Uscal reitera su rechazo al cierre de las unidades veterinarias en la provincia de León
La Unión Sindical de Castilla y León (Uscal) reiteró hoy su rechazo a la supresión de las unidades veterinarias de la provincia de León por entender que se trata, como ya han indicado otras organizaciones agrarias, de un servicio “importante tanto para los ganaderos como para el medio rural” al ser “generador de empleo”. A juicio del sindicato, la propuesta de reestructuración de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta es “una verdadera provocación” a los agricultores y ganaderos de la comunidad y un “intolerable oprobio” para los funcionarios.
Uscal insistió en esta postura que recordó viene defendiendo desde que la Consejería de Agricultura y Ganadería “amagó” en 2013 con una reordenación de las unidades veterinarias de Castilla y León que tenía como consecuencia el cierre de 29 de ellas, cuatro en la provincia de León –Boñar, Babero, Riello y Santa María del Páramo- y que comportaba el “desmantelamiento” de las 118 Unidades de Desarrollo Agrario (UDA) que pasaban a denominarse Unidades Agrícolas Comarcales y que se reducían a 50 en Castilla y León.
A través de un comunicado, el sindicato exigió una “inmediata respuesta” por parte del Ejecutivo autonómico, a quien exigió que no primen “criterios economicistas” porque lo prioritario es “el mantenimiento de empleo joven” que permita la viabilidad de las explotaciones. También se lamentó que el “desmantelamiento” de la estructura administrativas en las zonas rurales quede “suficientemente acreditada” cuando la Junta ha permitido que las UDA tengan “un déficit de personal técnico” que supera el 80 por ciento de sus puestos de trabajo.
De la misma manera, consideraron que el uso de las nuevas tecnologías en el medio rural no puede “comportar la aminoración o eliminación” de las funciones de los ingenieros, además de que se entiende “necesario” el mantenimiento de “todas” las unidades veterinarias, concediendo únicamente la reasignación de algunos municipios a otras unidades para “facilitar” la gestión de la explotación agraria.
Por último, se insistió en que el cierre anunciado no puede justificarse con criterios de eficiencia económica y de personal ya que “no va a suponer ni un verdadero ahorro económico ni una optimización de los recursos humanos”, sino que supondrá la “eliminación de las pocas estructuras administrativas que aún quedan” en el medio rural y la disminución de la calidad en la prestación de los servicios sanitarios, lamentaron.
