MEMORIA DEMOCRÁTICA

— León Antiguo

Ramiro Armesto y Emilio Francés, dos dirigentes de León frente al pelotón de fusilamiento

Hoy, con una opinión pública dividida entre los que prefieren olvidar el pasado violento y los que piden desenterrar las fosas comunes, los represaliados de la Guerra Civil sufren una merma en la memoria colectiva. En León, dirigentes de primera fila como Emilio Francés y Ramiro Armesto fueron fusilados, aunque, lamentablemente, su recuerdo no supera la mínima dignidad de darle su nombre a una calle, acaso porque la memoria suele ser injusta con los perdedores.

Gabriel García Márquez nos descubrió lo que pensaba el coronel Aureliano Buendía frente al pelotón de fusilamiento. Pensó en la tarde en que había conocido el hielo. Pero no sabemos lo que pasó por la mente de Ramiro Armesto y Emiliano Francés cuando les apuntaban los fusiles en Puente Castro; tal vez sólo vieron el brillo de pedernal en los ojos de sus ejecutores o quizá el estupor les congeló el alma. Hoy, casi noventa años después, la opinión pública española está dividida entre los que creen que hay que tapar y pasar página tras aquella represión y los que consideran que hay que investigar, ventilar, dar a conocer y poner en valor las pérdidas humanas. Tema espinoso, que ahonda aún más en la división de los españoles.

En León se ha sufrido la violencia en sus múltiples variantes. Sin ir más lejos, la presidenta de la Diputación Provincial, Isabel Carrasco, cayó mientras cruzaba la pasarela del río Bernesga, víctima de un odio enfermizo, hace poco más de una década, el catorce de mayo de 2014. Recordar es ceder la palabra a los que ya no tienen voz. Tras haber pasado casi un siglo de la Guerra Civil, aún quedan huesos fuera de la tumba familiar, un drama que consume odio y deja viva la llama del rencor; también de la esperanza. No se cierra la herida hasta que no sana bien la postilla.

Represión de una guerra incivil

En julio de 1936, la provincia de León quedó partida durante más de un año en dos franjas desiguales, la republicana del norte y la nacional del sur. Luego, todo el territorio fue dominado por los que se habían sublevado. Conviene recordar que hubo dos represiones aquí: la republicana, que padeció deficiencias en el control y represión de “sus enemigos”, practicando una violencia incontrolada e irregular sobre curas, miembros de derechas, mujeres de guardias civiles, caciques comarcales… y otra, la nacional, basada en un terror organizado y sistemático, más organizado y por tanto más eficaz. En ambos casos las causas fueron de carácter ideológico, profesional, social, económico y/o emocional.

Las modalidades más usadas en la represión de leoneses fueron los «paseos» y los consejos de guerra. Con la práctica de los 'paseos' se ejerció una represión irregular, espontánea, no ejercida por las autoridades, aunque consentida por las mismas; en cambio, con los consejos de guerra se puso en marcha una represión selectiva de autoridades, políticos, sindicalistas y profesionales destacados por su labor o inclinación ideológica y política. Hubo paseos en cunetas, campos de tiro, eras, paredones de cementerio y parajes apartados, un semillero esparcido por toda la geografía provincial. Así cayeron Pío Álvarez, Julio Marcos Candanedo, Teresa Monge, Vicente Simó, Ángel Arroyo... y muchos leoneses anónimos que murieron sin saber por qué. Morir sin tener conciencia real del motivo suma angustia a la tragedia.

Los juicios sumarísimos –aberrantes y plagados de errores– fueron contra los acusados que habían sido fieles a las leyes oficiales del país, siendo sus jueces y verdugos los que rompieron con la legalidad vigente anterior a julio del 36. El país se dio la vuelta. Y todo por justificar la sublevación militar como una acción necesaria, nacional y patriótica contra las garras del comunismo, el separatismo y varios 'ismos' más. Se exageraron los motivos para coger altura de miras y buscar una justificación moral. Lo cierto es que en León, los dirigentes políticos de la Segunda República eran tipos sensatos y normales, sin extremismos ni escapadas al monte. Cierto que hubo episodios de tensión, choques callejeros, conatos revolucionarios, disturbios públicos, pero ninguno de esos hechos justifica una limpieza organizada para exterminar a los enemigos. La anomalía jurídica de los golpistas impuso penas desde seis años por auxilio a la rebelión hasta veinte o treinta años por adhesión a la rebelión militar. Habría que preguntarse qué rebelión era esa. ¿La rebelión contra el Glorioso Movimiento Nacional? Suena a falsa justificación, a esperpento.

