Escalada de tensión en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo a las puertas de la campaña electoral
La política municipal de San Andrés del Rabanedo ha entrado en una semana de escalada de tensión justo cuando el calendario empieza a apretar en clave electoral. En el tercer Ayuntamiento de la provincia en número de habitantes, a los problemas estructurales de funcionamiento, con vacantes en puestos clave y una plantilla tensionada, se le suma ahora un choque abierto en las comisiones informativas previas al Pleno de la semana que viene, con cruces de acusaciones, expulsiones denunciadas por la oposición y un Gobierno en minoría de UPL que coloca el foco en el “bloqueo” del resto de grupos.
Este pasado jueves, el PP ha denunciado la expulsión de su portavoz de la comisión de Servicios Generales y habla de “insultos” por parte del concejal leonesista Alejandro Calvo. Por otro, IU-Podemos ha enviado este viernes una nota de prensa en la que denuncia la expulsión de su portavoz de la comisión de Hacienda, Personal y Régimen Interno, que dirige Andrés Vidales (UPL), vinculándolo a la falta de transparencia y al debate sobre la grabación de las sesiones.
En paralelo, el equipo de Gobierno de UPL ha respondido con un comunicado en el que carga contra todos los partidos de la oposición salvo Ciudadanos y la concejala tránsfuga que abandonó el grupo 'popular' pero no entregó el acta. Los acusa de bloquear “cuestiones clave” y pone como ejemplos la tasa de residuos y el edificio Araú, dos asuntos que vuelven a convertirse en campo de batalla político, entre medias verdades y mentiras manifiestas.
Un Ayuntamiento “a base de parches”, con el debate político al rojo vivo
San Andrés del Rabanedo llega a final de semana con un cóctel institucional difícil de digerir: carencias de personal en puestos sensibles, tensión política en comisiones y un cruce de comunicados que retrata un Gobierno en minoría (UPL) que sitúa el problema en la oposición, y una oposición que denuncia prácticas de expulsión y falta de transparencia.
La situación interna del Consistorio es compleja. El Ayuntamiento busca arquitecto técnico mediante una comisión de servicios temporal tras la jubilación del titular el pasado verano, una figura que acumulaba una larga lista de competencias estratégicas. Al mismo tiempo, el puesto de secretario se cubre con carácter interino y el de interventor de forma accidental desde 2024. De las tres figuras de habilitados nacionales, solo Tesorería está cubierta en propiedad. A ello se suma que la estabilización de 101 trabajadores municipales interinos sigue sin resolverse más de un año después de que venciera el plazo legal fijado por la Ley, con una tasa de interinidad cercana al 43%.
El diagnóstico se completa con un dato que agrava el escenario: el absentismo laboral ronda el 14% de la plantilla. De los aproximadamente 270 trabajadores municipales, el mes de febrero arrancó con 37 empleados de baja. En un Ayuntamiento donde varias plazas clave están cubiertas de forma provisional y la estructura administrativa arrastra años de precariedad organizativa, cada ausencia tiene un impacto directo en el funcionamiento diario de los servicios públicos.
En ese clima, el equipo de Gobierno ha difundido una nota en la que llama a la “responsabilidad”, pide “fin del bloqueo” y acusa a “buena parte” de la oposición de mantener una estrategia de desgaste que “paraliza iniciativas fundamentales”. La oposición, por su parte, sostiene que el problema no es el bloqueo, sino la falta de planificación, de consenso y de garantías jurídicas en las propuestas que se llevan a comisión y a Pleno.
Dos expulsiones en comisiones y una palabra que se repite: “respeto”
La escalada se produce después de varios episodios en comisiones informativas esta semana. Por un lado, el Gobierno niega “trato vejatorio” hacia la portavoz del PP, Noelia Álvarez, y asegura que es ella quien interrumpe, incumple tiempos y falta al respeto, hasta el punto de que, según su versión, se la habría expulsado ya “de dos comisiones y de un Pleno” tras reiteradas llamadas al orden. Desde el equipo de Gobierno sostienen que las presidencias de las comisiones están obligadas a garantizar el correcto desarrollo de las sesiones y que no se puede permitir, afirman, que se conviertan en espectáculos o en debates fuera de turno.
