La Hullera Vasco-Leonesa defiende la seguridad en la mina que murieron 6 personas y desmiente el temor de los mineros

El que fuera director general de la Hullera Vasco-Leonesa, Mario Calvo (C), llega al juicio por la muerte de seis mineros en el Pozo Emilio del Valle.

Elisabet Alba / Agencia ICAL

La tercera sesión del juicio por el accidente minero del Pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco-Leonesa en el que fallecieron seis mineros el 28 de octubre de 2013 ha sido maratoniana y se ha alargado durante cerca de ocho horas con apenas un breve receso de cinco minutos. A lo largo de la mañana y de la tarde, el director general de la empresa, Mario Calvo Herce, y el director facultativo, José Eliseo Solís, ambos acusados en el procedimiento, aseguraron que en la explotación “no ocurría nada fuera de lo normal en la explotación de una mina con gas”, aseveraron que en todo momento se cumplió con la normativa de seguridad y que el accidente fue “impredecible”, por lo que no se podría haber evitado de ninguna de las maneras.

“No ocurría nada fuera de la normalidad de la explotación de un taller de una mina de categoría tres”. Con estas palabras, el director general de la Hullera Vasco-Leonesa, Mario Calvo Heces, quiso dejar claro que la presencia de “altos valores de metano que alcanzaron incluso el dos por ciento muchos días” era una situación “contemplada y normal en una explotación de una mina con gas”, que requiere de “medidores y cortes de corriente para evitar un mal mayor”.

El director general de la empresa minera fue el encargado de abrir este miércoles la segunda sesión de declaraciones de los 16 acusados en el juicio que se celebra desde este lunes en el Juzgado de León por la muerte de seis mineros el 28 de octubre de 2013 en el denominado Pozo Emilio, perteneciente a la Hullera Vasco-Leonesa.

Después de que en la jornada de ayer la cúpula de la compañía -compuesta por su director, Antonio del Valle, su vicepresidente, Arturo del Valle, y el vocal, Aurelio del Valle- asegurase que ignoraba cualquier riesgo inusual en el pozo siniestrado y que se cumplían las normas de seguridad, hoy le llegó el turno al director general de la HVL, que decidió contestar solo a preguntas del Ministerio Fiscal y de su abogado.

En su relato, Mario Calvo expuso que en las dos semanas anteriores al accidente en las reuniones la marcha del taller se comentaba la existencia de una bóveda que “es inherente al proyecto de explotación” y se “cumplía con la Disposición Interna de Seguridad que permitía sutirar”. También aludió a un error de traslado al plano la no coincidencia del taller con la planta superior que, en la práctica, “estaba conforme al proyecto y a la información que se había dado a la autoridad minera, que lo había visto, supervisado, vigilado y dado por bueno”.

Para el director general de la HVL, nunca se plantearon parar la explotación “porque no ocurría nada extraño”, de modo el accidente del 28 de octubre fue “impredecible, imprevisible e inevitable” y “no se podría haber hecho nada para evitarlo”, tal y como destacó que se extrae de los informes elaborados sobre el hecho por el director facultativo, catedráticos de minas de las universidades de Oviedo y de León e incluso el informe pericial. “La única forma de haberlo evitado es haber cerrado la mina, no había otra”, sostuvo.

En este sentido, explicó que la semana anterior al accidente se produjo una reunión en la que participaron tanto los cinco directores facultativos de las diferentes explotaciones de la empresa como representantes de seguridad, que trasladaron que “la siniestralidad en el Pozo Emilio había mejorado”.

Sobre el despido de dos responsables de seguridad en el mes de abril de 2013, Calvo dijo que se debió a un incidente ocurrido en la mina del flanco sur, “completamente diferente” al Pozo Emilio, donde los trabajadores mostraron insubordinación frente al director facultativo. “Es más, ellos alegaban falta de seguridad para las personas, pero Minas archivó el caso”.

El director general de la HVL relató, a preguntas de su defensa, el día el accidente. “Yo me encontraba en mi despacho, vino el director de planificación y proyectos y me dijo que estaba pasando algo grave porque los metanómetros se estaban saturando”, contó. Con esta información, decidió acudir a las oficinas del grupo pero ante la falta de respuesta decidió subir a las instalaciones del Pozo Emilio.

“Cuando llego allí veo un revuelo tremendo y me comentan que había habido una salida importante de metano y que se están haciendo las labores de evacuación y modificación de ventilación. También se había avisado a la brigada de salvamento, al 1-1-2 y al médico”, relató, a la que añadió que él llamó al responsable de Minas y al presidente de la empresa, Antonio del Valle, quien “iba a subir a la zona pero no lo hizo porque se desplazaba a León el ministro de Industria”. Calvo decidió quedarse allí “por si podía ayudar” y después de él “empezó a llegar prácticamente toda la empresa”.

Tras el rescate, afirmó que la empresa inició una investigación y encargó varios informes que concluyeron que “no había habido incumplimiento de las medidas de seguridad y que todos los medios estaban correctamente utilizados e implantados”.

Bajo el criterio del director general de la HVL, la actuación que se llevó a cabo el día 28 de octubre de 2013 por parte de los encargados de seguridad en el Pozo Emilio fue “absolutamente impecable”, ya que ese día “se habían producido dos paradas por cortes de corriente en los que se cortó la ventilación y se elevó el nivel de metano, por los que se trasladaron los trabajadores a una zona de aire limpio”. Asimismo, también hubo visita del vigilante de plantilla, Carlos Conejo, que revisó y comprobó que todo estaba correcto, y del ingeniero técnico auxiliar. En medio de esas visitas, el director facultativo decidió que se parara el taller hasta el día siguiente y centrarse en tareas de mantenimiento. “Toda la cadena de mando había estado en el taller”, insistió.

