La Junta dará prioridad en las ayudas a formación y empleo a trabajadores afectados por despidos colectivos
La Junta de Castilla y León considerará prioritarios a los trabajadores afectados por las reestructuraciones empresariales que afecten a centros de trabajo de la Comunidad en las próximas ayudas a la formación que convoque el Gobierno autonómico y en las ayudas al fomento del empleo, donde la contratación de desempleados que provengan de un despido colectivo tendrá “mayor peso”, como los emprendedores que procedan de este mismo tipo de expedientes de regulación de empleo.
Así lo anunció este martes la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, en el pleno desarrollado en las Cortes de Castilla y León, ante la pregunta realizada por el procurador de UPL, José Ramón García, sobre las acciones que está llevando a cabo la Junta para evitar la pérdida de empleos que conllevaría en provincias como Salamanca, Zamora o León el reciente ERE planteado por Alcampo.
En su respuesta, García lamentó, a este último respecto, que los leonesistas “solo defiendan a una parte de los afectados” por una situación empresarial que afecta no solo al conjunto de Castilla y León sino del país, a través de un ERE de carácter nacional con el que Alcampo, según la consejera, “enfrenta las dificultades en sus tiendas en toda España”.
En Castilla y León, esta compañía cuenta con 75 tiendas en las que trabajan 1.700 personas aunque “no se ha precisado las tiendas y trabajadores afectados” por unos cierres que se plantean en un total de 12 comunidades autónomas y que la propia compañía ha reducido en su negociación con el comité de empresa para “minimizar los empleos afectados”.
Una información con la que cuenta la Junta gracias a la comunicación que mantiene con la empresa, según informó Leticia García, que también mantuvo el apoyo que la Junta da a los empleados, con los que se trabajará en su recolocación “si es necesario”.
“Pero hay que respetar primero la negociación”, puntualizó, que además aseguró que se está llevando a cabo “en términos cordiales” entre la empresa y los trabajadores, y en la que la Junta ha planteado a la empresa su objetivo de “preservar los máximos empleos” en Castilla y León aunque el ERE tiene “carácter nacional y es competencia del Ministerio”.
“Inactividad”
Por el contrario, durante su intervención en el debate, el leonesista José Ramón García aseguró que “perder estos empleos es quitar vida al comercio de barrio” y afecta a localidades con “altos niveles de desempleo y despoblación”, por lo que criticó la “inactividad” de la que acusó a la Junta ante esta situación.
“No tienen un plan de respuesta autonómico ni una mínima voluntad de mediación”, lamentó el procurador de la UPL, que acusó al Gobierno autonómico de “falta de sensibilidad política ante la falta de sustento de las familias” que no solo aplicó al ERE de Alcampo sino a los expedientes de regulación de empleo anunciados también por Azucarera en La Bañeza y Teleperformance en Ponferrada. “Tienen instrumentos y la obligación moral y política de intervenir”, concluyó.
“Lo que esté en nuestras manos”
Leticia García avanzó este martes que este viernes se reunirá la Fundación Anclaje para abordar la crisis en la planta de Azucarera de La Bañeza y pidió a UPL, que acusó a la Junta de “estar inactivos y con falta de empatía”, unidad para mantener la actividad y cambiar el ERE por un ERTE, como pidió el presidente Alfonso Fernández Mañueco a la empresa.
“La decisión última está en manos de la empresa, pero se hará todo lo que esté en nuestras manos” para mantener la actividad y apoyar a los trabajadores, afirmó Leticia García en su respuesta en el pleno de las Cortes a la procuradora de UPL, Alicia Gallego, que apeló a las competencias autonómicas y pidió “arremangarse y no solo hacerse publirreportajes”.
La parlamentaria leonesista reclamó medidas reales, criticó la inacción de la Junta y recordó que conocían el ERE, pero, en vez de actuar, les afeó que acudieran el pasado 15 de mayo a una romería en Ávila tanto Leticia García como su compañera de Gobierno María González Corral y no fueron a reunirse con el comité de empresa.
La consejera de Industria defendió que la Junta ha trabajado y trabaja para poder revertir la situación en la que diferenció la actividad del sector, que ha contado con ayudas de la Junta al cultivo de la remolacha, y la de los trabajadores de la planta de La Bañeza, para lo que se mantienen contactos con la empresa y el comité de empresa.
Tras avanzar la reunión de la Fundación Anclaje, creada para analizar crisis empresariales e industriales, apeló a la unidad de todos, también del Gobierno que se tiene que pronunciar sobre el ERE al afectar a cinco comunidades la decisión de Azucarera, con la que recordó que se reunió Fernández Mañueco para pedir una alternativa que tendría el apoyo de la Junta.
La consejera manifestó que ha hablado con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que expuso el Mecanismo RED (Reducción de Jornada y Suspensión de Contratos), en una herramienta de flexibilidad que no vio mal Leticia García.
Por otra parte, pidió a Alicia Gallego que la oposición tiene una responsabilidad que no es solo “culpar” a la Junta de la situación e insistió en la unidad política y social. “La unidad no es tan difícil”, remató García.
Alicia García demandó ayudas directas como se ha dado a otras empresas, pidió propuestas “más serias” que pasar de un ERE a un ERTE, subrayó que se están dando permisos administrativos para molturar remolacha y refinar convertir en caña de azúcar en Miranda y desechó el Mecanismo Red.
Más de un centenar de trabajadores de todos los centros de Azucarera de la Comunidad reivindicaron este martes ante las Cortes de Castilla y León el “rechazo absoluto” del cierre de la planta de La Bañeza, así como el planteamiento de despidos en otras instalaciones del grupo.
Fueron recibidos por algunos grupos políticos y, según Leticia García, también se reunió el comité de empresa con el presidente de la Junta.
