La Junta bloquea ampliar el polígono de Santa María del Páramo por ser suelo agrícola pero agiliza una planta solar

Ubicaciones del polígono industrial y de la planta solar proyectada en Santa María del Páramo.

Dificultades para una cosa, alfombra para otra, y todo ello en el mismo suelo rústico de especial protección agrícola. Esta es la ecuación en la que se encuentra empantanado el Ayuntamiento de Santa María del Páramo, en el primer caso respecto a la necesaria ampliación de su polígono industrial, que no deja de sufrir trabas de la Junta de Castilla y León, mientras en el segundo la misma administración agiliza sin problema los parabienes a una planta de paneles solares.

Ambos proyectos se sitúan en terrenos de idéntica calificación urbanística agrícola. Sin embargo, uno continúa esperando la recalificación, para que la tierra adquirida pase de rústica a industrial, casi cuatro años después de la adquisición de los terrenos, con 187.000 metros cuadrados de extensión aledaña al polígono ya completo de la localidad.

Sin embargo, el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Junta en León ya ha sido sometido por la vía de urgencia a información pública para otorgar el parabién final el proyecto fotovoltaico que desarrolla la empresa gallega Páramo PVSUN, S.L, vinculada al empresario de energías renovables Fernando Romero y su grupo EiDF, para ejecutar un parque solar que genere dos megavatios de potencia a través de la instalación de 4.680 módulos o placas solares. Su proyecto se puede consultar aquí.

La parcela elegida, igualmente cercana a Santa María, no difiere apenas del tamaño de la industrial: 162.836 metros cuadrados. Por su dimensión, menor a diez hectáreas, ni siquiera es necesario su sometimiento a evaluación de impacto ambiental, otro trámite que recaería en la Junta, en este caso en Medio Ambiente, pero por el que tampoco se tendrá que esperar. El polígono industrial sí, no se libra.

La Junta, contra un decreto... de la propia Junta

Cabe recordar que esta agilidad para ubicar el parque fotovoltaico en tierra de cultivo, de regadío para más señas, parece contravenir el decreto que la Junta de Castilla y León anunció que aprobaría para vetar la instalación de parques renovables en zonas naturales reconocidas y regadíos, un decreto por el que el Gobierno autonómico sacaba pecho garantizado así “mayores controles ambientales” que en gran parte de España para blindarse del impacto negativo de.

Entre la letra pequeña, aquel decreto rechazaría plantas solares en terrenos ubicados a menos de 500 metros de los núcleos urbanos y en todos los que “se hayan desarrollado zonas regables, bien mediante la transformtagación de secano a regadío, o bien mediante la modernización de regadíos”.

También es cierto que una cosa son los anuncios del Gobierno autonómico de PP y Vox, otra cosa su aprobación y finalmente otra muy distinta su aplicación, porque aquel decreto no ha impedido a la Junta aprobar también el pasado mes de marzo un macro proyecto solar de 17 hectáreas de tamaño y casi 21.000 paneles solares en suelo agrícola y de regadío entre Villares y Hospital de Órbigo, incluso con alegaciones en contra del Ministerio de Defensa. Casos como estos demuestran que Industria le pone alfombra roja, incluso en contra de sus propios criterios, a este tipo de iniciativas de energías renovables.

Sin embargo, son ya cuatro los años transcurridos desde que el Pleno de Santa María del Páramo acordara en mayo de 2019 gastar casi 506.133 euros en adquirir fincas aledañas al ya acolmatado polígono industrial de la villa paramesa.

La liebre la 'levanta' el candidato del PP

Curiosamente, ha sido el candidato del PP en este municipio, Eloy Baílez, el que emitió ayer una nota de prensa criticando a la alcaldesa de UPL y de nuevo candidata a la reeleción, Alicia Gallego, por el retraso acumulado por el proyecto de la ampliación del polígono. Porque lejos de culpar a la Junta de Castilla y León que gobierna su propio partido junto a la extrema derecha, achaca a la regidora “haber comprado de forma aleatoria y sin enterarse de lo que compra”, en referencia al suelo rústico agrícola adquirido. Es, a su juicio, “un claro ejemplo de la ineficaz gestión de la UPL en el Ayuntamiento”.

Por su parte, Alicia Gallego clama contra el “bloqueo” a la recalificación por parte de la Junta, un “problema que se encuentran muchos municipios del mundo rural y equipos de gobierno como el de UPL que lo único que quieren es fijar población y generar empleo y riqueza”. Y eso que cuando ella accedió a la Alcaldía en 2015, tras décadas de gobierno municipal popular, asegura haberse encontrado un “polígono industrial vacío” con tan sólo “dos parcelas cedidas y cuatro negocios e, incluso, habían robado la luz y el PP ni lo sabía”, según recordó en una rueda de prensa a principios de este mismo año.

La regidora lamenta las excusas que la Junta sigue poniendo, entre otras “que no quedaba acreditado el interés público de una ampliación demandada por los empresarios”, por lo que continúa sin encontrar hueco para que la reconversión del suelo rústico a industrial pueda entrar siquiera en el orden del día de la Comisión Territorial oportuna. E incluso se ha dado la circunstancia de que “ni aparecía el informe de evaluación ambiental de la Consejería de Medio Ambiente” de la propia Junta.

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