La empresa desmiente que los mineros tuvieran miedo a un accidente

“Los propios accidentados comían en el bocadillo en el taller de explotación; si todo el mundo ve que eso puede ser una catástrofe yo no me siento a comer el bocadillo allí, es algo de sentido común. Si hay esa percepción de miedo, es absurdo”. Con estas palabras desmintió hoy el director facultativo del Pozo Emilio del Valle, José Eliseo Solís, que los trabajadores “tuvieran alguna inquietud por ir a trabajar”, algo que calificó de “falso”.

Además, aseguró que cuando se produjo el accidente mortal en las instalaciones pertenecientes a la Hullera Vasco-Leonesa, “los trabajadores se encontraban asegurando la mina para abandonar los trabajos” por ese día, debido a que “había problemas eléctricos que hacían saltar los ventiladores” por los que se decidió “parar toda la mina” sobre las 12 horas.

Así lo apuntó durante su declaración a lo largo de seis horas en las que respondió a todas las partes. Según su relato, “hasta el momento del accidente la situación de la mina era completamente normal”, de modo que no se decidió dar comunicación a la Autoridad Minera cuando tres días antes se produjo una subida repentina de grisú al cinco por ciento porque “no existe constancia de ninguna incidencia ese día”, ya que “los golpes de gas son normales en el arranque de un taller” y “ni suponen un peligro ni son un riego”.

En este sentido, Solís decidió puntualizar cómo son las mediciones de metano y las medidas a tomar en determinados casos. Así, con un 1,5 por ciento de metano “se paran las labores y se observa la tendencia acumulación”, mientras que con un 2,5 por ciento “se abandonan las labores” y un cinco por ciento, que “forzosamente tiene que ser súbito”, es el que “obliga a utilizar los rescatadores”.

El día del accidente, el lunes 28 de octubre de 2013, José Eliseo Solís se encontraba en las oficinas cuando el personal de exterior le trasladó que estaban subiendo los valores de metano, que se encontraban “absolutamente fuera de rango”, por lo que se intentó comunicar con el interior de la mina pero nadie le respondió. “Lo primero que hice fue llamar al servicio médico, al ingeniero técnico jefe y a la brigada de salvamento, porque no sabía lo que había pasado pero no tenía buena pinta. También pedí el listado de todo el personal que estaba en el Macizo 7”, detalla.

Fue en ese momento, mientras él hacía las llamadas, cuando salieron de la mina un ingeniero auxiliar y otro de una contrata externa, a los que envió de nuevo para dentro para ver bien qué ocurría, al tiempo que pidió que se introdujeran todos los rescatadores que había fuera. Además, “la caña de ventilación de la jaula estaba llegando a límites explosivos”, así que decidieron “derivar aire del flanco sur para la evacuación”, lo que dio pie a que fueran saliendo los afectados.

“Con todos los antecedentes que había en el Macizo 7, con lo que había ocurrido el día 25 y con lo que estaba pasando ese día, ¿no se debería haber tomado la precaución de haber sacado a los trabajadores en vez de dejarlos dentro?”, preguntó uno de los abogados de la acusación, a lo que José Eliseo respondió que “no había ningún motivo para ello”, ya que los problemas de ese día se debían a “un fallo en la electricidad de la cinta”, lo que hizo que en dos ocasiones durante esa mañana se alcanzara el 1,5 por ciento de metano. No obstante, “a día de hoy nadie sabe ni ha investigado por qué se produjo esa concentración de metano y cuál fue su origen”.

Para el director facultativo de la explotación del Pozo Emilio “es falso que los trabajadores tuvieran inquietud por ir a trabajar” y, en al caso de que así fuera, “tenían medios para transmitirla a sus vigilantes, a los representantes de los trabajadores o al delegado minero, incluso de manera anónima si tenían miedo de que se les echara”, como sí que había sucedido con dos responsables de seguridad de la empresa de otro grupo. “Ningún trabajador de mi grupo fue despedido nunca por presentar una queja por seguridad; nunca”, enfatizó.

Tras el accidente, el propio Solís volvió a acceder al taller del suceso que, según destacó hoy, “se encontraba absolutamente perfecto y prácticamente como estaba unos días antes”, tal y como señaló que se recoge en el informe de la Autoridad Minera, que concluye que se produjo un desprendimiento de la bóveda. No obstante, a día de hoy es “incapaz” de determinar la causa que atribuyen al accidente en dicho informe de la Autoridad Minera que, según consideró, “se contradice y recoge cosas erróneas”, cuando “lo que sí es cierto” es que el colapso de la bóveda “es incompatible con la situación en la que estaba el taller después del accidente”, a lo que se suma que “la bóveda seguía en el mismo lugar sin ningún signo de que se hubiera caído”, por lo que se concluye que “fuera un fenómeno gaseodinámico”.

Peticiones de condena

Las peticiones de condena para los acusados en el procedimiento van desde los tres años y medio de prisión por seis delitos de homicidio con imprudencia grave y otro de lesiones por imprudencia de la Fiscalía a los seis años y medio que piden las acusaciones particulares de las familias de los fallecidos. Las defensas, en cambio, piden la libre absolución de los imputados alegando que el accidente, el más grave en una explotación minera en los últimos 30 años en España, fue “imprevisible”.

De la misma manera, se piden indemnizaciones económicas desde 770.000 euros a 1,1 millones para las familias de los heridos y los fallecidos que “no se hicieron antes porque la empresa quebró” pero sí estaba en su ánimo, subrayaron los tres a preguntas de su abogado.

El juicio continuará el próximo lunes 13 de febrero.

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