UPL reclama a la Junta la restauración de la iglesia de Cazurra en Zamora

La iglesia de Cazurra, en la provincia de Zamora, ha sufrido desprendimientos.

Agencia ICAL

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) solicitó a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León la intervención inmediata para restaurar la iglesia de la localidad zamorana de Cazurra, “dado que la piedra mollar de sus paramentos exteriores y la de su fachada principal presenta un elevado grado de deterioro a causa de la erosión”.

En la actualidad, y según informa UPL a la Agencia ICAL, son ya varios los carteles que, situados en los muros laterales del edificio, alertan a los vecinos y visitantes del grave peligro que supone transitar por sus inmediaciones a causa de los continuos desprendimientos que se vienen produciendo desde hace ya varias semanas. 

Y es que la piedra mollar, característica de la arquitectura tradicional de Tierra Del Vino, presenta en dicha edificación un elevado índice de erosión y desgaste, tanto en sus partes inferiores como en las superiores, por lo que resulta acuciante que se intervenga en ella para restaurar y consolidar las partes más dañadas y no tener que lamentar, llegado el caso, ni daños personales ni materiales.

Por todo ello, desde la formación política UPL en Zamora ven más que necesaria y urgente la intervención inmediata por parte de la Dirección General de Patrimonio de la Junta en el templo renacentista cazurreño, el cual aloja en su interior un magnífico Cristo del siglo XIII o XIV que, anteriormente, se encontraba ubicado en una ermita ya desaparecida, y al cual se le conoce como el Cristo de El Sardonal, habiendo tomado éste su nombre del despoblado homónimo, sito también en el término de Cazurra.

Para UPL es “inadmisible que, al igual que ha sucedido ya con numerosas edificaciones de la provincia zamorana, la iglesia de Cazurra acabe englosando la copiosa lista negra de monumentos zamoranos ajenos a la conservación y restauración que marca y determina la legislación española”, por lo que demandan a la administración autonómica que “cumpla con el mandato imperativo que sobre dicho particular marca la ley de patrimonio estatal”.

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