La Policía Nacional consigue que paguen lo que costó la investigación los autores de una denuncia falsa hace 9 años
La Comisaría Provincial de León resalta este miércoles el éxito de una costosa y exhaustiva investigación que se inició hace nueve años, en 2016, a partir de una denuncia falsa de alguien que dijo haber sido atracado con violencia, y que ha culminado esta semana con la condena de ese mismo hombre por simulación de delito y estafa a una aseguradora.
Lo novedoso del caso, y que resalta el cuerpo policial en una nota de prensa de la Subdelegación, es que el juez, además de la condena penal, impone a los autores a pagar a la Policía Nacional una indemnización por el coste del enorme esfuerzo y medios empleados para demostrar que la denuncia y los hechos habían sido falsos y simulados.
El caso comenzó cuando un hombre denunció haber sido víctima de un violento asalto a las puertas de su domicilio. En su declaración ante los agentes, el denunciante aseguró que dos individuos desconocidos lo abordaron con gran agresividad y le obligaron a entregar su cartera con dinero y documentos, joyas y el teléfono móvil.
A partir de esta denuncia, la Policía Nacional, a través del grupo de delincuencia especializada y violenta (UDEV) de León, inició una investigación minuciosa que se prolongó hasta el año 2019.
Los agentes llevaron a cabo un análisis detallado de las descripciones físicas de los supuestos asaltantes, cotejaron identificaciones previas y revisaron todas las intervenciones policiales en la zona. Sin embargo, las pruebas recabadas pronto apuntaron a que los hechos no ocurrieron tal como los relató el denunciante. Y el caso dio un giro.
Durante la investigación, se detectaron transacciones bancarias sospechosas y contradicciones en el testimonio del denunciante, lo que permitió determinar que la denuncia era falsa, continúa la nota. Como resultado, la Policía recopiló suficientes evidencias para demostrar que se trataba de una simulación de delito y un intento de estafa a la compañía de seguros.
Con todos estos indicios, el caso llegó al Juzgado de lo Penal 2 de León capital, donde el acusado fue finalmente condenado. Pero además de la pena impuesta, se le ordenó el pago de un total de 1.623 euros en concepto de responsabilidad civil. La Dirección General de la Policía, que se personó como perjudicada, reclamó los costes derivados de la investigación. Se aplica a este delito las previsiones generales del artículo 109 y siguientes del Código Penal y específicamente se aplican las referentes a la reparación del daño y a la indemnización de daños y perjuicios materiales y morales causados a la víctima, que en este caso también fue la administración pública.
Y es que recuerdan que las simulaciones de delitos representan un grave perjuicio para las arcas públicas, ya que obligan a emplear y malgastar recursos que deberían destinarse a las verdaderas víctimas. Este caso subraya la determinación de la Policía Nacional en la lucha contra el fraude, que en la nota resalta que quienes intenten engañar al sistema con este tipo de maniobras serán identificados y llevados ante la justicia.
