Anticorrupción solicita la imputación del leonés Fernando Becker por las escuchas de Villarejo
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa Tándem, Manuel García-Castellón, que cite en calidad de investigado al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y al ex presidente de Iberdrola España, el leonés Fernando Becker, para que responda en sede judicial sobre su posible participación en el contrato de los servicios del comisario José Manuel Villarejo por la eléctrica, según El Confidencial.
Según el mismo medio, el Ministerio Público también interesa la imputación del número dos de Iberdrola, Francisco Martínez Córcoles y del ex jefe del Gabinete de Presidencia, Rafael Orbegozo. El leonés Fernando Becker fue también consejero de Economía de la Junta de Castilla y León de 1991 a 1995 –sustituyendo a Miguel Pérez Villar (que tuvo que dimitir por un caso de corrupción) y sustituido por Isabel Carrasco (asesinada en 2014 como presidenta de la Diputación de León)–; además el catedrático fue senador por León (1996), presidente del Instituto de Crédito Oficial de 1996 a 1999, estuvo contratado en Iberdrola de 1999 a 2018, cuando dimitió, y después ese mismo año fue nombrado consejero independiente del Corte Inglés.
Esta solicitud, a la que ahora debe dar respuesta el magistrado, llega tras la celebración de la junta de accionistas del Iberdrola, y después de que se incorporara en mayo a la causa un nuevo informe de Asuntos Internos en el que se analizaban conversaciones mantenidas entre el comisario y el responsable de Seguridad de Iberdrola Antonio Asenjo. En ellas el comisario se refería en diferentes momentos a “don Ignacio” o “el señorito” en el marco del proyecto 'Arrow', uno de los encargos que realizó.
El informe de Fiscalía llega además al poco de que la Comisión Ejecutiva delegada del consejo de administración de Iberdrola decidiera poner a los administradores y empleados de la compañía, incluidos Galán y Becker, a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 6, ante el que se tramitan las diligencias de la pieza 17 para declarar y ayudar en la finalización de la investigación.
Lo hizo por medio de un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el que la energética señala que el máximo órgano de la compañía, para “la mejor protección del interés social, sobre la base de la confirmación de las conclusiones alcanzadas en las investigaciones internas anteriormente referidas y en coherencia con su ánimo de remitir al Juzgado cualquier información relevante”, adoptaba la decisión de poner a los administradores y empleados de la sociedad a disposición del Juzgado que investiga el caso.
De esta manera, según elDiario.es, pedía la comparecencia de la cúpula de la energética “en la medida en que lo considere necesario y tan pronto como sea posible”, para proporcionar su testimonio y, de esta manera “facilitar la finalización de la investigación en curso”.
En el escrito en el que pone a disposición del juez la declaración de cualquiera de sus responsables, incluido el presidente Ignacio Sánchez Galán, la compañía se queja de los “ataques” que está sufriendo “la reputación y el buen nombre de la compañía” por parte de exempleados y “competidores” desde que se abriera hace dos años una pieza de la causa Tándem para investigar los contratos de la eléctrica con el comisario Villarejo.
La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional concluyó en un informe, incorporado al sumario de la pieza separada número 17 del caso Tándem, que Iberdrola pagó 1,13 millones de euros entre 2004 y 2017 al comisario José Manuel Villarejo para financiar una decena de operaciones encubiertas. El comisario realizó supuestamente labores de espionaje contra el presidente de ACS, Florentino Pérez, por los que la primera eléctrica española le pagó 232.000 euros.
