El leonés que legisló para impedir que trataran como esclavos a los emigrantes españoles en Brasil a inicios del siglo XX
Para ser tan olvidada, la provincia de León ha dado grandes personajes a España. Entre ellos varios presidentes de Gobierno y ministros en los tres últimos siglos. Pero también ha sido una provincia de emigrantes que, en algunos casos hicieron grandes negocios en América y en otros, cuan más humildes, fueron tratados casi como esclavos.
Esto es lo que ocurrió a primeros del siglo XX en Brasil. Cuando las autoridades españolas se dieron cuenta, gracias al informe Gamboa, de que trataban en el país tropical a los emigrantes españoles casi en condiciones de esclavitud con un truco muy sucio: les pagaban el billete en barco y, luego, se lo cobraban a precio de oro... sin pagarles dinero por su trabajo en el país del Amazonas.
El truco consistía en atarlos al empleador, de tal forma, que tenían siempre una deuda impagable con él. De esta manera, las denuncias llegaron a los Gobiernos españoles y un leonés, Fernando Merino, llegó a prohibir los billetes gratis a Brasil con un decreto publicado cuando fue Ministro de la Gobernación con Canalejas.
Fernando Merino Villarino nació en 1860 en León y murió en 1929 en la capital leonesa. Miembro del Partido Liberal, al ser yerno de Sagasta, fue diputado por la circunscripción de La Vecilla y por la de León en las elecciones de 1891 y 1923. Pero todavía fue más: gobernador del Banco de España en dos ocasiones, entre junio de 1906 y enero de 1907; y entre 1909 y 1910. Y ministro de la Gobernación –lo que viene a ser el de Interior de hoy– entre el 9 de febrero de 1910 y el 2 de enero de 1911. Terminó su carrera de altos cargos estatales nada menos que como gobernador civil de Madrid entre diciembre de 1915 y marzo de 1916.
La Ley de Emigración de 1907
España era un país de emigrantes. Y Brasil se vendía muy bien por el papel crucial que desempeñaron las compañías navieras en la promoción de la emigración y la captación de pasajeros a finales del siglo XIX y primeros del siglo XX y su alianza con los periódicos que se publicaban entonces.
Muchos dueños de la prensa privada de la época eran accionistas a su vez de esas navieras, así que sus periódicos presentaban la emigración como una aventura para una mejor vida. Las compañías navieras encontraron en los consignatarios y agentes de reclutamiento aliados cruciales para promover la emigración. Su principal objetivo era atraer pasajeros y estimular la migración hacia destinos que prometían ser auténticos paraísos. En lugares como Galicia, los representantes de estas grandes compañías y los agentes de transporte de emigrantes ocupaban posiciones de influencia en los consejos de administración de medios locales como La Voz de Galicia, El Eco de Galicia y El Faro de Vigo. Esta posición les otorgaba un control significativo sobre la propaganda, lo que explica la profusa publicidad en la prensa de la época llamando a la emigración.
Sin embargo, las penurias, los aspectos legales y las dificultades de la emigración sólo se indicaban en informes, boletines y memorias oficiales que no llegaban al vulgo. Es decir, sólo les contaban lo bonito y les ocultaban el drama que iban a pasar, sobre todo en Brasil.
Y eso que en España la emigración no estaba bien vista en general desde el gobierno y la prensa (no comprada) en España, pues ponía en evidencia la decadencia y atraso que arrastraba el país. “En numerosas ocasiones era referida como una enfermedad o una sangría, como podemos ver en uno de los muchos artículos sobre el tema publicados en la prensa de la época que decía: 'La espantosa sangría suelta que la constante emigración abre en las venas de la patria”, explican en el libro Pasajeros de tercera clase, de Blanca Azcárate Luxán y José Julio Rodríguez.
Llegadas las primeras noticias de cómo trataban casi como esclavos a los compatriotas, lo primero que hizo el Gobierno español es promulgar Ley de Emigración en 1907 para abordar los abusos y arbitrariedades que enfrentaban los emigrantes. La presión ejercida por el Instituto de Reformas Sociales a partir de 1903 condujo a su promulgación. Esta legislación tenía como objetivo paliar los abusos y arbitrariedades que se estaban registrando en el proceso de emigración. Para lograrlo, se creó el Consejo de Emigración y se estableció el Cuerpo de Inspectores de Emigración, que cobrarían 5.000 pesetas al año. Estas medidas buscaban supervisar y regular el flujo migratorio, tanto en el interior del país como en los puertos de embarque, durante el viaje y a la llegada al país de destino.
