Victorino Alonso señala a la Fiscalía otra explotación “fantasma” del empresario leonés de la mina mortal de Cerredo

La empresa Proyectos Mineros e Ingeniería SA (Promining), vinculada al magnate minero leonés Victorino Alonso, que cumple condena de prisión por varios desmanes ambientales en la provincia de León, ha presentado una nueva denuncia ante la Fiscalía de Asturias en la que alerta sobre la existencia de una supuesta mina subterránea “fantasma”, en un cielo abierto oculto, en Tormaleo (Ibias), próxima a la conocida como Mina Miura.
Según detalla la denuncia formal, a la que ha tenido acceso ILEÓN, y siempre según su versión, esta nueva explotación carece de autorización legal y estaría operando fuera del perímetro de las concesiones mineras otorgadas a su titular, Carbones La Vega. Se trata de una sociedad que pertenece al mismo entramado empresarial que Blue Solving, gestora de la mina de Zarréu en Cerredo donde una explosión mató la semana pasada a cinco mineros y dejó heridos a otros cuatro en el mayor accidente de la minería en España de los últimos años. Detrás de Carbones La Vega, Blue Solving, Cristal Mining y otras está el empresario leonés Adrián Rodríguez Rodríguez.
En el escrito a la Fiscalía, el administrador único de Promining advierte que la empresa sólo posee licencia para operar una mina subterránea en la zona de Miura, pero que no existen indicios de actividad minera allí desde hace tiempo. Como ejemplos, incluye imágenes de la cinta transportadora de carbón y otros medios técnicos en la bocamina, visibles hasta 2020, que aseguran que ya no están presentes. Sin embargo, remarcan que en otra zona, cerca del lavadero de la mina, hay imágenes aéreas que identifican lo que parece otra explotación activa a cielo abierto, con maquinaria, acopios de madera y plazas de servicio visibles. Aportan imágenes de Google Earth.
Esta explotación “fantasma” se encuentra, según planos topográficos aportados por la compañía del entorno de Victorino Alonso, completamente fuera de las concesiones otorgadas en 2018 por el Principado de Asturias, -'Abundancia' Nº 18.713 y 'Demasía a María de los Ángeles' Nº 23.637- ambas adquiridas por Carbones La Vega. La denuncia sugiere que la empresa podría estar extrayendo carbón de forma ilegal, sin los permisos correspondientes y fuera del control de las autoridades.

La situación se agrava con las imágenes recogidas el 31 de marzo por Promining, donde se aprecia una retroexcavadora cargando carbón a un camión y otra trabajando en un nuevo tajo a cielo abierto, supuestamente bajo una licencia para minería subterránea. Esta actividad, que Promining califica de irregular, ya había sido comunicada en anteriores denuncias dirigidas al Principado de Asturias. Estiman que las labores a cielo abierto podrían afectar a 9,56 hectáreas nuevas, y para ponerlo peor podrían afectar a zonas protegidas como la Red Natura 2000, la Reserva Natural de Muniellos y el Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias.
Promining, teniendo en cuenta los trágicos antecedentes del siniestro mortal de la mina de Cerredo, insta a la Fiscalía a investigar de manera urgente estos hechos, bajo el argumento de evitar nuevas tragedias laborales y medioambientales.
Lo cierto es que viene de lejos el enfrentamiento del entramado empresarial de Alonso con el del también empesario minero leonés Adrián Rodríguez. Apenas 15 días antes del siniestro mortal de Cerredo, presentó un escrito en el que cuestionaba los planes de reapertura de aquella explotación del concejo de Degaña , así como su pretensión de reabrir otra más en el concejo de Ibias.

También mantienen enfrentamiento en la provincia de León, donde Cristal Mining Coal proyecta la reapertura en la denominada concesión 'Tercera Petronila' ubicada en montes de Sosas de Laciana, municipio de Villablino, para tratar de recuperar tres galerías abiertas por la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) entre los años 1997 y diciembre de 2001, mientras mantuvo activa esta explotación, que después pasó brevemente a Coto Minero Cantábrico, de Victorino Alonso.
Desde la Junta de Castilla y León, que ha ido tramitando favorablemente este proceso, se explica que permanece parado actualmente al habérsele reclamado nueva documentación en diciembre de 2024 que aún no ha cumplimentado y anunciando que, dados los peligrosos precedentes de la compañía, la administración será escrupulosa con toda la tramitacion.
Pero por si acaso, Promining ha pedido a la Dirección General de Minas de la Junta y al Instituto de Transición Justa del Ministerio para la Transición Ecológica que no conceda autorización de explotación, aduciendo una serie de dudas y presuntas irregularidades sobre su concesión y las ayudas al cierre de la explotación.