La Junta quita la autorización a una empresa para revisión de maquinaria minera cinco años después de perder la acreditación
La Junta de Castilla y León ha revocado de manera definitiva la autorización que permitía desde hace más de una década a la empresa leonesa ITV Maquinaria Industrial y Minera actuar como entidad colaboradora de la propia Junta para la realización de inspecciones técnicas de maquinaria en el ámbito minero. El motivo esgrimido por la administración autonómica para esta revocación es la pérdida de una importante acreditación oficial por parte de la compañía pero curiosamente lo adopta cinco años después de que la empresa perdiera esa acreditación, sin la cual no debería haber estado trabajando con esa vinculación con la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta.
La última resolución, fechada el 16 de diciembre de 2025 y publicada hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), pone fin a una relación entre la Dirección General de Energía y Minas y la empresa, iniciada en 2013. Fue entonces cuando la sociedad fue habilitada para operar como entidad colaboradora de la Administración en materia de seguridad minera en la inspección de vehículos. El acuerdo actual revierte aquella autorización inicial al constatar que la empresa dejó de cumplir uno de los requisitos esenciales: mantener en vigor una acreditación esencial otorgada por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).
El elemento más llamativo del expediente es la dilatación temporal entre la pérdida de la acreditación y la actuación administrativa. Según consta en la cronología que se puede seguir en boletines oficiales, ENAC retiró la acreditación técnica a la empresa el 13 de marzo del año 2020, después de que la propia empresa leonesa decidiera no mantenerla. Sin embargo, la Junta no inició el procedimiento de revocación de la autorización autonómica hasta el 19 de noviembre de 2025, más de cinco años después.
Durante ese tiempo, la empresa ha figurado formalmente como entidad autorizada por la administración autonómica, aunque carecía del respaldo técnico imprescindible que exige la normativa estatal para ejercer funciones de control e inspección en el ámbito minero.
Cambios desde la concesión inicial de 2013
La resolución de 2025 no solo supone un cambio radical en el sentido del acto administrativo —de concesión a revocación—, sino que también refleja modificaciones relevantes respecto a la autorización original otorgada el 1 de julio de 2013, en tiempos de ser consejero el polémico Tomás Villanueva, fallecido antes de ser juzgado por varias tramas de corrupción que afectaban a sus departamentos en la Junta.
En primer lugar, la acreditación inicial de ENAC, identificada con el número OC-I/295, fue sustituida en 2019 por una nueva referencia (416/EI664), en un intento de actualización técnica que quedó sin efecto poco después. Además, la empresa pasó de figurar como Sociedad Limitada (SL) a Sociedad Limitada Unipersonal (SLU.), un cambio societario recogido en la documentación más reciente.
El fundamento jurídico de la revocación se apoya en el artículo 48.3.b) del Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, que permite retirar la habilitación administrativa cuando la entidad pierde la acreditación de ENAC que sustenta su capacidad técnica.
Consecuencias de la decisión
Con esta resolución, ITV Maquinaria Industrial y Minera queda inhabilitada legalmente para realizar inspecciones periódicas de cargadoras sobre ruedas conforme a la Instrucción Técnica Complementaria ITC 02.2.01, una actividad reservada exclusivamente a entidades que cuenten tanto con autorización administrativa como con acreditación técnica en vigor.
Sin embargo, la Junta todavía considera que la situación es insubsanable, ya que la pérdida de la acreditación no fue sobrevenida ni temporal, sino consecuencia de una decisión voluntaria de la propia empresa de no mantenerla. Pero aún hay posibilidad de que la empresa intente que no cambie su situación respecto a Energía y Minas. Porque la última resolución, firmada por Alfonso Arroyo González, todavía no agota la vía administrativa. La empresa dispondría de un plazo de un mes para interponer un recurso de alzada ante el Viceconsejero de Economía y Competitividad, aunque la Junta deja claro que la ausencia de acreditación constituye un impedimento determinante para mantener la autorización.
