La nueva ordenación del territorio autonómica avanza su tramitación

El proyecto de ley de Ordenación, Servicios y Gobierno en el Territorio cerró este viernes su tramite en ponencia con un elevado grado de acuerdo no sólo entre PP y PSOE, que mantuvieron el pacto sellado en octubre de 2012 y en junio de 2013, sino también de IU que se sumó con su voto favorable a la mayor parte de las transacciones. El texto “se agarra” al Estatuto de Autonomía para reforzar la autonomía municipal, las entidades locales menores, frente a la reforma local, y los servicios públicos y deja abierta la puerta para avanzar hacia un mapa funcional o de comarcas.

Tras varias sesiones, los ponentes de la ley, Juan José Sanz Vitorio (PP), Francisco Ramos (PSOE) y José María González (IU) se mostraron, en declaraciones a Ical, satisfechos del trabajo y del grado de acuerdo en las transacciones, que supondrá la retirada de un buen número de enmiendas, si bien se dejan vivas las relativas al papel de las diputaciones y a un modelo generalizado de comarcas, como se plantean algunas propuestas de la oposición, en especial de IU.

Sanz Vitorio explicó que se han recogido todas las enmiendas que tenían un “encaje” normativo, destacó que el mapa territorial se tenga que aprobar por las Cortes y con la mayoría reforzada de dos tercios y añadió que hasta el pleno tratarán de incorporar todo los que puedan con la voluntad de sumar, en particular a IU, que, en opinión de los ponentes de los grupos mayoritarios, ha suavizado su posición.

González manifestó que “quedan cosas abiertas”, pero mantiene la esperanza y calificó su posición de “expectante” dado que si existe un “refuerzo” institucional a la comarca se plantearía “un voto diferente al negativo”, ya que señaló no poder decir sí a un modelo distinto en el que se mantienen las diputaciones provincial, cuya supresión ha pedido.

El parlamentario popular afirmó que no es posible la supresión de las corporaciones provinciales porque están en la Constitución y rechazó un modelo generalizado de comarcas, aunque apostó, como recoge el pacto con el PSOE, por que las mancomunidades de interés general, formadas por la unión voluntaria de municipios, se puedan institucionalizar como comarcas mediante una ley de las Cortes. Es un apartado que ya se contempla en la ley de Régimen Local de Castilla y León de 1998, precisó Francisco Ramos, para quien con la redacción de que “una sola o varias se puedan convertir en comarcas supone un paso” en el modelo defendido siempre por su partido.

Ramos observó que las diferencias entre el modelo del PP y del PSOE están en que el primero marca un nivel en el mundo rural, con las unidades básicas de servicios, y dos en el urbano, con las áreas funciones estables y estratégicas, que sólo se contemplan en los pueblos para casos puntuales, mientras que los socialistas las agrupan en el ámbito local, de manera que también el número sería inferior, por encima de las cincuenta frente a las 170 ó 180 que plantearía el partido gobernante.

El procurador socialista enmarcó “lo más relevante” en la fase de ponencia la ampliación del marco de la ordenación territorial a todos los servicios como la agricultura, ganadería, economía, empleo y equipamientos culturales y no sólo a la sanidad. Educación y servicios sociales como recoge el texto remitido por la Junta. También, destacó que se incorporen estándares de garantía para medir la equidad en los servicios públicos y que el futuro mapa se recoja en el Plan Estadístico de Castilla y León.

Además, se refuerza la pluralidad política, institucional y territorial de las mancomunidades, la autonomía municipal y la existencia de las entidades locales menores, que mantendrán su patrimonio propio y comunal que podrán destinar a la financiación de servicios. Por ello, Sanz Vitorio afirmó que el modelo propuesto es municipalista y se anticipa para que los ayuntamientos no pierdan sus competencias.

El parlamentario popular reconoció que hay aspectos de la reforma local del Gobierno que no les “gusta nada” y admitió la “gran diferencia” sobre el modelo de la Junta y del Ejecutivo, ya que el segundo plantea que las diputaciones asuman competencias de los municipios cuando no las puedan prestar con calidad y la segunda ofrece la herramienta de las mancomunidades para que se unan de forma voluntaria sin que pierdan sus funciones. “Es un modelo brillante”, valoró, si bien apostó por esperar para ver como queda la ley que inicia el tramite en el Congreso.

El proyecto de ley de Ordenación, Servicios y Gobierno en el Territorio, una de las apuestas de la Junta para esta legislatura, entró en las Cortes de Castilla y León el pasado mes de abril y ha recibido 355 enmiendas parciales de los grupos: 35 del PP, 166 del PSOE, 118 de IU y 36 de UPL. La próxima semana el texto irá a la Comisión y se prevé la aprobación por el pleno de los días 23 y 24 de septiembre.

Las enmiendas parciales registradas por el PP mantienen el contenido de la propuesta de resolución acordada con el PSOE en el pasado debate de política general, mientras que la oposición socialista respeta el pacto pero marca su hecho diferencial en “rebajar” las competencias de las diputaciones y en el blindaje de los servicios públicos. IU apuesta por las comarcas y áreas funcionales como elementos de ordenación y prestación de los servicios en el territorio y UPL solicita una mayor descentralización de funciones de la Junta en favor de Diputaciones y Ayuntamientos.