La autonomía número 18 que el Gobierno y la Junta sí quieren: una Comunidad 'inventada' para eliminar burocracia
Dieciocho. Hace años que esta cifra tiene un hondo significado político y reivindicativo en la provincia de León, incluso en gran parte de la Región Leonesa o el antiguo Reino de León a la que se suman con todo el poder de una historia común las provincias de Zamora y Salamanca.
El simbolismo de la cifra, 18, estriba en que ese sería el número de una nueva comunidad autónoma de España si, como se viene reclamando de manera muy abrumadora desde el punto de vista institucional, incluso aprobándose en la Diputación y grandes ayuntamientos, la Región Leonesa se desgajara de la actual autonomía de Castilla y León de la que la provincia parece renegar cada vez con más fuerza.
Sin embargo, la cifra 18 cobra ahora actualidad para referirse a una nueva región que el Ministerio de Economía del Gobierno de España ha propuesto crear. Una autonomía virtual, ficticia, pero que serviría como posible soporte legal para unificar criterios aplicables a toda España que faciliten trámites y burocracias, desde licencias a permisos, en gran medida para imponer un marco sencillo y común para todas las empresas del país independiente de en qué comunidad estén situadas y en cuál quieran hacer negocios.
Esta idea de impulsar la dieciocho autonomía, 'inventada', sin ubicación alguna en el mapa del país, ha sido lanzada la semana pasada por el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. Y este ente virtual, la comunidad autónoma 18, para establecer un régimen común para las empresas en todo el territorio nacional, será objeto de debate ya más concreto en una próxima reunión sectorial a la que el ministro ha convocado este miércoles 18 de septiembre a las entidades locales y las comunidades autónomas en el marco de la llamada Conferencia Sectorial de Mejora Regulatoria y Clima de Negocios.
La idea parte de la copia de una celebrada ocurrencia similar nacida en Europa. Surge del llamado informe Letta sobre el mercado único europeo, que entre otras medidas aboga por la creación de un estado falso, virtual, el país número 28 de la Unión Europea, que de hecho ha sido incluido en el programa del gobierno de la presidenta de la Comisión. Consiste en impulsar un espacio jurídico nuevo para conseguir en él y de manera ágil permisos y licencias comunes a todos los países sin esperar a los actuales trámites farragosos de consenso constante.
En el planteamiento que asume ahora el Gobierno de España a semejanza con aquel se pretende que la nueva región o distrito o autonomía 18 no sólo unifique criterios entre las restantes 17 autonomías sino también hasta algunas licencias que conceden los ayuntamientos, ya que muchas veces son tan diferentes que provocan serias complicaciones, por ejemplo, para asuntos como la movilidad o la eficiencia energética, tan en boga por las políticas europeas.
La Junta lo valora positivamente a la espera de detalles
El Gobierno lo propone. Y la Junta de Castilla y León no lo ve del todo mal. Así se desprende de las declaraciones del consejero de Economía y además portavoz del actual Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo. Tras una reunión con la Patronal de empresarios de la CEOE en Valladolid, Carriedo mostró su apoyo a la idea de la autonomía 18 como un régimen común para las empresas, con el condicionante de que se pueda avanzar en la unidad de mercado, y a pesar de ver la propuesta todavía “un poco difusa”, según recogió Ical.
El consejero de Economía y Hacienda recalcó que la Junta siempre ha abogado por que la licencia que se conceda por una comunidad para una actividad productiva tenga validez en el resto. “Esto sería positivo siempre y cuando todos lo aceptáramos”, condicionó. “Si avanzamos hacia un sistema que facilite que las empresas castellanas y leonesas puedan trabajar en el todo el territorio será positivo. El objetivo es tener una visión única de España y superar esa idea de que las comunidades autónomas ejercen límites geográficos a las empresas”, afirmó.
Desde el Ministerio de Economía se incide en que se trata de facilitar a las empresas su actividad y para ello quieren detectar procedimientos en los que haya disparidad en las comunidades autónomas con el fin de armonizarlos en consenso con ellas para que las empresas operen con más facilidad.
LExit
El caso es que en León la autonomía 18 es otra cosa muy distinta. Se ha venido centrando, de manera creciente en los últimos años, en un clima de consenso constitucional para impulsar legalmente un 'Lexit', un movimiento para desgajar León de Castilla. Y es que a esta unión de dos regiones muy diferenciadas se le atribuye la nefasta deriva de casi todos los datos económicos, sociales y demográficos de las últimas décadas, desde que en 1983 echó a andar esa unión de Castilla y León con la aprobación de su Estatuto de Autonomía.
La iniciativa, en forma de mociones, ya ha sido votada a favor por tantos ayuntamientos de la provincia, incluyendo a los que ampara la Diputación, que se trata de una postura que ya aglutinaría a la práctica totalidad de la representación de la población de León, incluyendo a León capital ya desde 2019.
Esas mociones han contado en las diferentes entidades locales que las han 'bendecido' con el apoyo de concejales de todos los partidos políticos con representación, sin excepción. Es decir, no sólo cargos públicos de Unión del Pueblo Leonés (UPL), partido que las ha impulsado: también del PSOE, del PP, Vox, Izquierda Unida, Podemos o Ciudadanos, entre otros. En algunos casos, en contra de la posición oficial de su propio partido. De hecho, solo uno de cada cuatro concejales que votaron la moción pro Autonomía para León se opuso a su aprobación.
La iniciativa también se ha planteado y aprobado en otros municipios de la Región Leonesa, unos pocos ayuntamientos de Salamanca y Zamora, pero en este caso con un éxito muy reducido en número. Hasta el punto de que la última apuesta que defienden muchos políticos leoneses es que, si fuera necesario, la autonomía 18 para León incluyera sólo a la provincia de León si es necesario para que salga adelante su impulso. Curiosamente, prácticamente la única vía institucional que podría poner el contador a funcionar para esta nueva autonomía en España depende de posibles aprobaciones parlamentarias mayoritarias bien en el Congreso de los Diputados, bien en las Cortes de Castilla y León, o en ambas.
