La Junta aún permite que convivan en el instituto de Villablino alumnos agresores y víctimas del montaje de desnudos con IA
Cuatro días después de que se interpusieron hasta cuatro denuncias ante la Guardia Civil por la generación de imágenes manipuladas con Inteligencia Artificial (IA), por parte presuntamente de alumnos de un instituto público de Villablino, en León, representando desnudas a varias escolares menores de edad del mismo centro, unos y otros jóvenes continúan conviviendo con normalidad en el centro escolar sin que la Junta de Castilla y León ha adoptado ninguna medida al respecto, ni siquiera cautelar.
El portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha tildado los hechos de situación “desagradable” por algo que debe ser “perseguido por todos los medios”. Sin embargo, ha insistido en que la identificación de responsabilidades dentro del ámbito educativo es compleja.
Detalló que la Junta ha iniciado los procesos de investigación internos que corresponden dentro del ámbito educativo, a través de la comisión encargada de evitar conflictos escolares y garantizar la protección de los menores, pero derivó la responsabilidad en que “la competencia principal recae en la Justicia y las fuerzas de seguridad”, ya que “la administración educativa no tiene la capacidad para investigar comunicaciones privadas ni intervenir en la recopilación de pruebas”.
El portavoz relegó a la posibilidad de que la Junta actúe, bien desde su exclusiva competencia educativa o bien desde su competencia social para la protección de menores y también de víctimas de violencia sexual, a que la investigación policial y judicial decida dentro de un tiempo si adopta alguna medida sancionadora respecto a alguien vinculado al IES Obispo Argüelles.
“Nosotros no queremos en ningún caso una media educativa pueda llegar a perjudicar a las víctimas” menores, algo que “ocurre a veces” cuando “al que se mueve de sus sitios a la víctima”, dijo. Pero tampoco defendió que se aparte, siquiera de manera temporal, a los alumnos investigados como autores o como difusores de las imágenes vejatorias porque “sin pruebas podemos nosotros castigar a ningún culpable si la justicia y las fuerzas del Estado están ahora investigando quiénes son”. Según su declaración, al no disponer de acceso directo a la información sobre la producción o difusión en redes sociales de las imágenes, la Junta debe fiarse sólo de las conclusiones de la Justicia en este caso.
Sí explicó que, hasta el momento, ninguna de las familias de las menores afectadas ha solicitado la intervención de los servicios de protección de la Junta, motivo por el que la administración se mantiene a la espera. “Cualquier decisión debe tomarse con prudencia y teniendo en cuenta la seguridad tanto dentro como fuera del aula”, para garantizar la protección de las menores afectadas “sin comprometer el proceso judicial en curso”. Un proceso que de momento está en manos de la Guardia Civil y tramitada por el Juzgado de la comarca de Laciana.
