San Justo de la Vega recurre la autorización de Suárez-Quiñones al macrovertedero de residuos industriales peligrosos

El Ayuntamiento de San Justo de la Vega ha decidido acudir a los tribunales para paralizar la autorización ambiental otorgada por la consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León que dirige el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones al macrovertedero de residuos industriales peligrosos y no peligrosos promovido por el empresario babiano Macario Fernández. El consistorio ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo, según ha podido conocer este periódico, contra la polémica autorización firmada el pasado mes de julio por el político leonés actual presidente interino del Partido Popular en la provincia.

El pleno del Ayuntamiento, gobernado por el PP con mayoría absoluta, avaló la presentación del recurso con el visto bueno de todos los partidos tras la propuesta del alcalde Juan Carlos Rodríguez de interponer el recurso. Este ayuntamiento acoge también el vertedero provincial o Centro de Tratamiento de Residuos en San Román de la Vega. Pero el polémico macrovertedero de residuos industriales peligrosos ha movilizado a la población en contra y han decidido recurrirlo.

El macrovertedero recibió el pasado 30 de julio el visto bueno ambiental y el 6 de agosto la autorización como proyecto regional, pese a tener un durísimo informe en contra del Servicio de Residuos del Gobierno autonómico, que criticaban el proyecto y lo acusaban de usar datos inventados, calificándolo de innecesario. La Junta levantó esos peros con nuevos informes y acabó otorgándole autorización.

El Ayuntamientode San Justo de la Vega considera que este proyecto resulta muy lesivo contra los intereses municipales. Y ello pues “va a suponer un gran incremento de transporte de residuos en el territorio municipal, así como el depósito de una cantidad muy significativa de residuos en el municipio, hasta un millón de toneladas de residuos peligrosos”. “Este tipo de centros de gestión y vertido de residuos genera lógicamente un gran malestar social” e impedirá y obstaculizará “el desarrollo de otro tipo de iniciativas de tipo agrícola, ganadero, turístico” en el municipio. A ello se suma que desde la Administración Local consideran que la ubicación de este vertedero “no es la adecuada” dado que se ubica sobre las cuencas vertientes de dos arroyos. Por todo ello, han acordado elevar el ejercicio de acciones para que el Tribunal Superior de Justicia resuelva sobre esta cuestión de modo técnico y objetivo.

El proyecto está promovido por una sociedad llamada Valorización Verde SA, que en el momento de presentación del proyecto era una filial del grupo Asturiana de Laminados, la sociedad de cabecera del empresario de Babia y 'rey del zinc', Macario Fernández. El proyecto se denomina ‘Parque Medioambiental de Tratamiento de Residuos' y la sociedad promotora ya está desvinculada del grupo asturiano aunque el empresario sigue figurando como administrador aunque asegura que no tiene vinculación accionarial.

Tal y como desveló el pasado mes de agosto una investigación de ILEÓN y elDiario.es el empresario mantuvo contratado a un hijo del consejero de Medio Ambiente de Castilla y León como alto directivo al tiempo que tramitaba el proyecto. Según el consejero y la empresa, el hijo mantenía funciones básicas pero figuraba en documentos como alto directivo y que en el momento de autorización del proyecto ya no estaba en la empresa. Suárez-Quiñones también firmó una legalización de una cabaña en el parque natural de Babia al empresario envuelta en una polémica urbanística con el ayuntamiento de Cabrillanes.

El macrovertedero que ha obtenido los parabienes de la Junta se compone de dos vertederos que ocuparán 140 hectáreas, al lado del actual CTR. La vida útil estimada para enterrar residuos es de 20 años: 20 para los residuos no peligrosos y 15 para el vaso de residuos peligrosos. La capacidad de los vertederos es para los residuos industriales no peligrosos de 2.744.679 m3 y para los residuos industriales peligrosos: 796.136 m3. Traducido en toneladas al año es de 55.000 toneladas al año para enterrar residuos peligrosos, 825.000 en su vida útil estimada de 15 años, y de 104.000 toneladas para los residuos no peligrosos.

El proyecto ya ha sido recurrido por Ecologistas en Acción Ecologistas, por entender que no hay justificación del proyecto, el alto riesgo de contaminación con sustancias tóxicas sobre masas de agua, ya que la zona es inundable. El partido leonesista UPL ha mostrado este fin de semana su rechazo al proyecto, denunciando que la Junta quiere convertir la zona en un “polo de concentración de residuos peligrosos”. Ahora es un ayuntamiento goberndo por el PP que el recurre el proyecto por considerarlo contrario a los intereses de sus vecinos y vecinas.