Las competencias en materia de vivienda: ese monstruo

Que sí, que el problema más sangrante es el de la vivienda y que hay que hacer algo. Pero a lo mejor está bien darse una vuelta por el jacarandoso lupanar que es nuestra organización territorial para darse cuenta de que lo primero tendría que ser eso: tener claro de quién es competencia la vivienda y quién puede y debe buscar soluciones. Eso, en el supuesto, de que alguien tenga la menor intención de arreglar la cosa y el objetivo final no sea, como muchos nos tememos, sangrar al personal. durante la representación teatral del desacuerdo.

Y mira, ¡qué sorpresa! Las competencias están trabadas y fragmentadas. Como si las hubiese pensado alguien que planeara trincar en cualquier momento, con cualquier Gobierno, y sin que se pueda escapar de sus garras depredadoras. Na, caray: seguro que no fue eso... Seguro que no pensaban en amarrar, sino en los poderes y contrapoderes de una sana separación administrativa, estilo Montesquieu.

Vamos a ver cómo está la cosa. Estamos en el centro de lo que será terreno de juego o campo de batalla. Respiramos hondo.

Mira, por ahí viene el Estado Central,  que tiene competencias en vivienda, pero genéricas, grandilocuentes, con mucho bombo, gigantes y cabezudos, y cierta repercusión sobre lo que ya hay construido, pero poco más. Es competencia del Estado legislar para regular el acceso a la vivienda, el ordenamiento económico y la actividad del alquiler, por ejemplo, en tanto actividad económica. Por eso la Ley de Arrendamientos Urbanos es una ley de carácter nacional. También regula el crédito (hipotecas) y otros temas similares. Viene a significar que pueden molestar y hacer daño, pero difícilmente promover o construir nada. Por supuesto, como lo que pueden hacer es molestar, pues molestan. Y enfangan. Y dan por culo, en resumen, si se me permite esta abreviatura.

Luego, por la otra banda, y viento en proa a todo trapo, vienen las Comunidades Autónomas, que tienen la competencia de aplicar estas políticas a su buen criterio, pues las competencias en regulación de vivienda están transferidas a las autonomías, y cualquier intromisión del Estado puede dar lugar a un conflicto de competencias. Como todos sabemos, cada Comunidad defiende su derecho a combatir lo que dicte el Gobierno Central con todas sus fuerzas y todos nuestros dineros, especialmente si un cacique local está interesado. Y en esto de los edificios y las casas hay siete orbitales de caciques en torno a la consejería correspondiente. Sin contar el envoltorio de celofán, la caja y el plástico que la envuelve. Todo fabricado de cacique reciclable.

Las comunidades tienen transferida la elaboración de la normativa propia en materia de vivienda e inspección de su cumplimiento, así como la promoción pública, programación, control y seguimiento de las viviendas de protección oficial. Y como todos sabemos, elaborar una normativa propia significa que tu normativa no va a ser como la de los demás, porque si es igual, no es propia, y si no es propia, ¿para qué quiero la autonomía? Y ya se lió, porque mira que tienen la inspección, control, seguimiento... O sea, que sin la colaboración de las autonomías, poco puede hacer el Gobierno Central.

Y cuando creímos que ya estaba todo atado y bien atado para que no se hiciese NADA, aparecen, desde el subsuelo nada menos que los ayuntamientos, o entidades locales, que tienen competencias para la promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera y conservación y rehabilitación de la edificación (artículo 25 de la Ley 7/1985). Además, y agárrense por favor el suspensorio, son los ayuntamientos los que aprueban las normas urbanísticas, inspeccionan su cumplimiento, y otorgan o deniegan las licencias de edificación y rehabilitación de inmuebles. Además de recalificar los terrenos, lo que, como todos sabemos, es un proceso ágil, limpio, justo y transparente, en el que no interviene mamón ni lechón alguno.

En algunos casos, para que la risa sea completa, las competencias urbanísticas las asumen las Diputaciones, especialmente en las localidades más pequeñas. Y así es como determinada promoción se mueve quinientos metros para que esté en un pueblo de competencias de la Dipu y no de la ciudad, y sean otras fauces las que engullan lo que haya que engullir.

Así las cosas, para sacar adelante un plan de vivienda pública, o incluso para proyectos menos ambiciosos, se necesita la coordinación y acuerdo de los tres niveles de administración. Sin este acuerdo, es prácticamente imposible hacer nada que no sea pelearse en los tribunales por las competencias, los proyectos, las licencias y esas cositas que tanto gustan a los políticos, los colegios de arquitectos, los promotores y demás buena gente.

¿Podemos contar con que las tres administraciones, gobernadas por distintos partidos y con distintos intereses, se pongan de acuerdo en algo como esto?

Claro, hombre. Y con la solidaridad humana. Y con la igualdad de las gentes.

O a lo mejor hay que ser menos optimistas y reformar ESTA MIERDA en primer lugar.

Por soñar que no quede.