La Junta dice que “lo más adecuado” es permitir cazar en zonas quemadas tras sólo siete meses pero oculta los informes
Volver a permitir la caza deportiva de especies como ciervo, corzo, rebeco, gamo, jabalí, muflón o cabra montés en todas las zonas arrasadas por los incendios el pasado agosto, y por tanto sólo siete meses después aunque la Ley de Montes fije que transcurran cinco años, es “lo más adecuado”. Así lo ja expresado hoy el portavoz de la Junta de Castilla y León, el consejero Carlos Fernández Carriedo, quien sin embargo afirmó desconocer el motivo por el que la Consejería de Medio Ambiente no facilita públicamente los supuestos “informes técnicos” en los que afirman que se basa esta polémica decisión.
Carriedo afirmó, ante preguntas de los periodistas y tras una semarena de publicarse la decisión de manera oficial, que se ha decidido retomar la caza a partir del 1 de abril de este año “porque es la (decisión) más adecuada desde el punto de vista de la situación del entorno, de las circunstancias medioambientales, del contenido de la naturaleza y de la evolución de estas especies en término y número de ejemplares”, que, añadió, “está siendo favorable”.
Se pronunció también sobre la cascada de críticas públicas tras la resolución de la Consejería de Medio Ambiente, aireada por ILEÓN, incluyendo el anuncio de recursos incluso judiciales si es necesario por parte de numerosos colectivos conservacionistas, iniciativas que el portavoz aseguró que “nosotros respetamos” y que seguirán con normalidad “su cauce administrativo y ante los tribunales de justicia en ese caso”.
Pero insistió en que la medida se adopta es “la correcta”, a pesar de que “somos conscientes de que hay gente contraria”. Y es que a su vez también afirmó Carriedo que observan un claro apoyo en el territorio afectado y sobre el que la Ley de Montes autonómica en vigor fija con carácter general una exclusión de cinco años, que conlleva también una pérdida de posibles compensaciones. Porque “hay gente viviendo en el territorio que es favorable en función de cómo analiza la situación real” la Junta de Castilla y León.
Sin embargo, tuvo que entonar el portavoz un “no lo sé” al ser preguntado por el motivo por el que la Consejería que preside Juan Carlos Suárez-Quiñones no ha facilitado en una semana los supuestos informes técnicos en los que dicen apoyar la decisión de volver a permitir la caza en 107 cotos dañados, algunos quemados por encima del 90% el pasado verano. Una petición formal elevada por ILEÓN y otros medios de comunicación, que ha tenido de momento el silencio por respuesta.
“Lógicamente, se han tomado las decisiones que correspondían desde el punto de vista técnico y es lo que ampara esta decisión, que es la más adecuada”, volvió a remarcar, a pesar de la falta de transparencia pública sobre unos informes que, según la publicación oficial de Boletín, habrían guiado la decisión adoptada por el jefe del Servicio de Medio Ambiente en León, Jesús Menéndez Fernández. Sin embargo, cabe recordar que su resolución fue a requerimiento del director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, el criticado José Ángel Arranz, máximo responsable junto con Quiñones del operativo de incendios del verano que se saldó con 135.500 hectáreas arrasadas, tanto como toda la isla de Gran Canaria, la peor cifra histórica jamás registrada en la provincia leonesa.
