La guerra renovable en Villamejil: las juntas vecinales se alzan contra Capital Energy por el uso de sus tierras
El Ayuntamiento de Villamejil y las juntas vecinales de Castrillos de Cepeda, Cogorderos y Villamejil se han levantado en contra del “giga polígono industrial” en forma de cuatro macroques solares que la empresa Capital Energy promueve en sus terrenos comunales y que ya han recibido el visto bueno ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Las cuatro instituciones han expresado en un comunicado “nuestro más absoluto rechazo tanto al proyecto como a los métodos mafiosos que emplea la empresa para doblegar la voluntad de los legítimos propietarios de los terrenos afectados”. Se refieren a que, a fecha de hoy, no hay un acuerdo para el uso de esos terrenos entre la empresa promotora y las instituciones dueñas de los terrenos comunales. Según Capital Energy “Seguimos negociando con los propietarios de los terrenos involucrados los pertinentes contratos de arrendamiento”, sin determinar si ya poseen derechos sobre los mismos.
El macroparque, troceado en cuatro denominados Formosa, Colibrí, Atenea y Lirio, ocupará unas 800 hectáreas de terreno, en su mayoría comunal, lo que ha provocado la indignación de los afectados, “Queremos hacer pública nuestra indignación, que no tanto nuestra sorpresa, por el hecho de que Capital Energy siga adelante con un proyecto que desde un inicio cuenta con el rechazo de los propietarios legales de los terrenos”.
Compañía e instituciones mantuvieron en 2022 una reunión sobre el proyecto sin acuerdo alguno que dejó más dudas que certezas. Las juntas vecinales aseguran que la compañía promotora señaló que su intención era hacer el macroparque aunque supusiera “no respetar en absoluto la voluntad de los propietarios de los terrenos donde ellos necesitaban instalarse”. “Para ellos, en su torre de marfil de la gran ciudad, son solo hectáreas de terreno rústico sin ningún valor salvo para que, caiga quien caiga, ellos puedan sacar su rendimiento económico. Y los que van a caer son los arrendatarios legales de esos terrenos, vecinos de los pueblos que los han venido aprovechando desde tiempos inmemoriales como bienes comunales que son. Y que los necesitan para sobrevivir en el medio rural y así para fijar población, permitiendo el relevo generacional que asegure la supervivencia de nuestros pueblos”, señalan.
Fuentes de Capital Energy señalan a este medio que no se han iniciado procesos de expropiación o de Declaración de Utilidad Pública (DUP), “ya que, para la compañía, en el marco de su talante negociador, siempre ha sido una prioridad llegar a acuerdos que beneficien a ambas partes”. En caso de no haber acuerdo con los propietarios la ley permite expropiar su uso siempre y cuando los proyectos reciban esa Declaración de Utilidad Pública que los avale. La compañía no aclara que opte finalmente por esta fórmula jurídica en caso de desacuerdo con las juntas vecinales.
Los pueblos afectados señalan además que ya están contribuyendo a la transición energética mediante dos macroparques de 200 hectáreas que licitaron y gestiona la empresa Solaria, “Por lo tanto, entre los tres pueblos dedicamos más terreno a la producción de energías renovables que algunas Comunidades Autónomas”.
Los presidentes de las juntas vecinales denuncian además la posición “inane” de los partidos políticos, “Desde los de la izquierda de la izquierda a los de la derecha de la derecha repiten eslóganes en contra de la despoblación, a favor de la España vaciada o en contra de la ocupación, pero a la hora de posicionarse públicamente en contra de estas barbaridades descubrimos que son solo eso, eslóganes vacíos”.
Capital Energy insiste en que en el marco de estos proyectos “se ha ofrecido a los ayuntamientos y a las juntas vecinales ampliar los beneficios intrínsecos al desarrollo de estas plantas (inversiones, empleo e impuestos locales en fase de construcción y de operación y mantenimiento) a través de la firma de convenios ligados a nuestro Proyecto Territorios, en línea con los que ya se han suscrito con más de 30 municipios castellanos y leoneses (sorianos, leoneses, abulenses y palentinos)”.
La entidades señalan que “Vamos a tomar todas las medidas a nuestro alcance para defender lo que por ley y tradición es nuestro patrimonio” y que “nos vamos a oponer a cualquier acción de la compañía encaminada a que esos engendros salgan adelante. No permitiremos ni mediciones, ni catas, ni toma de muestras en nuestros terrenos. Así mismo presentaremos cuantas alegaciones, recursos, demandas o cualquier otra actuación que consideremos necesaria en defensa de nuestros derechos”.
Las juntas vecinales de Castrillos de Cepeda, Cogorderos y Villamejil señalan que en este asunto “probablemente Capital Energy esté defendiendo su cuenta de resultados ante sus accionistas, pero nosotros estamos defendiendo nuestra supervivencia ante el futuro de las próximas generaciones”.