Al analizar aquel cruel escenario, algunos hechos resultan clamorosos: en el salón de sesiones de la Diputación Provincial fueron juzgados el cuatro de noviembre de 1936 los principales responsables políticos de la Segunda República en León y ejecutados a los pocos días: el gobernador civil (Emilio Francés), el presidente de la Diputación (Ramiro Armesto), el alcalde de León (Miguel Castaño), el presidente provincial del Frente Popular (Félix Sampedro), un miembro de Unión Republicana y catedrático del Instituto (Manuel Santamaría), socialistas como Anastasio Carrillo y otros miembros de diferentes organizaciones o tendencias (Lorenzo Martín Marasa, Lorenzo Martínez Vaca, Nicostrato Vela, Antonio Fernández Martínez, José María de Celis, Modesto Sánchez Cadenas, Onofre G. García, Jesús González Rodríguez…).

El sistema selectivo de fusilamientos resultó implacable y no perdonó a alcaldes de la provincia, como los de Cármenes, Ponferrada, Astorga, Sahagún, Valderas, Vegacervera, etcétera, ni a militares fieles a la República: fue el caso de Juan Rodríguez Lozano (abuelo de José Luis Rodríguez Zapatero) y Timoteo Bernardo. La lista no se agota en este párrafo, ni mucho menos. Fueron numerosos los cenetistas y ugetistas que pasaron tribunal y luego se les colocó frente al pelotón. Estudiosos como Javier Rodríguez y Wenceslao A. Oblanca ofrecen unos listados largos en León, de hecho, lejos de disminuir, el número de juicios sumarísimos aumentó tras la caída del Frente Norte, en octubre de 1937. Esa fase de la represión escaló en la ignominia por el volumen y la crueldad.

Muchos de los 10.000 milicianos leoneses que combatieron a favor de la República fueron llevados presos a San Marcos, a la espera de juicio, convirtiendo el lugar en un campo de concentración de presos hacinados, desnutridos, maltratados y llenos de piojos. Sin mencionar a los batallones de trabajadores empleados en canteras, moltura de piedras y construcción de caminos, como los de Fabero, Matarrosa del Sil, Valdearcos, Valencia de Don Juan y otros más. Secundino Serrano da la cifra de 1.018 fallecidos por fusilamientos, sacas o paseos procedentes de San Marcos. Tras el escarnio de las cifras, este país necesita concordia y reconciliación, no olvido.

Armesto, un joven político leonés

Merecen comentario los dos principales dirigentes de León en aquellos meses anteriores al golpe militar de 1936. Ramiro Armesto Armesto era abogado de profesión, católico de convicción y persona bondadosa, según testimonios de quienes lo trataron. Fue un buen deportista, portero profesional de futbol en sus años jóvenes. No deseaba ser presidente de la Diputación Provincial de León, pero sus colegas y compañeros le animaron a que diera el paso. Había nacido en 1905 en Villafranca del Bierzo y era militante de Unión Republicana desde 1934, partido fundado por Diego Martínez Barrio para distanciarse de la línea política de Alejandro Lerroux. La divisa de este partido era el laicismo y el republicanismo reformista y parlamentario, un credo que tenía puntos en común con el partido de Azaña. Armesto no fue en absoluto extremista o radical; más bien de centro-izquierda, moderado, de extracción social pequeñoburguesa.

Imposible entender que fusilaran a un joven de 31 años con un cargo de responsabilidad público, de hecho era el presidente de Diputación más joven de España, con una actuación impecable, apreciado por todos, dialogante y empático. Fue un liberal, un demócrata, un defensor del parlamentarismo. Cierto, que había prestado sus servicios –antes del cargo político– como abogado a los mineros imputados por sucesos subversivos en Boñar, en el contexto de la Revolución de Octubre de 1934, pero sólo ejerció de abogado defensor, llegando a formar parte de la ASO (asociación de defensores de los encausados por los hechos de octubre de 1934).