La versión del PP es diametralmente opuesta. Los ‘populares’ hablan de “insultos” y “trato vejatorio” por parte del concejal de UPL Alejandro Calvo cuando su portavoz preguntaba por contrataciones vinculadas a una subvención de la Junta y por trabajos municipales en competencias de otras administraciones. Para el principal grupo de la oposición, no se trata de un problema de formas sino de fondo: denuncian que se intenta impedir o desacreditar la labor de fiscalización que corresponde a la oposición y piden el cese del edil leonesista.
Por otro, IU-Podemos ha denunciado este viernes la expulsión de su portavoz, Laura Fernández, de la Comisión de Hacienda, Personal y Régimen Interno a cargo del leonesista Andrés Vidales, después de anunciar que grabaría la sesión. La formación de izquierdas considera la medida “desproporcionada” y la enmarca en un problema de transparencia: recuerda que el Pleno aprobó por unanimidad una moción para grabar las comisiones, pero sostiene que ese acuerdo aún no se ha implementado. IU argumenta que la decisión de registrar la sesión respondía precisamente a la necesidad de dejar constancia de intervenciones y criterios cambiantes, mientras que el Gobierno entiende que esa grabación no estaba autorizada en ese momento y que vulneraba el funcionamiento interno acordado.
La palabra que se repite en todos los comunicados es “respeto”, pero cada parte la utiliza con un significado distinto: para el Gobierno, respeto a la presidencia y a las normas de funcionamiento; para la oposición, respeto al derecho a preguntar, grabar y ejercer control político sin temor a ser expulsado de la sala.
El argumentario de UPL: tasa de basura y Araú como ejemplos de “bloqueo permanente”
Como defensa, el Gobierno municipal resalta en su comunicado dos ejemplos de lo que llama “bloqueo permanente”. El primero es la tasa vinculada al tratamiento de residuos, anteriormente conocida como tasa de Gersul, que reconoce que es de “obligado cumplimiento”, pero que nunca han aprobado. No hacerlo supone dejar de ingresar “en torno a un millón de euros anuales”, algo que según UPL es responsabilidad de la oposición, a pesar de que la medida lleva dos años sin llegar siquiera a debatirse y votarse en Pleno.
En 2023 la ordenanza fue rechazada por el voto en contra de PP y PSOE, ante la alerta del impacto que tendría obligar a las juntas vecinales a pagar por bienes ya cedidos al propio Ayuntamiento. En 2024 el equipo de Gobierno intentó aprobarla por la vía de urgencia, pero ni siquiera prosperó la comisión previa por falta de apoyos y Alcaldía terminó desistiendo del procedimiento. En 2025 se volvió a intentar introducirla también por urgencia en el último Pleno del año, sin haber pasado por el debate ordinario en comisión informativa, y la oposición volvió a tumbar esa urgencia. El resultado es que el Ayuntamiento asume por tercer ejercicio el coste del servicio, en contra de lo que marca la Ley, pero la ordenanza nunca ha culminado una tramitación completa ni ha logrado cerrar las discrepancias técnicas y políticas existentes.
El segundo es la apertura del edificio Araú. UPL sostiene que la oposición ha bloqueado la “ampliación de usos” que, según el equipo de Gobierno, era necesaria para “permitir su salida a licitación” y desbloquear su apertura.
También aquí el trasfondo es más complejo. Araú fue rehabilitado con cerca de seis millones de euros de fondos públicos estatales para un uso sociocultural concreto. Cuando el equipo de Gobierno planteó ampliar esos usos para poder ceder el inmueble de forma gratuita y por un largo periodo a la Fundación UAPO, legado de 'Spiriman', la oposición exigió informes completos y garantías jurídicas. El Ministerio de Vivienda recordó por escrito la obligación de mantener un uso público acreditado durante 50 años y advirtió de que no podía derivarse hacia un uso privativo. En el Pleno en el que se votó la ampliación, el punto llegó con dictamen negativo en comisión y con informes contradictorios, y fue rechazado por la mayoría de la corporación. No se votó en contra de abrir el edificio, sino en contra de hacerlo en las condiciones planteadas.
