El patrimonio problemático de la Diputación: desde el piso de lujo vacío en León a la nave industrial que 'okupa'
La Diputación de León, institución de muy larga trayectoria histórica y relevancia en la provincia, suma en su poder un total de 179 propiedades de todo tipo. Su 'tesoro' patrimonial abarca desde terrenos inmensos, como las dos estaciones de esquí de San Isidro y Leitariegos, el Monte San Isidro, el aeropuerto civil de León o varios hospitales, a edificios imponentes, como el Monasterio de Carracedo en El Bierzo o su propia sede del Palacio de los Guzmanes en el centro de la capital leonesa. Un gran valor que su conjunto suma más de 35,5 millones de metros cuadrados y 131 edificios construidos en ellos.
Pero también a veces los bienes de los que es propietaria la institución provincial suponen un auténtico quebradero de cabeza, bien por el uso que se realiza de ellos, o por todo lo contrario, bien por algún tipo de descontrol en su gestión.
Recientemente han salido a la luz alguno de estos casos llamativos a causa de asuntos de actualidad. Por ejemplo, resalta por curiosa la situación de una propiedad que no es muy conocida, un piso de lujo, 212 metros cuadrados encaramados en lo más alto de un edificio de gran solera situado en una de las zonas más caras de León ciudad: el Paseo de la Condesa de Sagasta. En concreto en el número 26, esquina con Lucas de Tuy.
Historia de un privilegio y un chantaje
Este caso, tras construirse en 1952, tiene una historia original de ocupación que, sin embargo, se frenó hace algunos años, de modo que hoy es un piso tan lujoso como vacío: no se usa para nada desde hace doce años. En las primeras décadas tras su adquisición, durante el franquismo sobre todo, fue utilizado por varios presidentes de la institución, como vivienda familiar en la ciudad al menos mientras ocupaban el cargo.
Sin embargo, no se sabe muy bien desde cuándo ni por qué favor, sus ocho habitaciones, dos baños, cocina y terraza pasaron luego a convertirse en la residencia del máximo mandatario de la Guardia Civil en Castilla y León, es decir, quien fuera en cada momento el responsable de la XII Zona de la Benemérita. Un privilegio tan sorprendente como desconocido. Y es que en un ejercicio de dejación y falta de transparencia, se supo muchos años después, bajo el mandato de José Antonio Díez (PP) que ese uso y abuso se realizaba sin mediar ni contrato, ni documento ni pago o compensación alguna. A eso se añadía tener que disponer todos los días y sus noches de agentes en el portal y alrededores para garantizar su seguridad
Fue entonces cuando comenzó una presión política que encabezó, sobre todo, el entonces portavoz de UPL Luis Herrero Rubinat, exigiendo que la Guardia Civl abandonara el inmueble para que se le diera algún tipo de un uso público. Eran otros tiempos y no sólo Díez se negó en redondo sino que el mandatario benemérito de la época llegó a lanzar un órdago total: si le arrebataban su vivienda privilegiada y gratuita, estaba dispuesto a llevarse a Salamanca la sede del Grupo Rural de Seguridad (GRS), históricamente asentado en La Virgen del Camino. Sólo el revuelo político y social lo impidió. Pero algo de efecto surtió el golpe porque la Guardia Civil siguió disfrutando del pisazo.
Doce años de baldío
Fue bajo el mandato de la presidenta Isabel Carrasco, en 2013, un año antes de morir asesinada por una militante del PP, cuando por fin la institución recuperó de facto la propiedad de la que era vecina la propia mandataria popular. El último morador uniformado fue Alfonso Santos Ferreiro, desde 2009, y su sucesor, el general José Manuel Díez Cubelos, ya pasó a ocupar un edificio alquilado por el Cuerpo junto a la Comandancia.
En aquellas fechas se habló de su venta, pero “sin prisa”. Tan poca prisa que desde entonces, en los últimos doce años, no consta uso alguno. El inventario de bienes provincial le estima al piso un valor de 214.075 euros y se indica que supone 1.078 euros al año de gastos.
