La Junta otorga el visto bueno ambiental al macrovertedero de San Justo de la Vega de residuos peligrosos
La Junta de Castilla y León ha otorgado su visto bueno ambiental al macrovertedero de residuos peligrosos y no peligrosos proyectado en San Justo de la Vega, al lado del actual Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) o vertedero provincial que gestiona la Diputación de León. El proyecto de macrovertedero está impulsado por la sociedad Valorización Verde SA, vinculada al empresario babiano Macario Fernández, en graves problemas financieros en su sociedad de cabecera Asturiana de Laminados y el fallido proyecto Latem Aluminium en Villandangos y Zamora.
El Boletín Oficial de la Junta de Castilla y León publica este miércoles la autorización ambiental, obtenida pese a que en la tramitación del proyecto se realizó un informe por el Servicio de Residuos del Gobierno autonómico que criticaban el proyecto y lo acusaban de usar datos inventados en el mismo, calificándolo de innecesario. La empresa realizó alegaciones y éstas han sido aceptadas por la consejería de Medio Ambiente, que dirige el leonés Juan Carlos Suárez Quiñones.
El proyecto se compone de la construcción y explotación de centro dedicado al tratamiento de residuos industriales. Este incluye instalaciones para el tratamiento y dos vertederos: uno para rechazos de Residuos Industriales No Peligrosos y otro para rechazos de Residuos Industriales Peligrosos. La capacidad estimada de entrada anual es de 200.000 toneladas de residuos industriales no peligrosos, con una capacidad de depósito de 104.000 toneladas anuales (73.000 toneladas de rechazo propio y 31.000 toneladas de residuos no valorizables externos), además de 55.000 toneladas anuales de residuos industriales peligrosos externos en el vertedero correspondiente.
El complejo se sirúa al noreste del término municipal de San Justo de la Vega, limitando con los municipios de Benavides y Villares de Órbigo. Específicamente, se ubicará en los parajes de La Muela, La Chana y Portugal, entre los arroyos del Valle de la Calzada y el Valle del Grillo. La superficie total de la parcela es de 140,6 hectáreas, distribuidas en varias zonas para servicios generales, planta de tratamiento y vertederos, acopio de tierras y vegetación.
Aunque el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León concluyó que el proyecto no afectaría a la Red Natura 2000 ni a espacios naturales protegidos, la Confederación Hidrográfica del Duero indicó que el proyecto incumple algunos criterios del Plan Integral de Residuos de Castilla y León debido a la ubicación de los vertederos en cuencas de arroyos y zonas de salvaguarda de captación de agua. El Servicio de Residuos y Suelos Contaminados de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental señaló que el proyecto prioriza la eliminación de residuos sobre el reciclaje y la valorización, contraviniendo la jerarquía de tratamiento, y que no existía una necesidad clara de estas infraestructuras a nivel regional. Tras la respuesta del promotor y la aportación de documentación complementaria, se emitieron informes favorables con condiciones.
El proyecto ha sido sometido a una evaluación de impacto ambiental ordinaria e involucró dos periodos de información pública debido a su complejidad y las carencias del proyecto. La Declaración de Impacto Ambiental aprobada informa favorablemente el proyecto a efectos ambientales, condicionando su ejecución al cumplimiento de todas las medidas protectoras y correctoras establecidas, así como el Programa de Vigilancia Ambiental. El promotor deberá obtener otras autorizaciones pertinentes, como la autorización ambiental integrada. La Declaración de Impacto Ambiental tiene una vigencia de cuatro años para el inicio de la ejecución del proyecto.
La aprobación ambiental del proyecto se produce a escasos días de que se conozca el futuro de las empresas de Macario Fernández, ya que finaliza el periodo de preconcurso que arrastra desde hace un año su sociedad principal, Asturiana de Laminados.
