El PSOE denuncia que Castilla y León es la que más deniega solicitudes de la renta de ciudadanía
El Grupo Socialista en las Cortes denunció hoy que Castilla y León es la comunidad autónoma que ha denegado más solicitudes de la renta garantizada de ciudadanía y una de las que está por debajo de la media nacional en el gasto por habitantes, argumentos con los que reiteró su petición de un cambio de la normativa, que considera que pone más objecciones que ventajas en su acceso.
Así lo manifestó el portavoz socialista de Familia, Jorge Félix Alonso, en una rueda de prensa en la que ofreció datos obtenidos del informe de rentas mínimas de inserción elaborado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. En ese cómputo, en Castilla y León se desestimaron 5.783 de 11.046 solicitudes en 2013, el 52,35 por ciento, mientras que en el gasto por habitante en la comunidad fue de 18,49 euros sobre los 22,08 de media estatal. “Hay margen de mejora”, apuntó el parlamentario.
Alonso insistió en la petición de un cambio en la normativa, que estimó restrictiva, para evitar que una persona que percibe 42 euros de subsidio de desempleo no tenga acceso para complementar hasta los 426 de la renta o que un autónomo que ha perdido su negocio no pueda optar a esa prestación por tener un vehículo. El parlamentario recordó que no sólo es una demanda de su grupo, sino del Procurador del Común y de los agentes sociales, y afirmó que la consejera está “muy cerrada” a una modificación.
En el ámbito de la dependencia, manifestó que hasta julio de 2012 eran 12.000 personas las que entraban cada año en el sistema y desde entonces se atienden a 3.488 menos. Además, recordó que el presupuesto de la Comunidad, aprobado el pasado mes de diciembre, no aumenta para atender a las 19.000 personas que en este momento tienen reconocido el grado 1, pero que no entrarán en el sistema hasta el próximo 1 de julio.
Por otro lado, preguntó dónde ha quedado el compromiso del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, de blindar los servicios públicos y enumeró una serie de proyectos prometidos que no se han cumplido, como las 2.700 plazas residenciales, las 18.000 viviendas de protección o las 18.000 plazas en escuelas infantiles.
“Se ha pasado de las promesas a los recortes”, valoró en relación a las dos etapas de la legislatura, una primera antes de que el PP llegará a La Moncloa y una segunda desde entonces. “La política de servicios sociales de la Junta es cartón piedra, una fachada”, calificó el procurador, que censuró la “obsesión por aparentar que Castilla y León es una arcadia feliz, que se atiende a todas las personas; nada más lejos de la realidad”, concluyó.