Uno de ellos enviaría el 'Informe Gamboa', que hizo que Merino publicara el decreto de prohibición de billetes gratuitos en los barcos a Brasil el 26 de agosto de 1910.
El problema de los emigrantes en Brasil
En 1908, el teniente de navío Ángel Gamboa Navarro, funcionario del recién creado Negociado de Emigración es enviado a São Paulo para conocer de primera mano las condiciones de los españoles. De su visita resultará el informe que remitirá al Consejo Superior de Emigración. Este informe detalla las dramáticas condiciones de los emigrados, responsabilizando sobre todo a las compañías reclutadoras.
Gamboa destacó que los propietarios de plantaciones no pagaban a los trabajadores en moneda corriente, sino en vales que solo podían usarse en la tienda de la plantación. Esto dejaba a los inmigrantes sin dinero en efectivo, lo que los atrapaba en sus empleos y los dejaba en condiciones laborales similares a la esclavitud. En el trabajo de Emilio Redondo Carrero y Elda González Martínez 'La prensa ética de São Paulo y la acción gubernamental ante los abusos a inmigrantes españoles en los inicios del siglo XX' (que se puede consultar pinchando aquí), se explica cómo lo investigó:
“Una vez (Gamboa) en la fazenda, realiza una minuciosa exposición del tipo de vivienda destinada a los colonos, corroborando la descripción que dimos más arriba: ”cuatro paredes formadas por estacas verticales clavadas en la tierra, formando una especie de enjaretado con varias hiladas de cañas entrelazadas horizontalmente con aquellas y un tejado envertiente“. Asimismo, menciona la falta de enseres de todo tipo, y aquí es donde comienza a representarse con mayor intensidad el hostil medio al que debían enfrentarse los inmigrantes, muy distinto de aquel que se le había prometido en España antes de su partida: esas herramientas necesarias para el trabajo habían de ser obtenidas obligatoriamente en la tienda de la plantación a unos precios desorbitados, lo que para los trabajadores implicaba empezar su relación laboral con una deuda considerable.
En la última parte del informe, Gamboa explica las características del trabajo que debían desempeñar los colonos, tras inspeccionar las fazendas mencionadas en los casos que habían salido a la luz a través de la prensa. Previamente, Gamboa había descartado visitar aquellas que le habían sido propuestas por el gobierno paulista, y como resultado observa una serie de “condiciones inadmisibles por onerosas” que confirman los abusos y engaños aparecidos en los diarios. Su relato se vuelve en este punto algo trágico. Así, entre otras cosas, cuenta cómo los trabajadores recibían fuertes multas por motivos tan anodinos como dejar de trabajar un día por enfermedad, comprar un cerdo a un trabajador o vender maíz a otro, celebrar una fiesta o dejar escapar un animal del corral. El fin evidente por parte del fazendeiro era reducir el salario que aquellos debían recibir.
El informe también menciona la falta de protección legal y la violencia física que sufrían los inmigrantes, incluyendo la presencia de matones armados llamados capangas que vigilaban y perseguían a quienes intentaban abandonar las plantaciones. Parte de este informe fue publicado en periódicos como La Vanguardia de Barcelona y el Heraldo de Madrid, lo que generó un gran revuelo público por la xenofobia que sufrían los emigrantes españoles en Brasil. La denuncia de las vejaciones a las que era sometida una cantidad tan elevada de compatriotas alcanzó una enorme repercusión y llevó al Real Decreto de 1910 que prohibió la emigración subsidiada a Brasil. Una medida que se comparó con prohibiciones similares en países europeos como Alemania e Italia.
Pese a todo, la prohibición impulsada por el leonés Fernando Merino ante el clamor de la Sociedad por sus compatriotas allende los mares duró poco. En febrero de 1912 se volvió a autorizar la emigración subsidiada a Brasil. Se debió a un informe del cónsul donde se indicaban mejoras en el trato a los emigrantes españoles, pero tal y como continuó el trato a los españoles, parece claro que aquel informe favorable obedeció más a intereses políticos que a la realidad. Alguien dio una buena mordida y los españolitos siguieron emigrando pensando que iban a un paraíso que nada más llegar se les tornaría infierno.