En paralelo, la nota de UPL subraya algunas actuaciones de su mandato: la convocatoria de diez plazas de empleo público “tras años sin una sola convocatoria” y el inicio de una comisión de servicios para cubrir la plaza de arquitecto técnico, además de programas de empleo vinculados a subvenciones que, según el Gobierno, generan “en torno a 40 puestos de trabajo” temporales.
Frente a ello, la estabilización de 101 trabajadores interinos sigue sin resolverse más de un año después de vencer el plazo legal y puestos clave como Secretaría o Intervención continúan cubriéndose de manera provisional. Dos interpretaciones enfrentadas sobre los mismos hechos que, en pleno clima preelectoral, elevan el tono de una legislatura marcada por la minoría del Gobierno y la dificultad para sacar adelante sus iniciativas.
Lo que denuncia IU: grabar comisiones, “cambios de criterio” y miedo a la inseguridad jurídica
El debate ahora, para IU, no es la tasa de basura o Araú, sino el funcionamiento interno del equipo de Gobierno leonesista en el tercer Ayuntamiento de la provincia. Su nota sitúa la expulsión de su portavoz en una dinámica que considera “alarmante”: expulsiones por intervenciones críticas o por plantear preguntas incómodas, algo que, en su opinión, limita el debate democrático y desnaturaliza el papel de las comisiones informativas como espacios de control y fiscalización del Gobierno.
IU enmarca lo ocurrido no como un hecho aislado, sino como parte de un clima de creciente tensión en el que, sostienen, se reduce el margen de intervención de la oposición. La formación insiste en que las comisiones no son órganos meramente formales, sino el lugar donde se analizan expedientes, se solicitan aclaraciones técnicas y se anticipan posibles problemas jurídicos antes de que los asuntos lleguen al Pleno.
IU justifica la decisión de grabar por la existencia, según afirma, de “constantes cambios de criterio” y “comentarios contradictorios” en la presidencia de la comisión, y sostiene que buscaba “proteger” sus derechos como representante pública. Recuerda además que el Pleno aprobó por unanimidad la grabación de las comisiones y considera que la falta de aplicación de ese acuerdo genera inseguridad jurídica y opacidad. Desde su perspectiva, registrar la sesión no era un desafío a la autoridad de la presidencia, sino una medida de autoprotección ante posibles interpretaciones posteriores de lo ocurrido.
Para IU, el debate trasciende el episodio concreto: afecta, dicen, a la calidad democrática del Ayuntamiento y a la garantía de que los acuerdos plenarios como el de grabar las comisiones se cumplan efectivamente.
Una corporación partida y un relato en disputa: quién bloquea a quién
La fotografía política de San Andrés esta semana es la de una corporación partida. UPL, que gobierna con seis concejales en minoría, habla de una “alianza” entre grupos ideológicamente distintos para tumbar iniciativas y pide a la oposición “altura de miras” para sacar adelante asuntos que califica de “estratégicos” para el municipio. En su relato, una estrategia de desgaste político por parte de la oposición.
IU responde desde el terreno de la transparencia y el control democrático: si el Pleno acordó grabar comisiones, sostienen, ese compromiso debería cumplirse y no convertirse en motivo de expulsión. Y el PP, tras la expulsión de su portavoz, ha puesto el acento en el respeto institucional y en la obligación de permitir el control de la acción de gobierno sin descalificaciones personales.
En medio, los grandes asuntos del Ayuntamiento siguen sin resolverse mientras el cruce de acusaciones ocupa el espacio público. A pocas semanas de las elecciones autonómicas del 15 de marzo, el tono se eleva y la línea que separa la gestión municipal del pulso preelectoral se vuelve cada vez más difusa, en un Consistorio donde gobernar en minoría y fiscalizar desde la oposición se ha convertido en un equilibrio cada vez más frágil.
