Un año sin sentencia por la muerte de seis mineros hace una década en el Pozo Emilio del Valle de la Hullera
A punto de cumplirse un año del inicio del juicio por la muerte de seis mineros en el Pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco-Leonesa hace más de una década, en el que fue el último accidente grave de la minería del carbón antes del cierre del sector en España, todavía no hay sentencia. La magistrada encargada del caso aún no ha decidido sobre el grado de responsabilidad de cada uno de los 16 acusados en el trágico suceso que, según han defendido siempre los familiares de las víctimas, “se podría haber evitado”.
El 28 de octubre de 2013 un escape de grisú robó el último aliento en el tajo a Carlos Pérez, Manuel Moure, Antonio Blanco, Orlando González, José Luis Arias y Roberto Álvarez, cuando tenían entre 35 y 45 años. Un accidente fatal que dejó heridos de distinta gravedad a otros ocho y que la Justicia todavía está pendiente de resolver si pudo o no haberse evitado, más de una década después.
En abril de 2021 se fijó por primera vez el inicio de un complejísimo juicio con 16 acusados y 80 testigos que apenas duró una mañana, porque las defensas se acordaron que sus representados tenían seguros de responsabilidad civil que pudiera ser que respondieran económicamente en caso de condena, lo que devolvió el caso otra vez a la fase de instrucción.
Dos años más tarde, el lunes 6 de febrero de 2023, el Juzgado de lo Penal número 2 de León acogía la primera sesión de largo juicio que se alargó durante dos meses en auténticas jornadas maratonianas de hasta 12 horas de testificales. El pasado 28 de octubre se cumplieron diez años del triste accidente y apenas unos días antes del 6 de febrero pero ya de 2024 no se conoce el veredicto de la magistrada.
“Hemos oído que está de baja y sigue de baja”, cuenta a este medio Manuel Moure, padre de una de las víctimas con el que compartía sangre minera, nombre y apellido. “No sabemos si el plazo máximo para la sentencia es un año desde que empezó el juicio o desde que terminó, pero a nosotros no nos han notificado por el momento nada”, subraya. Entre resignación y una honda amargura traslada a ILEÓN que “así es la Justicia en este país para los pobres. No tenemos más alternativa que esperar”, con el temor de que esté siendo tan larga porque la jueza tenga “miedo”. “Ya se sabe que los Del Valle son gente poderosa, con un pasado franquista”, recuerda para que a nadie se le olvide.
Precisamente tres Del Valle se sentaron en el banquillo de los acusados como máximos responsables de la empresa que se encuentra en proceso de desguace tras su quiebra en 2015. A saber, los que fueran presidente de la Vasco, Antonio del Valle; vicepresidente y consejero delegado, Arturo del Valle; y vocal Aurelio del Valle, y que eludieron por completo su responsabilidad en sede judicial. Como ellos, el resto de acusados: los directores general y facultativo, ingenieros y vigilantes de seguridad de la explotación.
La Fiscalía pidió en el último momento sentencia absolutoria para cinco de los acusados, los vigilantes de primera de interior o plantillas y los vigilantes de seguridad de la empresa minera, y sentencia condenatoria para los once acusados restantes a los que considera responsables de los delitos de homicidio y lesiones por imprudencia.
Por su parte, las acusaciones mantuvieron la petición de condena para todos los hombres que se sentaron en el banquillo de los acusados por el accidente mortal al considerarlos responsables del fatídico suceso que acabó con la vida de seis mineros en el tajo.
Las defensas insistieron al final del juicio en la libre absolución de sus defendidos porque el accidente fue “fortuito”, “no se pudo prever ni evitar” y por “falta de pruebas”, condenar en costas a las acusaciones y, “en el caso remoto de haber sentencia condenatoria” que se aplique el atenuante de dilaciones indebidas por juzgar después de una década un accidente mortal que sucedió el 28 de octubre de 2013 y que quedó visto para sentencia el pasado 30 de marzo de 2023, todavía por resolver.
El recuerdo de seis vidas que se quedaron sin aliento
El accidente conmocionó a la localidad de Las Ventas de Albares, que se divide entre los municipios de Torre del Bierzo y Bembibre. De allí era Carlos Pérez, que estaba casado y tenía dos hijos de 16 y 13 años. Aunque vivía en León, prácticamente todos los fines de semana se acercaba al pueblo con su familia para visitar a sus padres.
Manuel Moure era natural de Ciñera de Gordón, donde era muy conocido. De familia minera, tenía 39 años y acababa de ser padre de una niña hacía escasas semanas.
De Robles de la Valcueva (Matallana del Torío) era Antonio Blanco, de 42 años. Casado y con una niña vivía en León pero casi a diario subía a su pueblo. Le quedaba muy poco para prejubilarse y poder disfrutar a tiempo completo de su mujer y su hija. De joven, empezó a trabajar ayudando a su padre que era pintor, pero pronto dejó la brocha y empezó a trabajar en la mina, como su hermano, que también trabajó en la Hullera Vasco-Leonesa.
La consternación también llegó a la localidad de Fontanos, del municipio de Garrafe de Torío. De allí era Roberto Álvarez que, con solo 35 años, era el más joven de los fallecidos. Roberto dejó dos hijos pequeños, una niña de dos años y un bebé de meses en el momento del fatal accidente.
La muerte de Orlando González también tiñó de luto La Pola de Gordón, donde vivía con su madre aunque él y su familia son del pequeño pueblo de Paradilla. Tiene un hermano que vive en Geras, estaba soltero y llevaba entre doce y trece años trabajando en la minería.
El único de los fallecidos del accidente del Pozo Emilio del Valle que no era de la provincia de León fue José Luis Arias, un asturiano casado y con dos hijos que era natural del concejo de Pola de Lena y que se había trasladado para poder seguir trabajando en la minería.
