El PSOE denuncia que un técnico de transporte sanitario de Castilla y León cobra menos de 1.000 euros
El PSOE de Castilla y León ha denunciado este domingo que las empresas concesionarias del servicio de transporte sanitario en la comunidad “hacen caja explotando a sus trabajadores”, ya que “un técnico de transporte sanitario con dedicación completa cobra 975 euros al mes, muy lejos del salario mínimo interprofesional”.
En un comunicado, el PSOE ha explicado que el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, Pedro González, y el portavoz socialista de Sanidad, Jesús Puente, han mantenido esta semana una reunión con la coordinadora del transporte sanitario de Castilla y León de CGT en la que han abordado las deficiencias técnicas que mantienen las empresas concesionarias.
“El documento pone de manifiesto que las empresas concesionarias no cumplen lo firmado en la concesión”, según Puente, quien responsabiliza de este incumplimiento a la escasa financiación y al alto grado de privatización de la gerencia de emergencias, “la cenicienta de nuestro sistema público”.
Puente ha incidido en que la mayor deficiencia del servicio, según se desprende de la reunión, es la manera en que las empresas que gestionan las ambulancias de Castilla y León “hacen caja explotando a los trabajadores”.
Y ha denunciado que desde 2022, cuando comenzó el convenio, acumulan una deuda con sus trabajadores de casi 14 millones ya que “trapichean” con las horas extras obligando a sus empleados a cumplir horas por encima del convenio.
“Se mantienen financieramente gracias a la explotación de la mano de obra de los servidores públicos que trabajan en la emergencia”, ha aseverado el procurador socialista, quien ha calificado de “grave” que los tribunales hayan condenado a la Junta como responsable subsidiaria del contrato tras la denuncia de Tesorería de la Seguridad Social a estas empresas por fraude “millonario” en las cotizaciones.
Todo ello, mientras “un técnico de transporte sanitario con dedicación completa cobra 975 euros al mes, muy lejos del salario mínimo interprofesional”.
Para el parlamentario socialista, esto supone “un ejemplo más de que los servicios privatizados de la Junta de Castilla y León funcionan gracias al sacrificio de los servidores públicos como también ocurre en el sistema de financiación de los Servicios Sociales de la Consejería de Familia y en la Consejería de Suárez- Quiñones con el servicio de lucha contra incendios”.
