La Junta dice que no cumplirá el acuerdo de suprimir la Fundación de los Valores e Identidad de Castilla y León
El Gobierno de Castilla y León, formado ahora sólo por el Partido Popular en minoría, no pondrá en marcha la disolución de la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León. Así lo ha dejado ver con claridad hoy el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, a pesar de que todos los votos de la oposición impusieron al PP esta semana en el Pleno de las Cortes autonómicas la aprobación de una Proposición no de Ley (PNL) en el sentido de “suprimir o no llevar a efecto” esta nueva entidad, que varios grupos como UPL, proponente de la idea, o Podemos, tildaron de “nuevo chiringuito”.
Carriedo, preguntado hoy tras el Consejo de Gobierno sobre los planes para cumplir esta propuesta, ha recordado que las proposiciones no de de Ley, “como es el caso” de la iniciativa aprobada en contra del criterio del PP, no son de obligado cumplimiento sino que simplemente son “una posición política que establecen las Cortes de Castilla y León”.
Pero los populares no comparten la postura que sí defendieron Unión del Pueblo Leonés (UPL), el Grupo Socialista, UPL-Soria ¡YA! y el Grupo Mixto, con la abstención de Vox. Y porque como recordó el portavoz gubernamental “en la labor legislativa” sólo “las leyes son de obligado cumplimiento, un mandato para el Gobierno de Castilla y León”.
De ese modo, certificó Carriedo que la polémica Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León continuará adelante en su andadura, algo que el portavoz dejó claro: “Nuestra posición es que vamos a trabajar para fortalecer ese objetivo de celebrar actividades en el año 2030”, en la conmemoración de los 800 años en que bajo la corona del rey Fernando III se unieron los reinos de León y de Castilla en el año 1230.
Además, sí se aferró a otro punto de la PNL que sí salió adelante con los votos de todos los grupos parlamentarios, incluido en este caso el propio PP, en el sentido de que “en el caso de que la Junta pretenda impulsar actividades conmemorativas de la unión en 1230 bajo un mismo monarca de las coronas de León y de Castilla, cuente con las otras Comunidades Autónomas a las que afectaría este acontecimiento e invite a participar a Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía y Canarias”.
De este modo, Carriedo terminó de ratificar que omitirán el mandato parlamentario en contra de la Fundación, porque, dijo, “la posición de las Cortes coincide en que ampliemos la celebración de la unión de los reinos de León y de Castilla hacia otras comunidades autónomas que también se han visto beneficiadas por aquel proyecto común que al final también dio luar al gran proyecto común que es España”.
