El consejero de Medio Ambiente de Castilla y León autorizó un macrovertedero al grupo empresarial donde su hijo fue directivo
El pasado 30 de julio, apenas diez días antes de la oleada de incendios que ha arrasado la provincia de León, el responsable del operativo de lucha contra el fuego y consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones firmó la autorización de un polémico macrovertedero de residuos peligrosos y no peligrosos en la provincia de León a un conglomerado empresarial en el que figura como directivo su hijo. Una semana después, el 6 de agosto, firmó la autorización del macrovertedero con la figura de Proyecto Regional.
La sociedad promotora del proyecto llamado ‘Parque Medioambiental de Tratamiento de Residuos' es la empresa Valorización Verde SA, una sociedad administrada por el empresario asturleonés Macario Fernández, cuya principal sociedad es la empresa cotizada Asturiana de Laminados y cuenta con diversos intereses en Castilla y León. Entre ellos el hasta ahora fallido proyecto de Latem Aluminium en las provincias de León y Zamora, en el que participa en su accionariado la propia Junta de Castilla y León.
El político leonés, que también es presidente de la gestora del PP en la provincia desde hace dos semanas, participó en la firma de las autorizaciones del procedimiento al grupo societario vinculado a Macario Fernández, en cuya empresa principal figuraba como responsable jurídico el hijo menor del consejero de Medio Ambiente. Su relación contractual duró hasta hace un año o año y medio desde el 2021, sin detallar, según la versión facilitada tanto por el consejero Suárez-Quiñones a preguntas de elDiario.es, como por el propio empresario.
Juan Carlos Suárez-Quiñones y Macario Fernández han coincidido en rebajar a casi un mero becario el papel en la empresa del hijo menor del consejero. “Esta persona nunca hizo ningún trabajo en esa empresa que tuviera que ver con el señor consejero. Y cuando me enteré de que este chico era hijo del consejero era ya cuando estaba dentro. Me lo presentan y me suena el apellido, Quiñones”, relata el empresario en conversación con elDiario.es.
De casi becario a 'Alto Directivo'
Según Suárez-Quiñones, “el hijo indicado del consejero de Medio Ambiente no tiene ninguna relación directiva, ni laboral ni mercantil, con la mercantil promotora del expediente en que se han dictado por el consejero, Valorización Verde S.L., ni con ninguna otra entidad mercantil en las fechas que se indican”. El consejero ha explicado que tras su salida se ha puesto por su cuenta como abogado de libre ejercicio, aunque en su ficha en el Colegio de Abogados de Oviedo mantiene como dirección de contacto la sede social de Asturiana de Laminados, en un polígono industrial en Villallana, Asturias.
“(Su presencia en sus empresas) fue fortuito, todo el mundo tiene derecho a trabajar. En las cuestiones que intervino el hijo del consejero, que no fueron ninguna, porque lo que hacía era mover papeles dentro de casa y mandarlos a los abogados externos, no tuvo nada que ver con las decisiones a favor o en contra que haya tenido el consejero. Aquí no hay chicha, no hay caso; todo está transparente y limpio”, ha explicado el empresario asturleonés a este periódico.
La versión dada tanto por el empresario como por el consejero se contradice con la documentación oficial de la empresa, ya que según un documento publicado por el regulador de la Bolsa se señala al hijo del político como 'Alto Directivo' en el año 2021, con motivo de una emisión de deuda por 50 millones de euros. El hijo del consejero figura en esos documentos como ‘Alto Directivo’, al menos desde el año 2021, que la empresa señala como “aquellos que dependen directamente del Consejo de Administración y/o del Presidente Ejecutivo”. Su puesto exacto era como “Responsable del Departamento Jurídico”. También aparecen en ese documento otros altos cargos del PSOE asturiano dentro del organigrama de poder del grupo empresarial.
Asturiana de Laminados SA promovió el macrovertedero a través de una filial, Valorización Verde SA, en el verano del 2023. La compañía asturiana traspasó a finales del 2023 toda su participación en Valorización Verde a otra empresa administrada por el presidente y consejero delegado del grupo empresarial, Macario Fernández, sin que hasta la fecha se hayan notificado cambios en esta situación. Según el empresario, no ostenta ninguna participación accionarial en la sociedad.
En una respuesta a elDiario.es, el consejero de Medio Ambiente también desvincula sus firmas de las relaciones familiares con las sociedades y el empresario Macario Fernández, con el que afirma no haber tenido ningún trato de tipo personal que le impidiera ejercer sus funciones como responsable gubernamental.
“Cuando yo le voy a ver a él, como a otros consejeros, él empuja para que esos proyectos salgan y que la Junta siga apoyando. Si eso se puede considerar un apoyo, es así: el consejero empuja para que esos proyectos salgan. Pero él no es el de las perras”, ha explicado el empresario a elDiario.es para negar cualquier influencia del consejero de Medio Ambiente en la viabilidad de sus proyectos.
