Matallana de Torío defiende su actuación ante los requerimientos del Defensor del Pueblo
El Ayuntamiento de Matallana de Torío ha rechazado este miércoles la figura de 'administración entorpecedora' que le atribuye el Defensor del Pueblo en el informe de su actividad correspondiente al año 2017. En el mismo se recoge que no ha contestado a los tres requerimientos de información realizados por la institución nacional tras una investigación abierta por la denuncia de un vecino en el año 2012.
El consistorio ha facilitado a este medio de comunicación copia de los sellos de salida de las comunicaciones con el Defensor del Pueblo, al que contestaron el 26 de junio de 2017 y otra segunda respuesta ya este año 2018, el 25 de enero. De ahí la sorpresa manifestada por el actual alcalde de Matallana de Torío, José García (PSOE), que ha señalado que desde su entrada en el gobierno municipal (junio de 2015) se ha contestado al Defensor del Pueblo de un asunto que se remonta a la anterior legislatura cuando gobernaba el 'popular' Iván Donoso. Sí ha reconocido el regidor que las respuestas se han enviado cuando se ha podido con la disponibilidad de medios del consistorio, lo que ha podido ser considerado 'tarde', pero no que no haya habido una respuesta.
La polémica entre Matallana de Torío y el Defensor del Pueblo es por la falta de respuesta obtenida ante una reclamación de un vecino que acudió a la institución por la falta de contestación a un escrito enviado al ayuntamiento. El fondo del asunto es la petición de un particular de cambiar la calificación de urbanas a rústicas de dos fincas y el impacto de esta cuestión en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
En junio del año pasado el Defensor del Pueblo anunció que llevaría a la Fiscalía al consistorio por no responder por tercera vez. Esos tres avisos son los que realiza recordando que es obligatorio contestar, sea cual sea la respuesta. La legislación contempla que en caso de no respuesta se pueda incurrir en un tipo delictivo contemplado en el Código Penal.
