El Gobierno exime del trámite de impacto ambiental a la modernización de regadíos en la margen izquierda del Porma
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha resuelto eximir del trámite de impacto ambiental al proyecto de modernización del regadío en la Comunidad de Regantes de la margen izquierda del Porma, en lo que concierne a los sectores II y III y la fase I, según publica en su edición de este lunes el BOE (Boletín Oficial del Estado). La medida se apoya en la potestad del Consejo de Ministros para evitar este proceso en el caso de iniciativas financiadas total o parcialmente por fondos europeos incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que no supongan construcciones de nueva planta o aumento de la superficie afectada.
El proyecto consiste en la modernización de una superficie de 2.089 hectáreas del sector II y 2.666 hectáreas del sector III hasta sumar un total de 4.756 hectáreas en la Comunidad de Regantes de la margen izquierda del Porma. La pretensión es generar ahorro en el consumo de agua y mejorar la eficiencia del regadío al implantar un sistema energéticamente eficiente y sostenible con el medio ambiente. Para ello, se llevará a cabo sendas balsas de regulación, redes de riego presurizado con una gestión del consumo de agua a través de un sistema de telecontrol y sendos parques solares fotovoltaicos, que suministrarán hasta un tercio de la demanda energética de ambos sectores de riego y una reducción de emisiones de 923.594 kilogramos al año de CO2, lo que supone una disminución del 46,09 % de las emisiones actuales procedentes de combustibles fósiles, según reza la publicación en el BOE.
Como la modernización está financiada parcialmente por el Instrumento Europeo de Recuperación a través del Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos, la iniciativa puede acogerse a la excepción dictada por el Consejo de Ministros para ser eximida de pasar el trámite del impacto ambiental. La Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seisa) es la promotora de la fase I (financiada mediante el Instrumento Europeo de Recuperación), mientras que la Junta de Castilla y León sufragará la fase II.
Con la finalidad de garantizar la protección ambiental pese a prescindir del trámite de impacto, Agricultura aclara que para el caso de proyectos que se beneficien de la exención se aplicará un protocolo. Este documento establece “un conjunto articulado de documentos, que garantizan la plena sujeción a los principios de precaución y acción cautelar, desarrollo sostenible e integración de los aspectos ambientales en la toma de decisiones”. “El cumplimiento del mismo, por tanto, constituye una forma alternativa de evaluación”, concluye.