Una nave 'fantasma' y una solución fallida y surrealista
Otro caso casi contrario ha salido también este año a la palestra pública, y es que la Diputación leonesa, a pesar de contar con infinidad de terrenos y de inmuebles, es 'okupa' de una amplia nave en el polígono industrial de Villacedré, muy cerca de la ciudad. El asunto fue destapado, entre críticas, por el PP en la oposición, y el actual equipo de Gobierno de PSOE y UPL así lo admite, sin de momento darle mucha solución al problema. Así quedó de manifiesto en el Pleno de noviembre de este año.
El portavoz popular, David Fernández, tildaba de “inacción y falta de gestión” que se estuviera utilizando de manera absolutamente alegal la nave de un particular, de más de 1.500 metros cuadrados, sin un contrato en vigor, ya que el alquiler expiró en 2022 y jamás se ha renovado.
Pero a pesar de los mil problemas que Intervención suele poner para tantas cosas, aquí la institución sigue pagando 'de extranjis' 1.815 euros al mes por utilizar la nave para guardar valioso material del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Sepeis), de los bomberos provinciales, incluso vehículos. El lugar fue desvelado por el propio equipo de Gobierno al presentar a la prensa todo ese equipo o airear en 2020 que usó también este lugar para hacer acopio del mucho material donado altruistamente con motivo de la pandemia de la Covid.
Tras escocer la crítica política, la Diputación urdió una solución que más bien parecía un apaño. Y ni por esas. En septiembre de este año se licitó la contratación mediante concurso público el arrendamiento de una nave industrial “a menos de 10 kilómetros de León”, obligatoriamente en un polígono industrial y con características tan específicas que todo sonaba a excusa para seguir contando con la misma nave de Villacedré pero ahora con todas las de la ley. Llegado el plazo, ni siquiera el actual propietario de la misma presentó oferta. Y quedó desierto.
Todo fue reconocido hace escasas semanas por el diputado provincial del área, Luis Alberto Arias, quien en Pleno utilizó un argumento un tanto peculiar para justificar que la irregularidad se perpetúe y el Sepeis siga usando aquella propiedad sin contrato legal alguno: dijo que al quedar desierto el concurso “de algún modo se nos ampara para poder continuar (usándola) y no quedarnos en la calle”.
De parking alegal a parking lento
El historial de gestiones cuando menos negligentes no acaba aquí. Es más conocido el caso del aparcamiento en superficie de Santa Nonia, en el centro de León, que acumula décadas de desidia. Al menos, desde hace algunos años se manifiesta querer solucionar, aunque con constantes incumplimientos de plazos comprometidos.
La finca forma parte de una gran herencia recibida por la Diputación incluso siglos atrás: fue en 1849 cuando la institución se hizo propietaria de todo el terreno que hoy ocupa en San Francisco la sede Correos, el Conservatorio de Música -que tiene cedido a la Junta durante décadas en ocasiones también en modo 'okupa' hasta que por fin ejecute su propia y retrasada sede-, las bibliotecas pública y Regional, la sede del Instituto Leonés de Cultura o el Palacete que hoy alberga la sala de exposiciones de este.
Esa llamada 'gran manzana' cultural de la Diputación tiene el punto negro de una cesión absolutamente en precario, a dedo, sin apenas documentos ni mucha justificación para que el parking de unos golosos 3.131 metros cuadrados fuera gestionado por una cooperativa de corte social, se supone que para ayuda a personas con movilidad reducida. Carecía de casi todo tipo de licencias y autorizaciones pero todo el mundo miraba para otro lado.
Oficinas y más oficinas
Tras varios planteamientos muy variados, la última apuesta de la institución es impulsar un céntrico y más moderno parking y varios pisos de oficinas, descartando así por fin otras alternativas barajadas, como un nuevo uso cultural o incluso hotelero. La anterior corporación de PSOE y UPL se comprometió a resolverlo, como la actual, sin que de momento se conozca un proyecto concreto, plazos ni presupuesto.
Cuando lo acometa, la Diputación arreglaría de manera colateral un problema de movilidad y aparcamiento céntrico que tiene el Ayuntamiento de la capital y dispondrá de mucho espacio para acercar servicios provinciales, algunos desterrados a la carretera de Carbajal desde tiempos de Carrasco. Se sumará al espacio que se supone que recuperará cuando la Junta termine el Conservatorio en La Palomera y abandone el actual de San Francisco, y supondrá, de paso, aumentar un patrimonio provincial que sigue siendo valioso y cuya gestión a veces se ha convertido en un quebradero de cabeza.
