Dudas sobre la afección a las aguas y los vertidos motivaron la nueva evaluación ambiental del macrovertedero de San Justo
Dos informes sobre la afección a las aguas y los vertidos del macrovertedero industrial promovido por el empresario Macario Fernández han sido los causantes, junto a otro muy crítico de la responsable de residuos de la Junta de Castilla y León que lo considera innecesario, de que el proyecto haya vuelto a salir a información pública por su gran afección al medio ambiente. La empresa ha contestado a los mismos ampliando la información y modificando el proyecto para adaptarse a los requerimientos emitidos.
La empresa promotora del macrovertedero industrial se llama Valorización Verde SA, cuyo socio único es otra llamada Latem Global Trading SA, que a su vez tiene como socio único a Laminados del Principado, SA, empresa de cabecera del holding del empresario leonés Macario Fernández, en graves apuros financieros en sus empresas Asturiana de Laminados y Latem Aluminium. El proyecto cuenta con un coste estimado de 35 millones de euros y la generación de 220 empleos, 90 de ellos directos.
El proyecto ocupa una extensión de 140 hectáreas en el municipio de San Justo de la Vega, próximo a la carretera N‐120 y a la autopista AP‐61 León‐Astorga y anejo al Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) provincial, ubicado en terrenos de San Román de la Vega. Se localiza en los parajes de La Muela, La Chana y Portugal, entre los arroyos del Valle de la Calzada y el Valle de Rozas o Valle del Grillo. Estos dos arroyos caen al Arroyo Huergas, que baja hasta el río Tuerto al que vierte sus aguas; y a su vez el río Tuerto es afluente del río Órbigo.
La propuesta de vertedero tiene una capacidad de 2.744.679 m3 de residuos no peligrosos para una vida útil de 25 ños y el vertedero de residuos industriales peligrosos se diseña con una capacidad de 796.136 m3 y una vida útil de 15 años, además de los terrenos de ampliación previstos para otros usos de gestión de residuos. Cada año se gestionarán 231.000 toneladas de residuos industriales no peligrosos, de los que 31.000 se enterrarán directamente y el resto se intentará reciclar, y otras 55.000 toneladas de residuos industriales peligrosos, directamente para enterrar.
La insuficiente información del proyecto, que se tramita por la vía corta de 'proyecto regional' para aprobar a la vez su interés público y la evaluación de impacto ambiental, ha provocado que salga otra vez a información pública, un año y tres meses después de su sorpresiva aparición en el boletín oficial de la Junta de Castilla y León.
Confederación Hidrográfica del Duero (CHD)
En un informe emitido a petición de la consejería de Medio Ambiente la Confederación cuestionaba, por deficiente, el análisis inicial presentado por la empresa Valorización Verde sobre la hidrología e hidrogeología, ya que la empresa se centraba en el destino de las aguas sanitarias y de la lluvia y dejaba de lado el análisis de posibles vertidos o fugas de lixiviados (residuos líquido de vertedero).
“El análisis de estos impactos se considera insuficiente para un proyecto de esta envergadura y repercusión medioambiental”, criticaba CHD que incidía que “la afección del proyecto al estado de las masas de agua no ha sido considerada en los documentos presentados. Estas afecciones deben tenerse en cuenta en la tramitación de la autorización y, en su caso, aprobación del Parque Medioambiental”. Además exigía que la Evaluación de Impacto Ambiental debería “justificar específicamente que no se producirá ningún deterioro adicional en el estado de la masa de agua citada y sus indicadores de calidad no se verán afectados negativamente por los impactos producidos por el proyecto”.
A esto ha respondido la empresa con un nuevo informe firmado por una consultora geológica, de apenas 10 páginas, en las que diseña una nueva red de control de las aguas subterráneas de los vertederos, compuesta por nueve puntos de control, y una propuesta de control inicial y del primer año de explotación de la calidad ambiental de las aguas subterráneas una vez al trimestre. Tras ese primer año se anuncia una nueva propuesta de control “adaptada a la realidad” del proyecto.
La declaración de impacto ambiental presentada por Valorización Verde desdeña la posibilidad de contaminación de aguas subterráneas por el diseño impermeabilizado de los vertederos y de las balsas de lixiviados correspondientes, señalando los promotores “que serán gestionados a través de gestor autorizado periódicamente”, reconociendo que “aunque se considere un foco potencialmente contaminador del suelo, no exista riesgo de contaminación del mismo”.
