero no puede ser un punto de regulación del transporte ni urbano ni metropolitano”, aseguró en febrero el alcalde leonés.
De ahí que estén en marcha, también con acuerdo entre Ayuntamiento y Junta, y con fondos europeos, otros puntos de futuro intercambiador. El más conocido y cuyas obras acaban de comenzar es en el barrio de Eras de Renueva, entre el Auditorio y la sede de la Junta, un proyecto ya contratado por valor de 1,8 millones, aunque se esconde bajo el nombre “pérgola peatonal bioclimática”. Y “habrá más” en la ciudad, aseguró Diez hace meses, pero con un diseño que no se ha dado a conocer y que la auditoría deberá aclarar. En 2026.