Suárez-Quiñones, bajo la lupa por los incendios
Este macrovertedero de residuos industriales peligrosos y no peligrosos ha estado envuelto en la polémica desde el inicio de su tramitación administrativa en el verano del 2023. Se trata de un complejo, llamado ‘Parque Medioambiental de Tratamiento de Residuos’, promovido por el ‘Rey del zinc’, el empresario leonés Macario Fernández, presidente y principal accionista de Asturiana de Laminados, una empresa que está en preconcurso de acreedores y cotiza en la bolsa alternativa BME Growth.
El consejero de Medio Ambiente lleva desaparecido de la esfera pública tras sus polémicas apariciones en los primeros días de la oleada de incendios que asola Castilla y León, aunque preside diariamente las sesiones del Cecopi autonómico. Juan Carlos Suárez Quiñones comunicó el primer fallecido, un voluntario al que en un primer momento vinculó al operativo y luego la Junta se desdijo, el pasado 12 de agosto. El día antes justificó con una controvertida frase su presencia en Gijón mientras el patrimonio de la humanidad de Las Médulas ardía casi por completo y entre las quejas de los vecinos por falta de medios: “Tenemos la mala costumbre de comer”.
Las obligaciones de abstención de un cargo público por sus relaciones familiares se recogen en ley de altos cargos de Castilla y León y la del régimen jurídico del sector público. Suárez-Quiñones, reconoce la antigua relación laboral de su hijo, aunque según su versión no tenía constancia que fuera como ‘directivo’. “El consejero no ha firmado nunca decisión administrativa alguna que contravenga el código ético de los altos cargos de la Junta de Castilla y León. Las resoluciones que haya dictado respecto a cualquier expediente promovido por quien sea, se dictan en derecho, con los correspondientes informes y quedan sometidas al posible recurso judicial que cabe contra las mismas”, ha indicado.
La Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público recoge en su artículo 23: “Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente”. En concreto se señala como punto del deber de abstención “Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato”.
En el caso de los cargos de Castilla y León les afecta la Ley 3/2016 del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. En ella se recoge que “los altos cargos no podrán participar en aquellos asuntos y procedimientos en los que exista conflicto de intereses, entendiendo como tal toda situación en la que sus intereses personales, directos o indirectos, puedan comprometer el ejercicio de sus funciones con la debida imparcialidad o independencia”. Y como caso específico de conflicto de intereses establece: “Los intereses familiares, incluyendo los de su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad”.
Controvertido macrovertedero con informes en contra
En cifras, el polémico macrovertedero ya autorizado ocupará 140,6 hectáreas entre los municipios de San Justo de la Vega, Benavides y Villares de Órbigo. Son actualmente fincas rústicas que han ido comprando en los últimos años la sociedad de Macario Fernández, anexas al actual Centro de Tratamiento de Residuos provincial.
La autorización al macrovertedero ha estado envuelta en una fuerte controversia ya que un informe del Servicio de Residuos y Suelos Contaminados de la consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León descalificó por completo el proyecto. El dictamen, desvelado por ILEÓN, señalaba que “de la evaluación técnica del expediente y de su planteamiento y a la vista de los puntos anteriores, no se desprende que exista una necesidad de estas infraestructuras es esta Comunidad Autónoma, ni un interés regional para la puesta en funcionamiento de las mismas”.
Además el informe, firmado por la entonces jefa del servicio pero que ya no ocupa el puesto, ponía en cuestión aspectos básicos del proyecto, como que no encontraba los datos usados por la empresa para justificar el volumen de residuos del proyecto, ya que “no ha sido posible localizar los datos cuantitativos que se han utilizado como referencia, ni la evolución temporal de los mismos que permita constatar la necesidad de las infraestructuras que plantean ejecutar”.
El dictamen descartado señalaba que el proyecto tenía grandes carencias, como plantear unas primeras fases solo de eliminación y no valorización, es decir, que al principio sea un mero vertedero industrial para residuos peligrosos y no peligrosos sin hacer reciclaje, “dejando para fases posteriores operaciones de valorización no parece lo más adecuado e incumple uno de los pilares básicos de la política de residuos como es la jerarquía de tratamiento”.
Según la Junta de Castilla y León todos estos asuntos han sido corregidos en la segunda fase de tramitación iniciada en el verano del 2024 y por ello aprobó el proyecto el pasado 30 de julio con autorización ambiental y el 6 de agosto lo blindó de forma definitiva como proyecto regional.
La vida útil estimada para enterrar residuos de este proyecto de macrovertedero es de 20 años: 20 para los residuos no peligrosos y 15 para el vaso de residuos peligrosos. La capacidad de los vertederos es para los residuos industriales no peligrosos de 2.744.679 m3 y para los residuos industriales peligrosos: 796.136 m3. Traducido en toneladas al año es de 55.000 toneladas al año para enterrar residuos peligrosos, 825.000 en su vida útil estimada de 15 años, y de 104.000 toneladas para los residuos no peligrosos.
El grupo Asturiana de Laminados se encuentra en una grave situación económica: en la actualidad se halla en preconcurso de acreedores cuyo último plazo finalizó a principios de agosto, sin que se conozca todavía si sale de la situación por acuerdo o pasa a situación de quiebra y posterior concurso. En 2024 cerró con 33,9 millones de euros de pérdidas, además de tener una deuda financiera de más de 100 millones de euros.
