La Junta autoriza cazar un 13% más en su propia Reserva de Riaño pese a que un tercio quedó arrasada por los incendios
El Gobierno del Partido Popular (PP) en la Junta de Castilla y León no sólo se ha saltado su propia moratoria de cinco años que marca la Ley de Montes para poder cazar en terrenos quemados por incendios forestales, autorizando hacerlo en apenas siete meses, entre críticas generalizadas y anuncios de recursos y acciones judiciales.
Además, en su propia Reserva Regional de Riaño de caza, una de las más afectadas por los gravísimos siniestros del pasado verano con 19.000 hectáreas, en concreto por el de Barniedo de la Reina, ha aprobado hoy que se pueda abatir un 13% más animales que el año pasado, en el que la zona no había padecido la lacra del fuego y la fauna no había padecido ningún fenómeno similar.
La nueva polémica decisión se ha adoptado este martes en la reunión de las tres reuniones de las Juntas Consultivas de las Reservas Regionales de Caza de la provincia, las de Riaño, Ancares y Mampodre, y que como cifras generales ha aprobado 587 permisos de caza para la temporada 2026/27. En los casos de Ancares, en El Bierzo, y Mampodre, no coincide que en el peor verano de la historia de León se produjeran incendios dentro de sus límites, pero no ocurrió así con la Reserva de Riaño. Esta reserva comprende los cuarteles de caza de Portilla de la Reina, Boca de Huérgano, Riaño, Horcadas, Vegacerneja, La Uña, Liegos, Anciles y Las Pintas.
Un 32% de la Reserva de Riaño ardió, primer dato oficial
La propia documentación oficial de la Consejería de Medio Ambiente al levantar su propio veto cinegético a la caza destaca un dato escalofriante: que la Reserva de Caza de Riaño resultó quemada en un 32% de su territorio total, en concreto en los municipios de Burón, Riaño y Boca de Huérgano, según se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Fue la primera vez que Medio Ambiente cuantificaba el duro impacto de un siniestro sin precedentes.
A pesar de ello, en esta reserva este año se han autorizado un total de 355 permisos de caza, frente a los sólo 313 del año precedente, sin tener en cuenta el sufrimiento y la mortandad de los animales salvajes a los que afectó el incendio incontrolado durante casi 20 días. Tal fue su dimensión que incluso llegó a penetrar dentro del Parque Nacional de Picos de Europa y, además, sumó otros 3.780 hectáreas al pasar a la Montaña Palentina, en la provincia vecina.
Los ejemplares detallados que Medio Ambiente permitirá abatir este año serán 163 rebecos. El año anterior tan sólo se habían permitido 125 permisos, con lo que para de especie se podrá abatir a disparos un 30% más. En el caso de rebecos, la pasada temporada no se permitió ninguno y esta vez serán dos los permitidos. En el caso de los ciervos, también habrá un gran incremento, el que va desde 86 permisos de 2025 y los hasta 100 que la Junta ha autorizado ahora. Solamente en el caso de la cabra montés disminuye, pero muy levemente: se podrán matar este año 24 ejemplares, frente a los 26 de hace un año.
Resuelve Arranz
Las Juntas Consultivas de las Reservas Regionales de Caza son un órgano asesor que informan y dan a conocer los planes de caza a sus miembros, pero tales planes luego deben ser aprobados por el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, el controvertido José Ángel Arranz que, junto al consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, fueron los máximos responsables del operativo de extinción de incendios forestales de un verano que finalmente arrasó 135.500 hectáreas en la provincia leonesa, cifra jamás alcanzada en la historia de León, y que equivale a la isla de Gran Canaria o dos veces el municipio de Madrid. Las voces de petición de dimisión o cese contra los dos no han supuesto que dejen sus responsabilidades y, de hecho, continúan aprobando medidas que levantan ampollas en los territorios quemados.
Para cerrar los datos de Riaño, se ha aprobado para esta nueva temporada la celebración de 66 cacerías colectivas, la mayoría 55 de monterías de jabalí, tres de caza menor y tres de becada. En el caso del jabalí hay que recordar que se considera como si fuera una plaga y hay un Plan de Gestión del Jabalí en Castilla y León que pone todas las facilidades para acabar con los más posibles.
Ancares y Mampodre
En el caso de la Reserva de Ancares, está compuesta por los cuarteles de caza de Candín (formado a su vez por los cuarteles de Balouta y Tejedo), Guimara, Burbia, Villar y Fabero. Allí la Junta Consultiva contempla la concesión de 109 permisos, de los cuales 59 serán para rebeco, tres para cabra y cuatro para ciervo. En el caso de las cacerías colectivas la Junta Consultiva de esta reserva plantea la realización de 43 cacerías colectivas, 31 de monterías de jabalí y 12 de caza menor.
Por último, en la reserva de Mampodre, en la que están integrados los cuarteles de caza de Puebla de Lillo (aglutina a su vez los cuarteles de Isoba, Cofiñal, Redipollos y Lillo), Maraña y Valdelugueros, se han propuesto para la nueva temporada un total de 123 permisos de caza de los que 40 serán para rebeco, 35 para ciervo, tres para cierva, dos para cabra montesa y una para corzo. También se plantea la realización de 42 cacerías colectivas, 28 de monterías de jabalí, 12 de caza menor y 12 de becada. Todos los datos han sido oficialmente dados a conocer por la Junta, ya que el delegado territorial de León, Eduardo Diego, es quien preside estos órganos.
Riaño aumentará el dinero
Por otra parte, desde la Junta se ha explicado que la normativa de regulación del Fondo de Gestión de la Reserva indica que el mismo se componen del 15% del importe de los permisos de caza, más los gastos de cacería. Así, se ha previsto un presupuesto de más de 705.000 euros para las tres reservas.
De manera individual, la Reserva de Riaño propone actuaciones por valor de 462.000 euros, una cantidad muy superior a la del año anterior, que fue de 363.000 euros. Ancares podría obtener 119.000 euros y Mampodre 124.000 euros.
La propuesta del Servicio Territorial de Medio Ambiente respecto a las actuaciones con cargo al Fondo de Gestión se aplicarán en las mejoras del hábitat cinegético y obras de mantenimiento por tratamiento silvícolas; al acondicionamiento, mantenimiento y reparación de infraestructuras y a la mejora encaminada a la prevención de daños y accidentes de tráfico, como todos los años.
Además, los fondos se destinarán a la contratación de personal y alquiler de vehículos; a la renovación de materiales de óptica, armas y provisión de municiones y a la asistencia técnica para planes de ordenación cinegética, revisiones, censos, estudios y vigilancia.
