El macrovertedero industrial de San Justo en cifras: 20 años para enterrar tres millones de toneladas de residuos
El Parque Medioambiental de Tratamiento de Residuos, el eufemístico nombre que la empresa Valorización Verde de Macario Fernández, da al macrovertedero industrial de San Justo de la Vega, ya tiene el visto bueno ambiental de la Junta de Castilla y León tras dos años de tramitaciones. Y todo pese a los duros informes en contra emitidos por el propio Servicio de Residuos de la Junta, que lo calificó de innecesario y de Confederación Hidrográfica del Duero, que cuestionó su impacto en las aguas.
En cifras el macrovertedero ocupará 140,6 hectáreas entre los municipios de San Justo de la Vega, Benavides y Villares de Órbigo. Son actualmente fincas rústicas que han ido comprando en los últimos años la sociedad de Macario Fernández, anexas al actual Centro de Tratamiento de Residuos provincial.
La vida útil estimada para enterrar residuos es de 20 años: 20 para los residuos no peligrosos y 15 para el vaso de residuos peligrosos. La capacidad de los vertederos es para los residuos industriales no peligrosos de 2.744.679 m3 y para los residuos industriales peligrosos: 796.136 m3. Traducido en toneladas al año es de 55.000 toneladas al año para enterrar residuos peligrosos, 825.000 en su vida útil estimada de 15 años, y de 104.000 toneladas para los residuos no peligrosos.
De hecho uno de los problemas que se ha encontrado el proyecto durante su tramitación es que se ha cuestionado su interés debido al alto porcentaje de rechazo, es decir a enterrar, de residuos que gestionará, lo que incumple el principio de jerarquía de tratamiento de residuos. En informe del Servicio de Residuos se señalaba que la primera fase de funcionamiento se centra mayoritariamente en la eliminación, dejando las operaciones de valorización para fases posteriores. Esto supone que representa una descompensación en comparación con opciones más favorables ambientalmente como el reciclaje y la valorización.
Además también se ha cuestionado que el proyecto no cumple el principio de autosuficiencia y proximidad ya que la gran cantidad de residuos a enterrar proyecctada supone la posibilidad de que se produzca una entrada significativa de residuos provenientes de otras comunidades autónomas, según el Servicio de Residuos.
Los residuos peligrosos que enterrará son fundamentalmente de dos tipos: residuos de centrales eléctricas y otras plantas de combustión (cenizas son sustancias peligrosas) y residuos de la construcción y demolición. Ambos no son reciclables ni valorizables y se enterrarán en el nuevo macrovertedero de forma directa según lleguen.
Según la empresa, el empleo inducido del proyecto es de 474 trabajadores (sumando directos e indirectos): 180 directos entre la fase de construcción y funcionamiento y 294 indirectos relacionados con transporte y otras tareas. La inversión total estimada es de 35 millones de euros.
Medidas correctoras
La construcción y futura operación del macrovertedero estará supeditada al cumplimiento de un conjunto de medidas protectoras, preventivas y, crucialmente, correctoras. Estas acciones, incorporadas a la Declaración de Impacto Ambiental, buscan mitigar cualquier efecto adverso y garantizar la sostenibilidad del proyecto a lo largo de todas sus fases, desde el diseño hasta el abandono.
El proyecto ha tenido que ser modificado para aumentar los sistemas de drenaje para evitar contaminación de los acuíferos y mejorar la gestión de la balsas de lixiviados, los líquidos que se generan en cualquier vertedero, así como una mejor monitorización de las aguas subterráneas.
Además la empresa deberá realizar un estudio de tráfico y capacidad para evaluar la afección a las carreteras N-120 y N-120a, incluyendo la necesidad de reforzar el firme, para corregir cualquier impacto negativo en la infraestructura viaria.
La empresa deberá además realizar durante la construcción, anualmente, estudios geotécnicos y topográficos para comprobar la estabilidad de taludes y depósitos, permitiendo tomar medidas precisas si se observan alteraciones.
En la fase de funcionamiento del macrovertedero se deberá realizar una actualización del análisis de riesgos medioambientales y la constitución de la garantía financiera correspondiente ante modificaciones sustanciales. “Cualquier incidente con posible impacto ambiental deberá comunicarse inmediatamente al Servicio Territorial de Medio Ambiente de León”, se señala en la autorización ambiental.
En la fase final de la vida útil del macrovertedero, estimada en 20 años para residuos no peligrosos, “el titular deberá adoptar las medidas necesarias para retirar, controlar, contener o reducir las sustancias peligrosas para que el emplazamiento no genere un riesgo significativo para la salud humana ni para el medio ambiente debido a la contaminación del suelo y las aguas subterráneas”. Esto supone la creación de un “Programa de Vigilancia Ambiental integral, complementado con las medidas de la Declaración de Impacto Ambiental, asegurará el cumplimiento y la eficacia de todas las acciones. Se contará con un servicio técnico especializado para emitir informes y alertar sobre el cumplimiento. Además, en caso de hallazgos arqueológicos o paleontológicos, las obras se paralizarán para dictar las normas de actuación pertinentes”.
