Los Del Valle eluden su responsabilidad en la seguridad de la mina en la que murieron seis personas en 2013
Los que fueran el presidente y consejero delegado de la Hullera Vasco-Leonesa el 28 de octubre de 2013 cuando se produjo el último accidente grave de la minería antes del cierre del sector en España, Antonio del Valle Alonso, el vicepresidente, Arturo del Valle Alonso, y vocal Aurelio del Valle Jover han eludido este martes ante la jueza que lleva el caso cualquier responsabilidad en lo que a la seguridad de la mina en la que murieron seis personas se refiere, durante la segunda sesión del juicio que se prevé alargar dos meses.
Los máximos responsables de la empresa minera leonesa solo contestaron a las preguntas del Ministerio Fiscal y de su propio abogado defensor, dado que la magistrada no les pidió ninguna aclaración ni les practicó ninguna cuestión de manera directa. En sus testimonios manifestaron desconocer completamente el miedo que los mineros tenían a bajar al tajo por el temor a un accidente mortal que terminó teniendo lugar el 28 de octubre de 2013, y defendiendo que no recortaron en ningún momento en medidas de seguridad “a pesar de la complicada situación económica de la empresa” antes de declararse en concurso de acreedores en 2015.
Los tres Del Valle acusados del homicidio imprudente de seis personas y las lesiones que sufrieron otros tantos mineros del mismo grupo en el fatal accidente han defendido que pertenecían al consejo de administración de la empresa, que trabajaban desde Madrid y que eran técnicos especializados quienes supervisaban el cumplimiento de las medidas de seguridad que exigía la legalidad en el grupo y no ellos. De la misma manera, defendieron que ni la Junta ni las empresas externas que les practicaban auditorías detectaron antes del accidente ninguna deficiencia en el sistema de seguridad por lo que el suceso mortal fue impredecible.
Los Del Valle sí que conocieron y dieron su visto bueno al despido disciplinario de dos de los responsables de seguridad meses antes del accidente pero, en cambio, nunca supieron que la administración autonómica había abierto expedientes por dos “incidencias” en materia de seguridad por un escape de gas en 2009 y un derrabe de carbón en 2010. “La condición para esos despidos era la sustitución inmediata por personal cualificado, como se hizo”, defendieron. El juzgado de lo social y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declararon nulos ambos despidos por vulneración de derechos. “Lo que no dice la Fiscalía es que se comenzaron actuaciones penales que fueron archivadas”, apuntó Antonio del Valle a ese respecto.
Ninguno de los tres se refirió ni una sola ocasión al accidente minero ni lamentó lo sucedido, si bien sí que lo hizo de manera directa y reiterada su abogado defensor, el mismo para los tres, Juan Carlos Eduardo Zatarain Flores.
Las peticiones de condena para ellos van desde los tres años y medio de prisión por seis delitos de homicidio con imprudencia grave y otro de lesiones por imprudencia de la Fiscalía a los seis años y medio que piden las acusaciones particulares de las familias de los fallecidos. Las defensas, en cambio, piden la libre absolución de los imputados alegando que el accidente, el más grave en una explotación minera en los últimos 30 años en España, fue “imprevisible”.
De la misma manera, se piden indemnizaciones económicas desde 770.000 euros a 1,1 millones para las familias de los heridos y los fallecidos que “no se hicieron antes porque la empresa quebró” pero sí estaba en su ánimo, subrayaron los tres a preguntas de su abogado.
El juicio continuará este miércoles con el testimonio del que fuera director general de la Hullera Vasco-Leonesa y de quien dependían las labores de seguridad según los Del Valle, Mario Calvo Herce, y los también acusados en la causa José Eliseo Solís y David Toribio.
