2026, el año clave para que la Diputación resuelva por los pelos el 'marrón' de las basuras de toda la provincia
Años y años de retrasos, mala gestión, sentencias judiciales, indemnizaciones millonarias e incumplimientos legales concluyen ahora todos juntos sobre la campana en el presente año 2026. En ejercicio en el que la Diputación de León, heredera del fracasado Consorcio Provincial de Residuos Gersul que pilotó, debe cumplir con dos plazos que apenas tienen ya margen de cumplimiento. La situación acucia al equipo de Gobierno de PSOE y Unión del Pueblo Leonés (UPL).
Por un lado, la institución debe implantar el sistema de reciclado de toda la basura orgánica leonesa, es decir, de los residuos que se pudren y se transforman en compost, abono. Por otro, hay que impulsar y adjudicar un nuevo contrato a largo plazo que sustituya al primero firmado en 2000 y que debe garantizar la continuidad de la gestión del centro de tratamiento de residuos (CTR) de San Román de la Vega. Ya han concluido las últimas posibilidades de prórroga posibles y es perentorio designar a la empresa que resulte elegida para hacerse cargo de esta millonaria privatización de la basura leonesa, un contrato que seguro superará los 50 millones de euros.
Lo primero, la gestión del llamado 'contenedor marrón' y las obras que el CTR necesita para hacerlo, tiene un plazo máximo fijado que expira el 31 de mayo para ser una realidad. Se trata de un proyecto para prestar el servicio al que obligaba la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados y que de hecho fijaba la fecha del cumplimiento de la implantación del contenedor marrón antes del fin de 2023. Nadie en la provincia lo ha cumplido. Es obligatorio ahora implementar una nueva línea de tratamiento para la materia orgánica recogida separadamente, también llamada FORS o biorresiduos.
Las obras urgentes en el CTR ya cuentan con reciente licencia del Ayuntamiento de San Justo de la Vega -quien acababa de ganar en los Tribunales el cobro de los retrasos por la planta- y el visto bueno ambiental de la Junta, igualmente sobre la campana. Se trata de una inversión de 4,2 millones ya aireada por ILEÓN que la Diputación obligó a presentar a las empresa de la UTE Legio VII, Urbaser y FCC, antes de concluir el pasado año.
Para eso, la institución ha tenido que acelerar un informe que justifique sin fisuras la modificación del actual contrato con Legio VII para sumar esos 4,2 millones a los 46 millones del contrato original del año 2020, y el visto bueno de Intervención del Palacio de los Guzmanes. La prisa viene dada sobre todo porque de los 4,2 millones, 2,8 millones (2.798.428,91 euros) se concedieron de fondos europeos de recuperación Next Generation y se pueden perder si no se cumple a fecha 31 de mayo. El riesgo cierto es tener que devolver parte de esos fondos o todos.
Fuera de plazo e indemnizaciones
Se trata de un cumplimiento de fechas que ya hoy se antoja casi imposible porque la documentación de la Diputación fija en 15 semanas el plazo a la UTE para que concluya las obras de los bioresiduos en el vertedero provincial. Y en una sencilla cuenta atrás desde el 31 de mayo, habría que haber realizado el acta de replanteo y comenzado las obras a mediados de febrero.
Tal es el apuro de plazos que el nuevo contrato modificado contempla que sea Legio VII quien pague una indemnización de casi 700 euros (698,65 euros) por día de retraso. También hay otra cláusula por la que la empresa está “obligada a indemnizar a la Diputación de León por el importe de la ayuda” europea que se pudiera perder si no se llega a tiempo.
Aquí no cumple nadie con el contenedor marrón
Hay que recordar que esta es la situación legal del sistema provincial de basuras que ya gestiona en exclusiva la Diputación para los 211 municipios leoneses, pero que el contenedor marrón, en el que vecinos y empresas deben echar sólo y exclusivamente basura orgánica, que se pudra, no está funcionando en prácticamente ninguno de ellos a pesar de que era obligatorio su funcionamiento a finales de 2023.
León capital, por ejemplo, sólo ha comprado con subvención europea una partida de contenedores marrones pero los mantiene almacenados y sin desplegar en las calles. De hecho, espera que la empresa pública Somacyl de 'la Junta B' de la Consejería de Medio Ambiente le resuelva la papeleta de construir todavía las instalaciones para reunir el contenido de todos los contenedores de la ciudad antes de llevarlos a su tratamiento en el CTR.
El otro plazo esencial que confluye este año 2026 es el del fin definitivo del viejo contrato con Legio VII, que se firmó el 13 de enero del año 2000 y ha agotado todas sus prórrogas posibles. El nuevo y último plazo expira el 30 de noviembre de este año, tras la prórroga de julio de 2025, y obligatoriamente la Diputación debe haber resuelto entonces una nueva adjudicación. Será uno de los más costosos servicios privatizados de la institución provincial, que en buena lógica deberá superar los 50 millones de euros si como el actual sale al menos por 20 años de vigencia, sólo superado por la ayuda a domicilio a personas mayores en los pueblos, que supera los 130 millones. Nos consta por el momento que la Diputación haya sacado ya las bases para ese macroconcurso público.