Confederación reprochó al promotor por escrito que “la justificación de la ubicación de la instalación del Parque Medioambiental, se hace con base en criterios establecidos en una normativa derogada”. Y señala que “de la documentación revisada, el proyecto de Parque Medioambiental de Tratamiento de Residuos propone una ubicación de vertederos que, a juicio de este Organismo, incumple alguno de esos criterios (de protección) al estar ubicados en las cuencas vertientes de los arroyos (Arroyo del Valle de la Calzada) y el (Arroyo del Valle de Rozas o Arroyo del Valle del Grillo), tributario de Arroyo de Huerga, aguas arriba de la captación de agua superficial para abastecimiento de San Cristóbal de la Polantera”. Además recuerda que en la localidad zamorana “también existe una zona protegida por abastecimiento de aguas subterráneas, que se alimenta de masas de agua subterránea afectadas por el proyecto”.
Y también ha recordado al promotor, además, que por localizarse entre dos arroyos el proyecto necesita la autorización previa del organismo para la afección a las zonas aledañas, aunque las inmediatas a los arroyos, de cinco metros a cada lado, están en las zonas libres del proyecto que dejarían la vegetación existente como compensación.
Sobre la inundabilidad Confederación señala que los cauces vecinos de los vertederos “no tienen deslindado el dominio público hidráulico, ni estudiadas las zonas afectadas por las avenidas de 100 y 500 años de periodo de retorno, ni su zona de flujo preferente, por lo que, a priori se desconoce la posible inundabilidad de los terrenos objeto de informe”. Pero en una simulación de datos considera poco probable que haya una afección de este tipo por la ubicación elevada de los vertederos y la aplicación de medidas correctoras.
CSIC
Otro informe que encontró falta de datos en el proyecto proviene del Instituto Geológico Minero (IGME), dependiente del CSIC, a petición de la consejería de Medio Ambiente. El investigador que firma el informe del Instituto Geológico Minero, sin visita a la zona y solo con la documentación del promotor, advierte que su especialidad es la hidrogeología, “pero aplicada a otros campos como el aprovechamiento de los recursos hídricos en regadío y los impactos ambientales asociados a retornos de riego”. Aún así evalúa las posibilidades de afección a las aguas subterráneas “sin ser especialista en vertederos”.
Plantea que la información sobre el acuífero superficial afectado, 'Aluvial del Órbigo', es pequeña ya que “apenas ha sido estudiado, existiendo un gran desconocimiento sobre el mismo que se traduce en que no se disponga de datos fiables sobre su extensión, recarga, extracciones, descargas naturales, etc., ni tampoco sobre sus características hidráulicas, funcionamiento hidrogeológico y su relación con el acuífero cárstico y con los ríos y arroyos existentes”. En su opinión “La propuesta de actuaciones que propone el proyecto parecen adecuadas”, pero “No obstante, el estudio geotécnico ha detectado un nivel acuífero mucho más superficial de lo que pensaban”.
Y reprochaba que “se echa en falta en el plan de vigilancia una propuesta de frecuencia de muestreo/análisis pues además de un muestreo inicial sería conveniente muestrear los sondeos construidos de manera periódica durante la fase de explotación del vertedero. De esta forma, se podría detectar cualquier problema ambiental en tiempo real advirtiendo la llegada de un posible vertido a las áreas de descarga de aguas subterráneas o posibles pozos de explotación de las mismas”. La empresa ha presentado finalmente esta cuestión en la nueva documentación.
Otro segundo informe del IGM, sobre los Riesgos Geológicos del proyecto, cuestionaba que la información proporcionada en la documentación facilitada por el proyecto era “insuficiente” para demostrar la conclusión de que “en cuanto al riesgo de inundaciones derivadas de la red hidrográfica en la zona de estudio, es inexistente”. Por ello pedía además que, como mínimo, se aporte un estudio de precipitaciones, un estudio de cuencas vertientes y cauces próximos, una aproximación a los caudales circulantes por dichos cauces con diferentes periodos de retorno y la delineación de la inundación que dichos caudales generaría.
Además solicitaba corregir el proyecto sobre los movimientos de masas por posibles corrimientos, “se considera necesario que en el diseño del vertedero se tengan en cuenta medidas protectoras sobre la ladera ante posibles procesos de incisión por arroyada concentrada y flujos de tierra superficiales”. La sociedad promotora realizó una breve actualización del proyecto de vertederos incluyendo algunas de las peticiones del CSIC de forma escueta y añadiendo el plan de vigilancia de las aguas subterráneas.
El plazo para presentar alegaciones contra el macrovertedero concluye en 30 días, hábiles al no especificar la resolución, a contar desde el 4 de diciembre que el proyecto está disponible en la web de la Junta de Castilla y León.
