El Procurador del Común reclama a la Junta financiación pública para enseñar llionés en colegios y bibliotecas

Una captura del curso de llionés de Faceira promocionado por el Ayuntamiento de León.

Jesús María López de Uribe

“La Consejería de Educación debe llevar a cabo acciones dirigidas a la protección y promoción del leonés, especialmente en el ámbito educativo, atendiendo a la recomendación hecha por el Consejo de Europa, en el marco de la protección dispensada a dicha lengua en la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, hecha en Estrasburgo el 5 de noviembre de 1992”.

Así resuelve el Procurador del Común, Tomás Quintana, una queja “ante la no inclusión de la materia de Lengua y Literatura Leonesa en los currículos de Educación Primaria y Secundaria secundaria obligatoria en septiembre de 2022, ”para todos los centros docentes de la Comunidad o, al menos, para los de las provincias de León, Zamora y Salamanca“.

Entre las medidas, que reclama el Procurador del Común a la Administración autonómica, también se incluye a la Consejería de Cultura –dirigida actualmente por Gonzalo Santonja, el anterior presidente del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua que se centraba prácticamente en exclusiva en la lengua castellana–, al indicar que en las bibliotecas públicas, gestionadas por esta consejería de la Junta, debe promocionarse también el leonés como indica el Estatuto de Castilla y León. “Cabría contar con el establecimiento de partidas presupuestarias destinadas al desarrollo de proyectos en los centros educativos que, al margen del régimen curricular, promuevan el conocimiento y el uso del leonés; el desarrollo de actuaciones coordinadas y de colaboración de la Administración educativa con el Instituto Leonés de Cultura, la red de Bibliotecas de Castilla y León y cualesquiera asociaciones y entidades que tengan entre sus fines el uso y la promoción del leonés; así como facilitar e impulsar actividades extraescolares en los centros educativos para potenciar el conocimiento y el uso del leones, sin perjuicio del respeto a la autonomía reconocida a los mismos”, reitera en su resolución Tomás Quintana.

La Unión Europea reclama su promoción y protección desde 1992

Ya no sólo es que artículo 5.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León establezca que “el leonés será objeto de protección específica por parte de las instituciones por su particular valor dentro del patrimonio lingüístico de la Comunidad. Su protección, uso y promoción serán objeto de regulación”, recuerda el Procurador del Común –que además reitera la misma reclamación que ya efectuó en 2009 sobre la falta de cumplimiento de este precepto–; sino que Quintana recuerda que la Unión Europea también exige desde 2021 su protección. Y su promoción como lengua minoritaria en cumplimiento del artículo 7 de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias aprobada en 1992 (que se puede leer íntegro en el apartado de 'Medidas de Protección' al final del artículo).

“El Consejo de Europa, en informes como el de 31 de marzo de 2021, relativo a la Evaluación hecha por el Comité de Expertos de la Implementación de las Recomendaciones de Acción Inmediata contenidas en el Quinto Informe de Evaluación de dicha Comisión sobre España, se ha señalado que el leonés, que está al amparo del artículo 7 de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, hecha en Estrasburgo el 5 de noviembre de 1992, ratificada por España en Instrumento publicado en el BOE de 15 de septiembre de 2001, debe 'gozar de una mayor protección generalizada especialmente en la educación', recomendando adoptar acciones para proteger y promover el leonés en Castilla y León, especialmente en Educación”, destaca el dictamen hecho público este 31 de enero.

La Junta se excusa en que no puede enseñar oficialmente llionés

En el dictamen del defensor del pueblo autonómico, se indica que el llionés –una de las lenguas del idioma asturleonés, junto con el asturianu y el Mirandés, esta última lengua oficial de Portugal, un estado de la Unión Europea– pese a estar protegido por esta carta europea y, teóricamente, por el Estatuto de Autonomía desde que se reformó en 2007.

Sin embargo, la propia Consejería de Educación se escuda, para no enseñar llionés en los colegios e institutos en que no hay una gramática oficial y que tampoco existen profesores de este idioma. Sí que se puede estudiar gallego, y euskera, en centros oficiales de Castilla y León, pero el asturleonés (oficial en Portugal) no; de hecho, la Junta ignora a la lengua leonesa en su web oficial pese a estar obligada a promocionarla y en 2022 también renunció a las ayudas del PERTE lingüístico europeo en favor del llionés.

Pese a que es la propia Junta de Castilla y León la que tiene que desarrollar la protección y promoción del leonés –y por tanto financiar una gramática oficial, una Academia de la Llingua Llionesa y permitir la formación oficial en la Universidad de profesores de llionés, ya que cuenta con la Cátedra de Estudios Leoneses de la Universidad de León y el inmenso trabajo del Léxico de leonés actual de Jeannick Le Men, profesora de la misma institución educativa–, no se ha dado ningún paso en este sentido; impidiendo de por sí la posibilidad de que llegue oficialmente esta asignatura a los centros educativos.

Y con la presencia de Vox en el Gobierno autonómico, y la política llevada por el actual consejero de Cultura centrando exclusivamente en el castellano –a lo que se suma una decidida opinión contraria de este partido a la defensa de cualquier lengua que no sea el español–, parece difícil que la Junta vaya a cumplir la demanda del Procurador del Común en esta legislatura. Aún tiene que responder al dictamen emitido el último día de enero, pero ya en 2009 comunicó “que aceptaba y compartía” la primera resolución “en los estrictos términos del vigente Estatuto de Autonomía de Castilla y León”. 14 años después se le ha vuelto a mandar otra en el mismo sentido por no haber hecho absolutamente nada.

Lea aquí íntegra la resolución del Procurador del Común en defensa de la promoción del lliónes de este 31 de enero de 2023.

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