El nuevo gobierno de coalición de Castilla y León: de la incógnita Suárez-Quiñones al peso territorial leonés
Este martes las Cortes de Castilla y León otorgarán su confianza al Alfonso Fernández Mañueco para ser investido presidente de la Junta por tercera vez, tras 2019 y 2022, en la que será la última ocasión. Una norma aprobada a instancias de Ciudadanos en el último gobierno de Juan Vicente Herrera limita la duración de los mandatos presidenciales autonómicos a ocho años, que cumplirá el que viene Mañueco así que salvo modificación de la norma será su último mandato.
PP y Vox otorgarán sus votos al salmantino para conformar su cuarto gobierno, tras los de coalición con Ciudadanos que rompió abruptamente para adelantar elecciones, el de coalición con Vox que duró dos años y el último del PP en solitario que ha durado otros dos. Llega otra coalición con la extrema derecha tras unas largas negociaciones que han reconfigurado la estructura de poder habitual de la Junta de Castilla y León por las peticiones de poder de Vox.
La incógnita en los círculo de poder leoneses es cuál será el peso de la provincia en el nuevo Ejecutivo de coalición. En general la provincia ya ha perdido peso en las Cortes autonómicas al pasar de un presidente y el secretario primero a una vicepresidenta, que recae en la socialista leonesa Nuria Rubio, y de tener solo el portavoz del Grupo Mixto, la leonesista Alicia Gallego.
El debate de un consejero por provincia, una antigua estrategia del PP, se superó por las coaliciones aunque la incógnita del peso específico siempre está sobre la mesa, y más en León por su singular relación con el gobierno autonómico. Carlos Pollán es el primer nombre leonés que garantiza representatividad, aunque a través del partido que sostenía defender el fin de las comunidades autónomas aunque ahora sean su principal puntar de poder. Pollán será el vicepresidente primero del Gobierno de Mañueco con funciones tras la negativa experiencia con Juan García-Gallardo aunque todavía no han desvelado cuál de las tres carteras de Vox ocupará: si Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Agricultura; Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental o Cultura, Turismo y Deporte, por la que más afinidad tienen Pollán por su vinculación con el Ademar.
La otra incógnita es el nombre leonés en el Ejecutivo de Mañueco por parte del Partido Popular. En el partido dan por hecho que Juan Carlos Suárez-Quiñones se mantendrá en el Gobierno autonómico al que llegó en el año 2015 pero todas las apuestas son que no con sus funciones actuales de Medio Ambiente. Primero porque legalmente no puede mantenerse como consejero del mismo ramo durante más de dos mandatos, otra norma emanada de Ciudadanos, aunque un simple cambio de nombre y alguna agregación o salida de funciones permiten que pueda ser casi igual. Segundo porque el pacto con Vox ha desgajado la Política Ambiental de la pura gestión ambiental, lo que ya convierte la actual consejería en inviable.
El presidente Mañueco no quiso hablar de nombres en la firma del pacto de PP y Vox al ser preguntado específicamente sobre la continuidad de Quiñones en el gobierno y en materia medioambiental, tras ser el miembro más criticado por la gestión de los incendios forestales del pasado verano. Pese a ello Mañueco le mantuvo su plena confianza y no movió un solo nombre de la consejería, de Quiñones para abajo, pese a las críticas. Y electoralmente le salió bien, incluso ganando votos en las zonas quemadas.
Desde Presidencia a la nueva consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, que Mañueco se olvidó de mencionar en la firma del pacto, el habitual baile de nombres asociados a consejerías ha comenzado. Suárez-Quiñones sigue siendo presidente interino del PP de León, una situación provisional que se alarga ya un año y que el partido deberá solventar al igual que el congreso autonómico donde puede haber pistas sobre el futuro sin Mañueco.
Suárez-Quiñones tiene, además, a su favor para seguir que ha quedado exonerado de todas las cuestiones que sobrevolaban alrededor de su gestión por posible falta de ética, que ni la Justicia ni la Comisión de Ética autonómica han considerado de relevancia, archivando los asuntos que se le reprochaban.