En las elecciones de 1933, Armesto se presentó al Congreso de los Diputados por los liberales republicanos de León. No salió elegido diputado. Tampoco en febrero de 1936. Había sido nombrado presidente de la Diputación en marzo de ese mismo año, por tanto, apenas llevaba cuatro meses en el cargo. Fue detenido al tiempo que Emilio Francés y Miguel Castaño. Seguidamente sería conducido a la prisión de San Marcos, donde permaneció desde el 20 de agosto hasta el ocho de noviembre de 1936, siendo ejecutado trece días después.

Emilio Francés, un riojano como jefe político de León

Emilio Francés Ortiz de Elguea fue otro de los responsables públicos imbuidos de sensatez. Había nacido en Haro (Logroño), en 1876. De profesión, industrial harinero, además de presidente de la Unión Mutua Mercantil de Logroño, un círculo empresarial que defendía intereses corporativos. Cuando llegó a León estaba viudo y era padre de once hijos. Tenía 60 años en el momento en que le colocaron frente al pelotón de fusilamiento, en el campo de tiro de Puente Castro. Había aceptado el cargo de gobernador civil de León unos meses antes, sustituyendo en el sillón a Hipólito Romero Flores, otro represaliado leonés que consiguió salvar el pellejo, aunque vivió en el ostracismo hasta su muerte.

Francés había sido alcalde de Logroño de 1918 a 1920, para luego convertirse en un referente liberal y republicano en su provincia natal. En 1933 formó parte del Comité Provincial de Acción Republicana de Logroño. Esta formación política había sido una creación de Manuel Azaña, líder que no quiso vincularse a partidos republicanos históricos, tratando de crear un novedoso proyecto para transformar el país. Tuvo el beneplácito de intelectuales y clases medias urbanas, aplicando unas reformas sociales adelantadas para la época. Tras la derrota electoral de 1933, afianzó el partido para crear Izquierda Republicana, formación decisiva en el triunfo electoral del Frente Popular.

En este proyecto político estuvo implicado Emilio Francés. Cuando fue detenido en León, su gestión no contenía ninguna decisión equívoca o censurable. El 17 de julio de 1936 le sorprendió el alzamiento militar regresando de un viaje al Bierzo. Inmediatamente se puso a disposición de los gobernantes de la República en Madrid y fue engañado por el gobernador militar de la plaza, general Bosch, y por el coronel Lafuente, que le aseguraron estar a favor de la República y en contra del golpe militar. Aquel enredo le acabaría costando la vida.

Alfredo Nistal y otros dirigentes de izquierdas acudieron al despacho de Francés para solicitarle un reparto de armas a las organizaciones obreras como única medida para contener la sublevación en León, pero él se negó, por lo radical de la medida. Sólo accedió a entregar armamento a la columna de mineros procedente de Asturias y con destino a Madrid. Tal concesión fue a cambio de que abandonaran la provincia de León. Finalmente, Bosch ordenó su arresto, entrando en un bucle que le llevó a la muerte.

Una calle para Armesto y otra para Francés

Logroño ha puesto en 2020 el nombre de 'Alcalde Emilio Francés' a una calle céntrica de la capital. En León no han sido tan generosos. Tampoco la tiene Ramiro Armesto, ni otros fusilados como Manuel Santamaría, por poner algún ejemplo, casi con la única excepción de Miguel Castaño, que fue recordado con una avenida por la primera Corporación socialista de la democracia.

El periodista Jesús López de Uribe, en su ánimo de administrar justicia reparadora, ha reivindicado un justo lugar en el callejero leonés a estos represaliados caídos en el olvidado. Incluso ha propuesto calles concretas para facilitar la labor a quien tenga que tomar esa decisión.

Uribe propuso estos cambios: Pilotos Regueral por Ramiro Armesto, General Lafuente por Emilio Francés, Las Campanillas por Joaquín Heredia Guerra, José María Fernández por Manuel Santamaría. Sólo una de ellas ha cambiado de nombre, sin recoger la propuesta antes mencionada. Pese al olvido infligido, el periodista sigue dando argumentos que hoy conviene refrescar: “Fueron buenas gentes, apreciados por todos, que muchísimos intentaron salvar del horror de una muerte anunciada, espantados por unas acusaciones y juicios injustos y que fueron fusilados o paseados sólo por haber sido representantes públicos en la República”.

Decía Faulkner que el pasado no está muerto; es más, ni tan siquiera es pasado, especialmente si aún no está resuelto.